Argentina: el desacertado timing del 'Cambio'

Tras el homicidio del joven Brian Aguinaco (14 años) a manos de peligrosos delincuentes que se trasladaban en moto -evento registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, el funcionario Martín Ocampo, a la sazón Ministro de Justicia y Seguridad de la impopular Gestión Rodríguez Larreta, dio inicio a lo un raíd mediático que lo llevaría a desfilar por todo canal de noticias y programa radial habido y por haber. La trama de aquel evento expondría no solo la declarada incompetencia del sistema judicial doméstico y su deleznable servomecanismo de 'puerta giratoria', sino también otra realidad insoslayable, a saber, que la República Argentina no cuenta con un régimen creíble que proceda efectivamente a la deportación automática de inmigrantes que incurran en la comisión de delitos gravísimos (el precoz homicida de Brian exhibía nacionalidad peruana, al igual que sus progenitores, reconocidos traficantes de estupefacientes en el asentamiento 1-11-14). Antes bien, sucede lo contrario: esta clase de malhechores son recompensados con una inexplicable impunidad a la hora de ocupar en forma clandestina terrenos y viviendas, al tiempo que les es garantizado un meduloso esquema de subsidios -gentileza, naturalmente, de los contribuyentes argentinos- y atención sanitaria gratuita, para no cifrar un inenarrable cúmulo de beneficios.

 

El referido Martín Ocampo no había completado todavía su presentación oficial en los medios de comunicación (hasta el momento, era un funcionario ciertamente ignoto), cuando tuvieron lugar los incidentes violentos protagonizados por los denominados manteros -definición profana, empleada para englobar a funestos referentes del comercio ilegal en la Ciudad. Los marginales (irascibles inmigrantes ilegales en su mayoría) se hicieron del control de no pocas cuadras del barrio porteño de Balvanera, incendiaron contenedores de basura y la emprendieron con inusitada furia contra las fuerzas de policía, comercios y transeúntes ocasionales.

 

El Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma regresó, entonces, a su anonimato inicial. A idéntico acto de invisibilidad recurrió el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta -inefable protegé del Presidente Mauricio Macri. Peor todavía, los incidentes terminaron desnudando con crudeza el flanco más débil de la Administración Cambiemos, conforme ha venido apuntándose desde el presente espacio, que es la seguridad. Hasta el momento, la Ministro de la Nación responsable del área de referencia, Patricia Bullrich, tampoco ha emitido opinión sobre el particular y -sin que se conozcan las razones- ni Rodríguez Larreta ni su empleado Ocampo solicitaron asistencia a la Casa Rosada. Extraño, tratándose de personalidades que tan obscena predilección obsequian a las cámaras y a un exhibicionismo que, a la luz de los hechos, solo cumple la prerrogativa de disfrazar la propia ineptitud.

 

Al cóctel de tropelías que los responsables de la Seguridad PRO venían alimentando en la materia, se sumaría luego el hallazgo de que Gustavo Arribas (número uno político de la Agencia Federal de Inteligencia, o AFI) ha sido un actor de reparto en el escándalo de corruptela de la firma brasileña Odebrecht. Amén del inesperado descubrimiento, lo cierto es que el culebrón de sobornos podría conducir al peor de los escenarios posibles para los entendidos en seguridad, esto es, que Silvia Majdalani -la poco ortodoxa lideresa de Operaciones en AFI o 'Señora Ocho' y dignataria de las peores épocas del espionaje kirchnerista- termine concentrando mayor poder, tras la eventual salida del opaco businessman de la compraventa de futbolistas.

 

En tanto una evaluación profunda concluiría que aún no sería tiempo para dudar de las buenas intenciones del Presidente de la Nación Mauricio Macri, sí deviene en imperativo categórico preguntarse por el criterio del que ha echado mano para designar a funcionarios y socios políticos tan escandalosamente ineptos como salpicados por la más elocuente impericia. Ya algunos canales de comunicación bien informados y el propio parlamento habían compartido señales respecto de la inconveniencia de ungir a Arribas y Majdalani en AFI. Complementariamente, el esfuerzo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad se ha centrado -fuera de toda duda- en atacar a sus adversarios políticos y en potenciar los decibeles de la guerra personal de aquélla, íntima de Nilda Garré, contra Juan José Gómez Centurión (Aduana Argentina, ex AGC porteña). Y, al cierre, los pergaminos de Eugenio Burzaco (Secretario de Estado, Seguridad) continúan esquivos.

 

¿Qué ha llevado al Presidente a seleccionar a un equipo de Seguridad tan desprovisto de credibilidad y tan contaminado por la improvisación? Los citados, a la postre, han sido más prolíficos que toda fuerza destructiva de oposición: el clan Arribas, Majdalani, Bullrich, Burzaco contribuye -sin pausa, pero con abrumadora prisa- a dilapidar el tiempo récord el capital político del jefe de Estado.

 

La ciudadanía ya ha comenzado a percibirlo.