Argentina y la Justicia: la doble moral de los verdugos

La noticia cayó como una bomba en la comunidad judicial. No sólo la de Mar del Plata, sino también de la zona. En momentos en que la Justicia Federal está siendo fuertemente escrutada por la sociedad y los medios, el programa del periodista Jorge Lanata se ocupó de un Juez de Cámara local, reconocido en la región, aunque ignoto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano: Jorge Ferro (foto).

 

La acusación contra el camarista es por proteger y ser socio del reconocido prostíbulo VIP Madaho's, clausurado en 2014, y más conocido como 'el puterío al lado del Sheraton' (Lanata dixit), y por tráfico de influencias. Alguien que conoce muy de cerca al Dr. Ferro afirma: 'Esto es sólo la punta del iceberg. Madaho's es apenas una circunstancia; lo más grave es lo que no se sabe'.

 

Así, pues, no pocos interrogantes se abren en el ambiente judicial local. ¿Por qué un reconocido periodista como Jorge Lanata ofreció espacio, en su programa de televisión, a un desconocido funcionario judicial, en una causa aparentemente menor? ¿Por qué el tema gana estado público en este preciso instante, siendo que, en rigor, ya hace años que las versiones sobre el particular eran conocidas? ¿Se vincula este episodio a las recientes denuncias del magistrado Alfredo López contra Justicia Legítima? ¿Por qué los fiscales han comenzado a actuar con inusitada celeridad?

En efecto, la noticia generó un fuerte impacto en los Tribunales de Mar del Plata aunque -vaya contradicción- ningún medio importante del orden local se ocupó de los prolegómenos. Adicionalmente, la información oficial no está exenta de errores: no fueron fiscales marplatenses quienes denunciaron al camarista, sino que lo hicieron representantes del Ministerio Público de otras localidades; estos se trasladaron especialmente a la ciudad a los efectos de radicar la denuncia, que se hizo ante el Consejo de la Magistratura. En simultáneo, se abrió una causa penal.

 

Una de las Fiscales intervinientes, Alejandra Mangano, declaró a la periodista Romina Manguel: 'Siempre hubo intentos de investigar a Madaho's, pero permanentemente fueron revocados por la Cámara'. Cuando el Juez de primera instancia Santiago Inchausti -de quién se afirma exhibe vínculos profundos con Máximo Kirchner- ordenó la clausura del prostíbulo, caratuló la causa como 'Trata de personas'. La Cámara Federal revocó esa figura y sugirió que se investigue como delitos de integridad sexual. En concreto, la pena prevista era la misma: de 5 a 10 años de prisión. Pero, mientras la carátula del Dr. Inchausti implicaba un delito federal, la de la Cámara remitía la instrucción al fuero provincial. Finalmente, Casación ratificó al fuero federal, resolviendo que el delito se condice como trata de personas.

 

Madaho's era controlado por ROLAFA S.R.L., propiedad de Mario Sasiaín, Mario Lafalce y Daniel Fay, un conocido contador de la zona del Puerto -ciudadela aparte dentro de Mar del Plata. Pero, ni bien se empezó a tirar de la soga, emergió un complejo entramado de sociedades y fideicomisos. Es allí cuando surgió la identidad de Alejandro Ferrarello, a través de MDQ Holding, con domicilio en Miami y sin actividad desde 2014. Ferrarello es un hombre de aceitados vínculos, que ofrece servicios judiciales y contables sin ser abogado ni contador. El Fiscal Pablo Larriera, que también intervino en la esperpéntica causa del Juez Pedro Hooft, presentó ante el Dr. Inchausti un requerimiento de instrucción por el delito de lavado de activos, a instancias de la PROCELAC, por entonces a cargo de Carlos Gonella. Es decir, que se solicitaba investigar la ruta del dinero recaudado por los altos precios que cobraba Madaho's. Así lo ilustra una fuente judicial de renombre: 'Es acá cuando todo se pudre. Empiezan a abrir el juego y todo se complica. A rio revuelto….' . Inchausti aceptó el pedido del Fiscal, por lo que se abrió una causa conexa por lavado de dinero.

 

De inmediato, se dispuso un allanamiento al domicilio de Ferrarello, donde se secuestran -entre otros- una computadora y diez teléfonos móviles -uno de los cuales se hallaba a nombre de Jorge Ferro. En él, se descubren infinidad de mensajes de texto en formato SMS y de whatsapp, entre el camarista y el operador. En conformidad con las fuentes consultadas, en dichos intercambios no se hablaba de reunirse para jugar al fútbol o compartir un asado -sino que todo remitía a cuestiones estrictamente judiciales. Con esta información, se procedió a llevar a cabo la presentación judicial contra el Dr. Ferro. El sólo factor de la vinculación del juez con el imputado multiplica los reproches: Ferro debió autoexcusarse, y jamás haber continuado con sus actuaciones en la causa. Más cuando fuentes en distintos espectros certifican que los teléfonos móviles secuestrados contienen información y datos de alta sensibilidad, que comprometen severamente a Ferro.

Otros detalles no deberían pasarse por alto. En 2011, el Fiscal ante el Tribunal Oral Federal Juan Manuel Pettigiani denunció al camarista ante el Consejo de la Magistratura; en tal causa, se investigaban cuestiones vinculadas a la trata de personas en un prostíbulo de la calle Falucho 4071 (siempre en la ciudad de Mar del Plata). La denuncia refiere, textualmente: 'El mencionado incidente se inició con un escrito presentado por el abogado defensor de la imputada en el que solicitaba la nulidad del allanamiento del inmueble y ofrecía como prueba testimonial la declaración del Dr. Jorge Ferro dado que la imputada ha afirmado que el Juez Ferro era cliente del privado'. A posteriori, la mayoría kirchnerista que dominaba en aquella época el Consejo desestimó la denuncia.

 

Asimismo, llama poderosamente la atención que, una reciente resolución -de fecha 3 de agosto de 2016-, la Cámara resolvió no hacer lugar a un pedido de recusación presentado contra el Juez Inchausti. Curiosidad: el Dr. Ferro votó en disidencia, alegando retardo de justicia y cuestiones formales de parte del Magistrado.

Sin titubear, una fuente allegada al camarista apunta que el Juez se defenderá, valiéndose de las acusaciones del Dr. Alfredo López contra integrantes locales de Justicia Legítima. Vale decir que intentará posicionarse en la vereda opuesta al kirchnerismo. Una defensa un tanto frágil, en virtud de que diversas fuentes judiciales no dudan en asegurar que Ferro siempre estuvo cerca del poder de turno. Ferro fue designado Juez en 1982, durante la dictadura militar, y sobrevivió a todos los gobiernos que se sucedieron. Y en plena Era K, fue designado juez subrogante en la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, cargo que aún mantiene. 'En Mar del Plata, a Ferro no lo quiere nadie', asevera un funcionario judicial de alto calibre. 

 

Y todos los caminos se cruzan. El abogado defensor de Alejandro Ferrarello es el Dr. César Sivo, acusado de ser el principal impulsor del absurdo proceso contra el Juez Pedro Hooft, y que porta sobre sus hombros un pasado dudoso en esta ciudad. A su vez, es quien representa a la querella en la causa CNU, donde está imputado el Dr. Gustavo Demarchi, enemigo declarado de Justicia Legítima, que ha plantado gruesas raíces en la ciudad. De hecho, su titular es Daniel Adler, Fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Presidente del fallido Jury contra José María Campagnoli y blanco de las acusaciones del Juez López, junto a su colega Laura Mazzaferri, que procuró la causa Hooft. El actual Juez de dicha causa es el Dr. Martín Bava, quien ha citado a declarar a cuanto funcionario judicial haya revestido funciones en 1977.

 

Un reconocido magistrado de Mar del Plata comparte -sin vueltas- otro dato a El Ojo Digital: '¿Saben quién protege a Bava? Jorge Ferro'.