La amenaza de Trump de procesar a Hillary Clinton: ¿impulso autoritario?

Donald Trump dio lugar a la controversia, una vez más, en ocasión de su segundo debate presidencial. Lo hizo cuando amenazó -de ser elegido- con enviar a su oponente a prisión. Los defensores de Hillary Clinton inmediatamente explicitaron que ésta fue una nueva evidencia de que el temperamento de Trump no era el apropiado para alguien que eventualmente podría contar con el vasto poder de la presidencia en Estados Unidos. Lo que él defenía -advirtieron los seguidores de Clinton- es típico de la política de naciones autoritarias del Tercer Mundo. Estados Unidos no debería ser una república bananera en la cual el perdedor de un comicio deba temer semejante acto de venganza de parte de rivales políticos.

 

Pero se trata de una preocupación lícita, aún cuando -con total honestidad- Trump solo defendió la idea de designar un fiscal especial para investigar los supuestos delitos de Clinton. Trump no amenazó con encarcelarla por decreto del Ejecutivo ni por intermedio de procedimientos judiciales bajo estricta influencia política, lo cual es el método empleado por las dictaduras. Con todo, un paso como aquél no tendría precedentes, y deberíamos ser cautelosos previo a aventurarnos en ese sendero.

 

Aquellos que argumentan que solo las dictaduras persiguen judicialmente a adversarios políticos, sin embargo, están errados. Han existido casos en donde gobiernos democráticos han procedido así. Dos casos se destacan. En 1987, Roh Tae-woo se convirtió en el primer presidente de Corea del Sur luego de décadas de gobiernos militares. Roh, un candidato favorecido por las fuerzas armadas, ganó gracias al voto plural, por cuanto la oposición del centroderecha estaba dividida entre dos candidatos destacados, y ello particionó el voto militar. No obstante, observadores externos confirmaron que la elección había sido libre y justa.

 

Seis años más tarde, la oposición se unión, y eligió a Kim Young-sam como el nuevo presidente del país. Una de las primeras medidas de la Administración fue perseguir judicialmente a Roh, así como también al dictador militar anterior, Chun Doo-hwan, por varios delitos. Ambos fueron sentenciados a prisión. Kim, entonces, decidió mostrar clemencia -y evitar confundir a los surcoreanos conservadores-, indultando a Roh.

 

Otro caso de persecución judicial desde altos escalafones en la dirigencia política en una democracia tuvo lugar en Taiwan. Chen Shui-bian sirvió como presidente del país desde 2000 hasta 2008, tiempo durante el cual promocionó una agenda coincidente con lograr la independencia de facto respecto de Pekín. Como primer presidente surgido desde el Partido Progresista Democrático, Chen exhibió desprecio contra la élite política que había gobernado durante mucho tiempo, perteneciente al Partido Kuomintang (KMT). Cuando el KMT recuperó la presidencia en 2008, el sucesor de Chen, Ma Ying-jeou, acusó a Chen bajo una extensa lista de cargos de corrupción. Fue sentenciado y condenado a prisión.

 

En ambos casos, resulta difícil separar hasta qué nivel los procedimientos fueron motivados simplemente por venganza política, y qué tanto tuvo que ver la idea de que nadie está por encima de la ley. Hay pocas dudas de que los regentes militares de Corea del Sur encarcelaron y torturaron a sus críticos, y cometieron otra suerte de delitos. De igual manera, la evidencia de corrupción que afectó a Chen era bastante sólida -aún cuando los más cínicos argumentaron que hubiese sido posible condenar a cualquier dirigente político taiwanés, de cualquier partido, bajo cargos similares. En cualquier caso, había un mix de ambos motivos para explicar los procesos judiciales.

 

Los ciudadanos estadounidenses enfrentan ahora un asunto similar, cuando se trata de las propuestas para perseguir judicialmente a Hillary Clinton. Parece existir allí un poco saludable atisbo de venganza política en marcha. Por otro lado, el comportamiento de Clinton ha sido, en el mejor de los casos, oscuro, y los críticos han puesto sobre la mesa el argumento creíble de que la gente sin sus conexiones políticas ciertamente hubiese, al menos, ser procesada por enajenar material clasificado inapropiadamente -ello, en lo que tiene que ver con su escándalo con los correos electrónicos.

 

Más aún, el cinismo del público se potencia allí donde existen estándares legales diferentes para las personas políticamente conectadas, respecto de los ciudadanos de a pie. Hay allí buenas razones para semejante cinismo. El ex Consejero Nacional de Seguridad, Sandy Berger, fue sorprendido removiendo documentación clasificada de los Archivos Nacionales (ocultándolos entre sus pantalones); a pesar de ello, la reprimenda recibida consistió, apenas, en una multa y una probation. De igual manera, David Petraeus otorgó material clasificado a su amante, de tal suerte que ella pudiera escribir una resplandeciente biografía. Su 'castigo' consistió -igual que en el caso de Berger- en una probation y una multa, equivalente a un aproximado de un tercio de lo que él solía percibir al exponer en solo una conferencia. Mientras tanto, los individuos con tales conexiones, incluyendo a los soplones/informantes como Edward Snowden, enfrentan -o bien deben enfrentar- sustanciosas condenas en prisión, por ofensas comparables (y, según suele decirse, con motivaciones superiores).

 

La investigación y la eventual persecución judicial de una ex Senadora, ex Secretaria de Estado y candidata presidencial, ciertamente constituiría un empuje a la hora de restaurar la creencia de que nadie se ubica por encima de la ley. Se trata de una decisión del destino, una que sentaría un poderoso precedente, y no debería ser tomado a la ligera. Pero no es, necesariamente, un reflejo de autoritarismo.


Publicado originalmente en The American Conservative magazine (Estados Unidos), en http://www.theamericanconservative.com/articles/was-trumps-threat-to-prosecute-hillary-a-dictatorial-impulse/ | Traducido y reproducido con permiso