Sudáfrica: informe detalla colapso del Estado de Derecho y corrupción oficial

Un reciente informe ha conmovido a Sudáfrica, luego de aseveraciones al respecto de que el principal funcionario electivo del país, el presidente Jacob Zuma, se ha visto involucrado en numerosas actividades de corrupción. Esos alegatos apenas merodean la superficie, sin embargo, de acuerdo a un informe reciente del Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (South African Institute of Race Relations). Intitulado: 'Descarrilando: la Pendiente hacia un Estado Sudafricano Sin Ley' (Going off the Rails: The Slide Toward the Lawless South African State), el trabajo detalla más de doscientas infracciones cometidas por el gobierno, que violan la constitución del país o bien los derechos constitucionales de sus ciudadanos.

'La falta de leyes en parte del Estado y en la conducta de aquellos que lo administran se incrementa', escribió John Kane-Berman, autor del informe. 'Los culpables van desde el presidente, hasta los funcionarios de la corte; desde directores generales hasta funcionarios de inmigración; desde administradores municipales hasta guardias de las prisiones; desde generales de la policía hasta policías a cargo de precintos; desde ministros del Gabinete hasta burócratas sin rango (...) La falta de leyes depreda la presunción del presidente Jacob Zuma al asumir en el poder en 2009, pero se ha visto intensificada a lo largo de su mandato, conforme más y más gente y las propias instituciones siguen su ejemplo, y el ejemplo de aquellos que condonan este comportamiento'.

'Los hallazgos del informe sugieren un colapso del Estado de Derecho en Sudáfrica. Existe allí un franco desprecio por el respeto a las leyes entre varias ramas del gobierno sudafricano', explica Kane-Berman, 'retrocediendo al menos diecisiete años de tropiezos que involucraron al Congreso Nacional Africano -que impidió una investigación parlamentaria en relación a un acuerdo para la adquisición de armamento'.

'La falta de respeto por las leyes va desde la protección a criminales hasta la persecución de personas inocentes, llegando hasta la represión de los pobres', continuó Kane-Berman. 'Estos hechos van de lo inconstitucional a lo abiertamente delictual, desde lo abiertamente declarado y desafiante, a la negligencia y la ignorancia. Se abraza a hechos tales como llamar por teléfono a jueces así como también a la victimización de policías de tránsito que detienen a celebridades por infracciones. Va desde violaciones a los procedimientos parlamentarios hasta brechas en el Acta de Administración de las Finanzas Públicas, llegando al comportamiento inescrupuloso y la corrupción'.

Entre los muchos hallazgos del informe, revista el alegato de que la rica familia Gupta ha pagado por mantener ciertas reuniones con el gobierno sudafricano, llegando hasta ver al presidente en ejercicio. La Corte Constitucional de Sudáfrica incluso halló que el presidente y el parlamento violaron, en conjunto, la constitución del país, al obstruir la tarea del ombusdman -acusado por invesigar las desprolijidades del gobierno. Sin embargo, el informe también alega que el ministro de Defensa ha rehusado cooperar con un comité actuante sobre registros públicos, y que desplegó inconstitucionalmente a las fuerzas de defensa. Mientras tanto, alega el trabjao, el ministro de energía ha rehusado entregar numerosos documentos que conciernen a asuntos nucleares y petroleros al parlamento, a pesar de que se le exigió hacerlo.

'La llegada a término del período de gobierno de Jacob zuma podría ayudar a morigerar la falta de respeto por las leyes desde la Presidencia, el Gabinete, y la Autoridad Fiscal Nacional', dice Kane-Berman. 'Pero el desafío de restaurar una cultura y práctica de legalidad a lo largo de todos los órganos del Estado y las agencias del gobierno será mucho mayor. Y habrá de tomar en cuenta los intereses de la gente de a pie, cuyos reclamos han sido subrayados en los periódicos. Una y otra vez -así parece ser, al menos-, necesitamos inculcar entre todos aquellos que gobiernan, la idea de que tienen el derecho de hacerlo solo cuando las leyes les otorgan el poder para ello, y que deben hacerlo en conformidad con las reglas que remiten a la legislación'.


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