Paraguay y ANDE, síntoma del estatismo reinante

En la República del Paraguay, la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, pronto hará sentir en los bolsillos de la gente mediante su tarifazo en ciernes uno de los tantos síntomas del estatismo, versión éste último del socialismo fundado en los monopolios y la propiedad estatal que perdura en la mentalidad de nuestros gobernantes.

 

El derroche de riqueza por parte de la Ande -al igual que en todo el aparato estatal que, para seguir funcionando, traslada en dinero su inoperancia y corrupción sobre los consumidores- es la prueba de que aún falta mucho para avanzar en materia de reformas en el país. Nada parece tener visos de cambio para lo que implica menos burocracia, menos gastos y más eficiencia. En el sector eléctrico, las reformas son más que urgentes, tomando en cuenta que la energía renovable es el principal activo estratégico del país.

 

Paraguay es un caso particular porque, si bien sigue soportando el embate de las ideas del estatismo mediante la vigencia de los monopolios y de la propiedad estatal de las empresas ligadas al gobierno de turno, no le será fácil sortear la influencia del contexto internacional.

 

En efecto, mientras la competitividad de las naciones se desarrolla a partir de la formación del capital humano de excelencia y la tecnología de punta, muchos todavía creen que el estatismo puede resultar beneficioso, como si no fuera suficiente el rezago en educación, el aumento del déficit fiscal y presupuestario, el desempleo y la criminalidad reinantes.

 

Resulta un absurdo que, disponiendo en abundancia de energía eléctrica limpia y renovable, sumado a la alta demanda insatisfecha, la Ande deba exigir a los consumidores pagar más. Pero el absurdo tiene explicación. El estatismo hace que la empresa estatal sea administrada bajo criterios contrarios a la lógica económica y hasta del sentido común. Los directivos no responden con sus patrimonios por las decisiones que toman, encontrando de ese modo la debida oportunidad de impunidad que les permite según sus antojos y caprichos abrir el grifo del despilfarro del dinero de los contribuyentes.

 

Y de esta situación no se encuentran exentos de culpa los partidos políticos con representación en el Congreso —oficialistas y opositores— por cuanto que cualquier servicio o producto proveído desde el Estado es una decisión política. No se conoce propuesta alguna de partido o movimiento político en materia de reforma del sector eléctrico si no es la de insistir en lo mismo de siempre y han fracasado.

 

La corrupción y los tarifazos de la estatal eléctrica en el país de la más alta generación de energía renovable en el mundo son los efectos de una causa en la que los oficialistas y opositores en nada se diferencian. Es una responsabilidad compartida debido a que a todos ellos les une la mentalidad del estatismo retrógrado basado en el culto del Estado que es lo mismo que el culto del monopolio y la fuerza y de cuyos síntomas la población viene padeciendo.