Estados Unidos deberá lidiar con el corrupto gobierno de Nicaragua
Dos días antes de que los ciudadanos estadounidenses acudieran a las urnas...
Dos días antes de que los ciudadanos estadounidenses acudieran a las urnas, Nicaragua llevó a cabo sus comicios presidenciales. Pero los resultados a nadie sorprendieron.
Por cuarta vez, el hombre fuerte de la izquierda, Daniel Ortega, fue reelecto presidente. En los años ochenta, Ortega lideró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) -de filiación marxista- en la sangrienta guerra civil de Nicaragua. Y su victoria en esta última elección garantiza que Nicaragua continúe bajo el yugo de un régimen autoritario, aliado con todos los enemigos de los Estados Unidos de América, desde Caracas hasta Moscú.
Y no deben quedar dudas: las elecciones de ese domingo no fueron otra cosa que fraudulentas.
El fraude sistemático fue una culminación de meses de trabajo. En junio, la Corte Suprema del país (controlada por el FSLN) le quitó el liderazgo en la oposición al principal oponente de Ortega. A raíz de ello, Daniel Ortega expulsó a 28 congresistas opositores de la Asamblea Nacional. Los juzgados afines a su poder político respaldaron el ilegítimo proceso electoral.
También está el tema del tratamiento que Ortega ha dado a los ciudadanos estadounidenses previo a los comicios. En junio pasado, expulsó a tres funcionarios de los EE.UU. sin proponer razones creíbles. Y esta no fue la primera vez que Nicaragua reprendió a ciudadanos de los EE.UU..
En 2014, Ortega le prohibió al senador americano Marco Rubio (Republicano por Florida) y a la Representante Ileana Ileana Ros-Lehtinen (Republicana por Florida) el ingreso al país. Este fue el modo en que Ortega reprendió a ambos por defender acciones contra violadores de derechos humanos en el gobierno venezolano.
Ortega ha modificado las reglas electorales y tomando por asalto las frágiles instituciones nicaragüenses durante años. Una de tales modificatorias disminuyó el margen requerido de votos para ganar, al 35%. Asimismo, exitosamente promocionó una enmienda constitucional para eliminar las restricciones al número de períodos presidenciales. Mientras tanto, su partido y su familia controlan virtualmente todos los escalafones del poder en el seno del país.
Para los Estados Unidos de América, las implicaciones son serias. Dado su origen guerrillero, Ortega se ha promocionado como un aliado de todo régimen antiestadounidense. Entre ellos, destaca el gobierno venezolano.
Previo a que la criminalidad y los fallos del socialismo destruyeran la economía de Venezuela, Caracas compraba respaldo nicaragüense con petrodólares. El difunto Hugo Chávez incluso dio inicio a un subsidio anual de US$500 millones para el propio Ortega.
Nicaragua es la única nación centroamericana enrolada en el ALBA (organismo de filiación socialista conocido como Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). En forma de bloque regional de gobiernos latinoamericanos de izquierda, el ALBA persigue el objetivo de comprometer los intereses estadounidenses en la región. La influencia de Venezuela disminuye al tiempo que su economía ingresa en una debacle, pero la raíz ideológica del ALBA permanece. Con Ortega en el poder, Nicaragua continuará motorizando hostilidad hacia los Estados Unidos.
Finalmente, son conocidos los profundos vínculos de Nicaragua con Rusia y China. Como parte de un acuerdo de seguridad entre Ortega y el presidente ruso Vladimir Putin, Nicaragua ha recibido 50 tanques del tipo T-72, sin costo. Según se ha informado, Ortega ha permitido a Rusia construir un centro para recolección de información de inteligencia en el norte de Managua, la ciudad capital. Más aún, una dudosa firma de origen chino -probablemente con el respaldo de Pekín- ha hecho públicos sus planes de construir un canal interoceánico en Nicaragua, para rivalizar con el construído por los EE.UU. en Panamá.
Mientras todo esto tenía lugar, el presidente estadounidense saliente Barack Obama y el congreso en Washington hicieron poco y nada. Pero eso podría cambiar en enero próximo. Al arribar a la Oficina Oval un nuevo presidente, Washington podrá contar con la oportunidad de rectificar la fallida política exterior de los últimos ocho años. No podemos continuar olvidando a nuestros amigos y aliados, intentando apaciguar a hombres fuertes como Daniel Ortega.
La política exterior de los Estados Unidos de América hacia América Latina debería ser regida por un objetivo realista y sustentado en principios, a saber, promover la seguridad estadounidense y la prosperidad regional, de la mano de la motorización de reformas democráticas y una gobernancia positiva. Infortunadamente, ni la democracia ni los buenos gobiernos tienen lugar en la Nicaragua de Ortega.
Si el congreso estadounidense continúa respaldando créditos internacionales para Nicaragua, ha de insistir en que se vinculen directamente a logros en las áreas señaladas. De otra manera, los créditos de referencia no terminarán siendo otra cosa que hacer caridad para un dictador. Estados Unidos no siempre cuenta con la posibilidad de elegir a sus amigos, y no podemos obsequiarnos el lujo de insistir en que nuestros aliados implementen democracias jeffersonianas. Pero la realidad no necesariamente implica que Estados Unidos se vea forzado a tolerar a malos actores sin anteponer cuestionamientos, in que haya que prestar oídos sordos ante abusos contra la democracia.
Ortega debería notificarse de que, si desea seguir contando con los beneficios de comerciar con los Estados Unidos, deberá hacerlo implementando previamente reformas fundamentales -reformas que, en rigor, hacen al interés de su país. El próximo presidente de los EE.UU. deberá demostrar el poderío con que cuenta para volver a derrotar a la amenaza encarnada por el comunismo, el terrorismo y la crisis económica en nuestro Hemisferio. Nicaragua y el conjunto de los ciudadanos de América Central que aman la democracia dependen hoy del liderazgo estadounidense.
Artículo original en inglés, en http://dailysignal.com/2016/12/05/us-central-america-policy-should-address-corrupt-nicaragua-regime/
Presidente de la Fundación Heritage (think tank con base en Washington, D.C.), y ex senador estadounidense por el Estado de Carolina del Sur, para el Partido Republicano. Publica en el sitio web estadounidense The Daily Signal.