Megacausa Mendoza: cuando la manipulación de la verdad es Ley

La reciente discusión política relativa al proyecto del Gobierno Nacional para reformar la Ley de Ministerio Público Fiscal colocó nuevamente en el centro de la escena una variable que viene repitiéndose desde estas columnas, a saber, la permanencia de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación -y su insoslayable rol como protagonista central la resistencia kirchnerista en la órbita judicial. El mencionado proyecto de reforma, que busca principalmente remover a Gils Carbó, va camino a naufragar. Pero, al menos, permite poner el foco en el debate sobre la funcionalidad del sistema de justicia. Un aspecto de ese debate remite a los juicios por delitos de lesa humanidad.

 

Lentamente, comienzan a alzarse algunas voces que refieren sobre la promocionada 'línea de corte'. Lo que originalmente fue una política de Estado reparadora terminó en una persecución de tinte político contra ex funcionarios judiciales de la década del setenta, por -según se dice- no haber hecho lo suficiente para investigar las violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas entre 1976 y 1983. En el ínterim, las Administraciones kirchneristas no midieron a todos los magistrados y fiscales de aquellos años por igual. Es éste, precisamente, el punto que motoriza mayor controversia. 

 

El 17 de febrero de 2014, dieron inicio en la Provincia de Mendoza las audiencias de la llamada 'Megacausa IV', donde se acusa a miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía provincial y a funcionarios judiciales de entonces, por detención ilegal de personas, torturas, violaciones y desapariciones -entre otros delitos. El TOF está integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías, y Alberto Fourcade. La causa se encuentra ya en etapa de alegatos. El encartado más conocido quizá sea el ex fiscal Otilio Romano, quien estuviera detenido desde mediados de 2013 y hace pocos meses obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria por contra con más de 70 años de edad.

 

Los otros cuatro funcionarios judiciales sentados en el banquillo son los Dres. Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra Recabarren, y Luis Miret. La acusación formulada les endilga el haber sido 'partícipes y colaboracionistas' de la dictadura, al 'no promover las debidas acciones penales', en conformidad por lo tipificado por el Artículo 274 del Código Penal, ante la desaparición y secuestro de ciudadanos.

 

Entre los años 1976 y 1979, se presentaron en Capital Federal un total de 5.487 hábeas corpus. En idéntico período -incluyendo al Gran Buenos Aires-, se radicaron ante la Policía más de 6.300 denuncias por desaparicion de personas. Mientras que en toda la Provincia de Mendoza sólo se registraron 176 denuncias. La figura mayormente utilizada, tanto por los organismos como por las secretarías de DD.HH. que tienen por costumbre denunciar la acción y omisión de la justicia en aquellos años, es la de 'aparato judicial cómplice'. 

 

El abogado Juan Day ejerce las defensas de Petra Recabarren y Miret, dos ex magistrados federales subrogantes de la época en cuestión. En rigor, eran defensores oficiales. Al iniciarse la causa, Miret se desempeñaba como integrante de la Cámara Federal de Mendoza, cargo del cual fue suspendido. Consultado al respecto, refiere Day: 'La Justicia Federal de entonces estaba compuesta por 15 magistrados. Todos actuaron de acuerdo a la Ley del momento. Pero las denuncias fueron contra Romano y mis defendidos; querían sus puestos'. Para argumentar dicha afirmación, el abogado relata que 'tres de los acusadores originales, una vez logradas las destituciones, se anotaron en los concursos para lograr las vacantes generadas. Como no fueron elegidos, luego integraron la lista de conjueces que iba a proponer el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner si hubiera prosperado el nuevo Código Procesal Penal'. En octubre de 2014, la ex jefe de Estado presentó dicho Proyecto, el cual proponía la creación de diecisiete nuevas Fiscalías Generales y una veintena de nuevas Defensorías Oficiales, acompañados por el nombramiento de 1.713 nuevos empleados judiciales.

El Dr. Day agrega: 'Los militares crearon una Justicia paralela, a través de los Consejos de Guerra, justamente porque no contaban con la complicidad de la Justicia, ni la federal ni la provincial. Siempre se reconoció que carecían de competencia para hacer lo que ahora les exigen. Las leyes de la época permiten ver que nunca un Juez podía someter a proceso a un integrante de las Fuerzas de Seguridad'. La megacausa se inicia en 2010 con una 'solicitud de indagatoria'. Uno de los promotores de la denuncia sería el Dr. Javier De Luca, Fiscal ante Casación e integrante de Justicia Legítima, quien desestimó en última instancia la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner. Sobre la cantidad de cargos que pesan sobre el Dr. Romano y sus defendidos, Day afirma sin dudar que, 'si una persona interponía un habeas corpus en el cual decía que además de llevarse a un familiar, habían golpeado la puerta y robado pertenencias, y ese habeas corpus era rechazado porque las autoridades nacional afirmaban que a la persona buscada no la tenían, entonces ahora los cargos son por omisión de buscar, omisión de averiguar por el golpe a la puerta, y omisión por investigar el robo. Una locura'. Y puntualiza: 'El 90% de las presuntas omisiones judiciales se dieron en Capital, y allí no hay nadie procesado'.

 

El 6 de octubre de 2003, el Senado llevó a cabo la audiencia para aprobar la nominación del Dr. Eugenio Zaffaroni con miras a integrar la Corte Suprema. Allí, el entonces Senador radical Rodolfo Terragno impugnó su nominación aduciendo que había sido Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia nombrado por el dictador Jorge Videla, cargo en el cual había rechazado 128 hábeas corpus. La propia organización Madres de Plaza de Mayo acusaba a Zaffaroni de ser 'partícipe necesario' en los delitos de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, entre otros. Pese a esto, a nadie se le ocurrió investigar.

 

El Dr. Terragno -desde su solitario promontorio, y acaso sin conocimiento- estaba obsequiándoles letra a los futuros denunciantes, que se valieron de este argumento para perseguir a sus enemigos. Más aún, en las crónicas de la época, poco y nada se indaga sobre la impugnación interpuesta por el Senador Nacional de la UCR. Antes bien, se hace referencia a otros argumentos, como ser una aparente evasión fiscal del entonces futuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

 

El Caso Zaffaroni viene a constituír un ejemplo inmejorable para ilustrar la inocultable parcialidad con que se trató el tema -abandonando, la administración de justicia, la prerrogativa del equilibrio. Y así lo concluye el propio Dr. Day: 'Es inaceptable que se haya utilizado esto como látigo contra el disidente'.