Reino Unido: autorización para vigilancia, en clave distópica

Las agencias de inteligencia y las fuerzas de policía en el Reino Unido han estado empleando, secretamente, técnicas no autorizadas para erradicar lo que ellas definen como 'zonas seguras online', en las que se cree se ocultan criminales, terroristas y pedófilos. En 2015, el gobierno del Reino propuso una legislación para convertir en legales a tales técnicas y, a la postre, aprobó el Acta de Poderes Investigativos en el mes de diciembre. Desde el 1ero. de enero de 2017, la totalidad de los ciudadanos en la Gran Bretaña estarán sujetos a monitoreo estatal, en formas que eran comúnmente empleadas en la ciencia ficción de orden distópico o en regímenes totalitarios antidemocráticos.

La información online y offline de cada uno de los ciudadanos del Reino Unido es, desde ahora, recolectada, retenida y analizada por el movimiento de una pluma ministerial. Ahora mismo, es legal que las agencias de inteligencia y la policía en el Reino pirateen dispositivos y sistemas a criterio de investigar o prevenir delitos o actividades terroristas. Las firmas de telecomunicaciones son obligadas por ley a retener la lista de cada sitio web visitado por sus clientes, y a poner tal información a disposición toda vez que se considere necesario.

Las agencias de inteligencia podrán, desde ahora, crear expedientes personales sobre cada ciudadano del Reino Unido, ya sea esté vivo o haya fallecido, para que tales agencias puedan 'unir los puntos' sobre los individuos con mayor facilidad. En lo que sería la maniobra de mayor alcance, la legislación hoy exige que las compañías de tecnología en la Gran Bretaña construyan puertas traseras (backdoors) en sus sistemas, y qubranten o debiliten cualquier rutina de encriptación -ante cada oportunidad que el gobierno así lo exija.

Si acaso somos personas de interés o no; quiénes somos; hacia dónde nos dirigimos; a quién o quiénes conocemos; y qué hacemos tanto en línea como en formato offline, todo ello es ahora pasible de ser analizado por la vigilancia legal.

La organización Big Brother Watch ha invertido el pasado año de 2016 haciendo campaña para generar consciencia frente a este Acta, de cara al público general. A los efectos de optimizar la legislación, hemos trabajado en conjunto con miembros del Parlamento, con miras a garantizar una aproximación más medida para este tema puntual.

En su momento, hemos argumentado que la vigilancia de carácter masivo impactaría en las personas inocentes, y que la vigilancia solo debería ser sancionada contra aquellos involucrados en la ejecución o la planificación de actividades ilícitas. Hemos exigido que las órdenes de captura sean autorizadas en simultáneo por un ministro y por un comisionado de la administración de justicia, para garantizar escrutinio y supervisión independientes. Hemos defendido la alternativa de que se exija que, cuando una persona inocente ha sido sujeta a vigilancia, sea oportunamente informada, y que le sea obsequiado el derecho de replicar.

Las probabilidades, sin embargo, han ido en contra de nuestros objetivos. Cualquier deseo de desafiar las propuestas fue superado por el temor de que cualquier concesión -sin importar qué tan moderada fuese- reduciría la seguridad nacional. 'Si Usted nada tiene que ocultar, entonces nada ha de temer', ha sido la sentencia dirigida a toda persona que cuestionase los contenidos del Acta.

Y aquí es donde reside el núcleo del problema. Ahora que las personas nos hemos convertido en digitales por defecto, viviendo cada aspecto de nuestras vidas en línea, no es un acto cuestionable el intentar ocultar la propia actividad online; sino que es una manera positiva y sensible de mantenernos seguros.

La erradicación de 'zonas seguras online', por lo tanto, no es modo de garantizarnos mayor seguridad, sino que es un modo de volvernos más vulnerables. La encriptación, por ejemplo, nos permite operar con seguridad en trámites bancarios por ordenador, compartir estrategias de negocios, y confiar nuestra información personal y de alta sensibilidad a nuestros seres queridos, doctores, abogados y organizaciones comerciales. Más aún, la utilización de 'zonas seguras online' permite a los Estados-nación proteger su infraestructura, sistemas, redes y comunicaciones de todo tipo de disrupción, pirateo informático, ciberdelitos y guerra cibernética. Este Acta bien podría poner en riesgo a la totalidad de estas imprescindibles capacidades.

Aún cuando los argumentos apenas comiencen a emerger, las preguntas relativas a la legalidad del Acta ya están convirtiéndose en tema de tratamiento obligado. Justo antes de la pasada Navidad, la Corte Europea de Justicia resolvió sobre un caso presentado por dos antiguos miembros del Parlamento, quienes arguyeron que la retención masiva de comunicaciones es ilegal.

Cuando el gobierno británico hizo públicas sus propuestas, Theresa May, a la sazón secretaria doméstica y, ahora, primer ministro, declaró que el Proyecto era 'líder en el mundo'. Si la legislación que pretendidamente es 'líder en el mundo' es evaluada como ilegal a apenas semanas de ser aprobada, entonces algo funciona -claramente- mal. El Acta de Poderes Investigativos (Investigatory Powers Act) bien podría ser pionera de proyectos para la consolidación de seguridad aumentada a través de mayor vigilancia, pero las señales indican que aquello que se promociona como solución para los problemas del hoy podría, en rigor, ser vehículo de mayores problemas el día de mañana.


Publicado originalmente en la web del think tank estadounidense The Atlas Network, en https://www.atlasnetwork.org/news/article/investigatory-powers-act-subjects-uk-to-dystopian-surveillance-authority