En Brasil, la impunidad ya no está garantizada

En Brasil, un magistrado federal de Curitiba, Sergio Moro, inició un caso de aparentemente poca monta y terminó descubriendo un esquema de sobornos que llegó a procesar y, en algunos casos a condenar, a altos funcionarios públicos.

 

El juez Moro explica que aunque la corrupción como un crimen aislado existe en todas partes, 'la corrupción sistémica, el pago de sobornos como una regla del juego, realmente no es tan común, y constituye una severa degeneración de las costumbres públicas y privadas'. La corrupción perjudica la administración de recursos públicos, y genera inversiones que quizás solo se justifican para los funcionarios públicos que esperan recibir a cambio de estas más sobornos. Además, espanta a aquellos inversionistas responsables que prefieren invertir en mercados donde los sobornos no sean la regla del juego.

 

Al volverse sistémica, agrega el juez Moro, la corrupción socava la confianza en el Estado de Derecho y en la democracia.

 

Por estas razones se puede y debe combatir la corrupción sistémica. El abogado brasileño Geanlucca Lorenzon señala varios factores,1 entre estos la posibilidad de aplicar la colaboración eficaz. Esta es una herramienta incentiva a los criminales a colaborar con la justicia dado que les garantiza alguna reducción en su condena. Aunque originalmente fue introducida en Brasil en la década de los noventa, recién en 2013 se establecieron cinco condiciones específicas para que una colaboración eficaz sea válida. Si el criminal satisface al menos una de éstas, que incluyen desde identificar los co-autores del delito hasta la revelación de la jerarquía dentro de la organización criminal, este podría lograr reducir su sentencia en hasta dos tercios o sustituir su tiempo en la cárcel con una privación de otros derechos o incluso recibir un indulto.

 

Otra medida que identifica Lorenzon es que desde hace algunas décadas en Brasil las nominaciones de candidatos para conformar la Corte Suprema han estado relativamente libres de un sesgo político. La reputación de la independencia de la corte brasileña se ha mantenido a través de gobiernos de distintos partidos desde la Constitución de 1988. Esto difiere de lo sucedido en países como Ecuador y Venezuela, donde la justicia ha sido sometida al partido de gobierno.

 

Lorenzon también señala que el Ministerio Público Federal (equivalente a nuestra fiscalía) se ha vuelto más autónomo. Desde la Constitución de 1988, aunque el presidente nombra al fiscal general, lo hace a partir de una lista basada en votos emitidos por los miembros del Ministerio Público, reduciendo así la importancia de las conexiones políticas y fortaleciendo su independencia del ejecutivo. Anteriormente, la fiscalía de ese país era conocida por su relación cercana con el ejecutivo.

 

Para combatir la corrupción sistémica que se suele dar en organizaciones estatales libres de control alguno, se requiere de órganos de control y de justicia independientes del poder ejecutivo. Además, hace falta una vibrante prensa libre. Hoy, por ejemplo, Ecuador carece de ambas.

 

Si tenemos un fiscal que espera traductor al portugués para revelar nombres en lista de Odebrecht pero que actúa con la velocidad de un rayo en causas iniciadas por el oficialismo; un contralor que —por darle el beneficio de la duda— ha padecido en esta década de sordera, ceguera y mudez y sospechosamente ha sido reelegido en su cargo, a pesar de su decepcionante desempeño.