De cómo George Soros utilizó dinero de EE.UU. para consolidar poder en Colombia
En una reciente misiva enviada al Secretario de Estado americano Rex Tillerson...
En una reciente misiva enviada al Secretario de Estado americano Rex Tillerson, seis senadores de los Estados Unidos exigieron una investigación al respecto de si acaso la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) promocionaba las políticas de izquierda de la organización Open Society Foundations, en el extranjero.
Funcionarios de carrera en el Departamento de Estado no fueron precisos con los senadores pero, si Tillerson busca más datos, no tiene que ver más allá del caso de Colombia. Aquella nación sudamericana ofrece abundante evidencia sobre el modo en que dólares de los contribuyentes estadounidenses están siendo utilizados para, en efecto, promocionar la agenda del multimillonario George Soros -todo ello bajo la bandera de la 'paz'.
En noviembre de 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó un 'acuerdo de paz' con el grupo marxista de expresión narcoterrorista FARC. A pesar de que previamente los ciudadanos colombianos habían rechazado el acuerdo en un plebiscito, Santos y el congreso -controlado por su partido- hallaron un vacío legal que les permitió ratificar el referendo, por encima de lo establecido por la Constitución.
El efecto de ello es que, ahora, Santos virtualmente regentea el país por decreto presidencial, respondiendo solamente ante una comisión supervisora—en rigor, una junta compuesta por tres terroristas, tres amigotes de Santos, y unos pocos observadores. La separación de poderes ha sido abolida, y un nuevo tribunal de paz -conocido como Jurisdicción Especial para la Paz- ha reemplazado a los tribunales del país. Este acto, que remite a una modalidad para esquivar la Constitución de Colombia, fue respaldada por numerosos intereses extranjeros, incluyendo a naciones escandinavas y al Comité del Premio Nobel, que premió a Santos con la famosa presea.
La Administración Obama también simpatizó con estas maniobras -en parte, por intermedio de USAID- y lo propio debe decirse de organizaciones no gubernamentales vinculadas a George Soros, que asistieron a la hora de lavar la imagen, las atrocidades y la fortuna del cártel de cocaína más importante del globo. Consulté a un funcionario de USAID el pasado mes si acaso la agencia estadounidense y Open Society Foundations habían operado en conjunto en Colombia. El funcionario replicó: 'USAID no está financiando actividad alguna relacionada con Open Society en Colombia, directamente, ni a través de mecanismos existentes o pasados'.
Pero, con solo rasgar la superficie de las actividades de USAID, Usted puede acceder a un relato bastante diferente. Por ejemplo, Verdad Abierta, un portal del Internet creado por Teresa Ronderos, directora del Programa Open Society sobre Periodismo Independiente, anuncia en su propio sitio web que éste recibe respaldo de USAID. Verdad Abierta ha ayudado a reescribir la historia de Colombia, elevando a los terroristas al mismo nivel que la legitimidad con que cuentan las fuerzas de policía y las fuerzas armadas, y renombrando décadas de masacres, secuestros, entrenamiento de niños-soldados, y tráfico de drogas, por parte de un sindicato criminal. Todo ello es cifrado por Verdad Abierta como, simplemente, '50 años de conflicto armado'.
Fundación Ideas para la Paz, órgano otrora liderado por el negociador Sergio Jaramillo, actual miembro de la 'junta de supervisión', es financiada por Open Society Foundations, y ha recibido más de US$200 mil en dólares estadounidenses surgidos de impuestos. El portal de noticias de izquierda La Silla Vacía, otra iniciativa de Open Society, también anuncia ser receptor de subsidios desde USAID. Su columnista, Rodrigo Uprimny, cuya ONG DeJusticia también se ha asociado a USAID y a Open Sociey, es considerado como uno de los arquitectos del acuerdo de paz.
El ex miembro terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN, elenos) León Valencia—colaborador y receptor de subsidios de parte de Open Society—ha recibido al menos US$ 1 millón en fondos de USAID a través de sus ONGs 'Corporación Nuevo Arco Iris' y 'Paz y Reconciliación', y el portal de noticias de izquierda Las Dos Orillas, que co-fundó.
Y la lista continúa. He escrito un artículo separado en relación al largo historial de colaboración entre ONGs financiadas por Soros y el Departamento de Estado de los EE.UU., a los efectos de obstaculizar y comprometer a las instituciones colombianas, particularmente a través del trabajo de Human Rights Watch.
Mientras los terroristas son recompensados con asientos en el congreso y con impunidad, aquellos que los combatieron o bien confesarán delitos que no cometieron, o bien terminarán en prisión. Todo lo cual remite a la coronación de los logros de Soros: de los cinco comisionados elegidos para seleccionar a los jueces del nuevo tribunal de paz, tres son jugadores críticos en la red de Soros.
Diego García-Sayán es presidente del Programa para Políticas de Drogas de Open Society; Juan E. Méndez es un veterano de quince años en Human Rights Watch -financiada por Soros-; y Alvaro Gil-Robles ha colaborado con Open Society en la cuestión de los derechos de Roma, conduciendo eventualmente a la creación del Instituto Europeo de Roma -iniciativa conjunta entre Open Society Foundations y el Consejo de Europa.
Contacté a USAID con preguntas complementarias relativas a todo lo explicado en renglones anteriores. La oficina de prensa declinó contestar a ninguna de ellas, pero un vocero corrigió la respuesta original: 'USAID no está financiando actividades a través de Open Society en Colombia'. La comprensión total del amplio alcance de la colaboración entre USAID y Open Society exige una investigación gubernamental en los Estados Unidos de América. El involucramiento de USAID en grandes contratos con organizaciones no siempre es transparente.
Tómese el caso de Chemonics. Este contratista de USAID recibió más de US$ 20 millones en 2015 solamente. Porciones de ese monto -USAID declinó informar cuánto- fue a parar a la formalización de relaciones entre mineros ilegales en Segovia, Antioquia, y Gran Colombia Gold, poseedor de la concesión.
En tanto la sustentabilidad y los beneficios del ambiente del proyecto no están claros (la falta de Estado de derecho en Segovia se ha intensificado), la firma ciertamente se benefició de que una fuerza laboral entrenada no le robara su oro -al menos, perentoriamente-, cortesía de los contribuyentes estadounidenses. Un accionista principal de Gran Colombia Gold, precisamente, es Frank Giustra, fiduciario de International Crisis Group (financiada por Soros), junto con Soros en persona.
Así las cosas, los seis senadores de los Estados Unidos de América tienen razones y derecho de exigir una explicación completa en relación a los programas de USAID. Comiéncese por Colombia, país en donde la asistencia financiera estadounidense debiera coincidir con el propósito de mantener y fortalecer los beneficios obtenidos del Plan Colombia.
Artículo original en inglés, en http://dailysignal.com/2017/04/12/how-soros-used-us-tax-dollars-to-consolidate-power-in-colombia/
Lia Fowler realiza investigaciones para Periodismo Sin Fronteras. Publica en medios internacionales, entre ellos The Daily Signal (Estados Unidos).