Argentina: si el Estado no se ocupa, la sociedad está por su cuenta

Para que en una sociedad no impere la ley de la selva -o la ley del más fuerte, para el caso-, sus instituciones deben funcionar. En nuestro país, hace ya muchos años que las instituciones han dejado de funcionar, o bien han profundizado su deteriorado. Tal lo que sucede, verbigracia, con el Poder Judicial, donde muchos de sus integrantes se hallan muy duramente cuestionados, tanto por la sociedad como por ellos mismos. Asistimos, pues, a un panorama en el que ciertos magistrados exigen la destitución de algunos de sus pares. Ciertamente, algo inaudito hasta aquí.

 

Algo similar sucede con las fuerzas de seguridad. La sociedad no confía en ellas o, en todo caso, en muchos de sus integrantes. Por cierto, no deja de asombrar el nivel de enriquecimiento de algunos de sus más encumbrados jefes y, del otro lado, la ausencia de los elementos más básicos para que las fuerzas puedan cumplir con la función encomendada. En lo que toca a los servicios de inteligencia, que deberían ser el escalón más alto a la hora de brindarnos seguridad, no escapan a los cuestionamientos. Acaso el mejor ejemplo de lo que se intenta narrar —a excepción de la todavía no resuelta muerte del fiscal Alberto Nisman— es lo sucedido hace unos días con las autoridades de la Aduana Argentina, desplazadas de sus cargos por sendas denuncias anónimas.

 

A partir de allí, se han multiplicado los cuestionamientos cruzados entre las distintas autoridades nacionales vinculadas con el caso, para extenderse estas sombras y estas dudas a funcionarios o ex funcionarios de los servicios de inteligencia. En suma, nadie confía en nadie. Y, si no hay en quién confiar, infortunadamente, uno 'está por su cuenta'. Naturalmente, esta realidad se traslada a la sociedad toda.

 

A todo ello, habrá que agregarle la legislación vigente y la ideología. Se nos ha hecho creer, sobre todo en estos últimos doce años, que actuar en defensa de nuestra vida o de nuestros derechos era políticamente incorrecto. Se ha insistido hasta el hartazgo en que imponer orden o evitar que se lo interrumpa era sinónimo de represión -como si éste concepto fuera, per se, una mala palabra. Se ha impuesto que lo normal es que el delincuente mate y lo extraordinario, que el delincuente muera en el marco del delito. Por ello, no debe sorprender que los actos de defensa sean hoy recurrentes, ejercidos por el ciudadano común. Lo que debería llamar la atención, por el contrario, son la dureza y la severidad con que, a excepción de la generalidad de la sociedad, se trata a la víctima de estos delitos.

 

Las instituciones, o bien sus miembros, parecería que las autoridades aún no hubiesen tomado nota del clamor popular de justicia y seguridad, y, sobre todo, de institucionalidad. En aquellos países donde las víctimas son eso -es decir, víctimas- y el Estado no las transforma en victimarios, estas situaciones a los que aquí asistimos, no suceden -o bien se dan como hechos extraordinarios. Desde luego que no se trata de aplicar leyes más duras, ni de poner en práctica leyes más blandas. Lo que la sociedad necesita son leyes que sean lo suficientemente disuasivas para desalentar al delincuente a cometer el delito. Y, naturalmente, que esa legislación se aplique.

 

La legislación penal no tiene que ser ni dura ni blanda; sencillamente, debe disuadir. Hoy, está a la vista que la legislación no disuade, mientras que la ideología no ayuda. Se opta por desmenuzar el instituto de la legítima defensa, en lugar de preguntarse qué ha hecho mal el Estado como para que el ciudadano común tenga que llegar a esa última instancia. No hay delincuente que se detenga que no cuente con un amplio historial de reincidencia. Ir a la cárcel no asusta, se sale rápido de ella. Y, en el mientras tanto, 'ideologías' como las del 'batallón militante' la hacen en extremo llevadera.

 

De una vez por todas, el Estado habrá de privilegiar y ocuparse del derecho de la víctima por sobre el del victimario. Es menester retornar a la institucionalidad, y que violar la ley sea algo lo suficientemente grave como para que el delincuente lo piense varias veces antes de protagonizar un ilícito. Y, si se violare la ley, que quien la viole sea severamente castigado. Eso debe ser, y no debió haber dejado nunca de ser lo políticamente correcto. Ese es uno de los secretos de convivir en una comunidad organizada. De otro modo, continuará el festival de inseguridad al que ahora asistimos indefensos, y la sociedad, lamentablemente, continuará sintiéndose 'por su cuenta'.