2x1: verdades y consecuencias

La resolución sobre el 2x1 que emitiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado miércoles 3 de mayo en beneficio del ex paramilitar Luis Muiña no solo tuvo un impacto político mayor al esperado, sino que además generó demasiada incomodidad tanto en el Gobierno Nacional como en una buena parte de la sociedad. Y dejó en evidencia el fuerte estado culposo que envuelve al país respecto a su propia historia de violencia.

 

Uno de los problemas que surge en primer término es el mismo por el que se viene insistiendo desde estas columnas: la autoridad moral de aquellos que salieron a criticar el fallo saltando a la yugular a la Corte y a algunos funcionarios del Presidente Mauricio Macri. Son los mismos que nada dicen acerca de las “ejecuciones extrajudiciales” propiciadas en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, y denunciadas por la propia Human Rights Watch (HRW), o que no alzaron la voz cuando pudieron hacerlo ante los violentos y recurrentes hechos de inseguridad cotidiana en las calles de la Argentina. La presunta laxitud de los jueces a la hora de aplicar la ley ante violadores y asesinos no es muy distinta, quizá, a la que tuvieron los Ministros de la Corte al conceder el 2x1 a un represor.

 

En materia de derechos humanos, la Justicia ofrece movimientos espasmódicos y contradictorios. El último fin de semana en Mar del Plata fueron detenidos nueve ex militares acusados de delitos de lesa humanidad, entre ellos Emilio Nani, veterano de la guerra de Malvinas y famoso por defender el cuartel de La Tablada el 23 de enero de 1989 del ataque guerrillero donde perdió un ojo. La instrucción la lleva la Fiscalía Federal 2, a cargo del Dr. Nicolás Czizik. En paralelo, continúan en sus funciones los Jueces Roberto Falcone y Mario Portela, quienes se convirtieron rápidamente en abanderados de los derechos humanos en tiempos kirchneristas cuando en sus pasados hayan sido defensores de policías torturadores y asesinos. O el Fiscal Daniel Adler, quien fuera acusado de ejecutar el armado de la causa contra el Dr. Pedro Hooft.   

 

El periodista Horacio Verbitsky denunció en “Página 12” que el fallo fue producto de un acuerdo secreto entre el Gobierno y la Iglesia, alegando que el 20 de marzo último el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los militares detenidos por delitos de lesa humanidad, y que el gestor de dicha presentación fue Siro de Martini, asesor jurídico del Ministro de Justicia Germán Garavano. El autor de “Robo para la corona” agrega que Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de militares detenidos cuando visite el país en los próximos días. Estos datos no dejan ser presunciones con supuestas implicancias. Pero lo que sí este medio puede confirmar es que el Secretario de Derechos Humanos recibió en forma secreta en varias ocasiones a miembros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). La culpa por el impacto que podía tener la difusión de estas reuniones hizo que el Gobierno optara por mantenerlas en reserva. No se observa delito alguno en recibir a familiares sufrientes que han perdido a sus seres queridos sin haber hallado jamás un poco de justicia.

 

El Gobierno de Mauricio Macri se mueve en el terreno de derechos humanos con demasiada cautela, y con una culpa excesiva. Actúa como si le tuviera miedo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que de tan identificadas con el kirchnerismo han pasado del respeto general a la marginación social. Sin embargo, hay quienes afirman que el oficialismo es muy hábil a la hora de dar una imagen pública que luego no se corresponde con la realidad. Un importante Juez del fuero federal integrante de una Cámara con sede en una de las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires afirma que “cuidan mejor las formas y tienen voceros que repiten que no se meten con la Justicia, pero esto no es así. Presionan y mucho. El kirchnerismo te pateaba la puerta. El macrismo pide permiso y te palmea la espalda. Pero lo que buscan es lo mismo”. 

 

Acorde con estos razonamientos, hay que decir que uno de los jueces investigados por el Consejo de la Magistratura es el Dr. Jorge Ferro, titular de la Cámara Federal de Mar del Plata y subrogante en la de Bahía Blanca. A dicho camarista se lo investiga por presuntos vínculos con un prostíbulo top de la ciudad balnearia ( remitirse a http://www.elojodigital.com/contenido/15622-argentina-y-la-justicia-la-doble-moral-de-los-verdugos). Si el Consejo dictamina iniciarle juicio político, el caso pasa a un Tribunal de Enjuiciamiento que lo integran dos Senadores, dos Diputados, dos Abogados y un Juez. Los integrantes de este Cuerpo son sorteados cada seis meses, a fin de garantizar imparcialidad e impermeabilidad a influencias e intereses. En el lapso que va de febrero a agosto de este año el Juez sorteado fue Jorge Ferro. Y es altamente probable que el camarista Eduardo Freiler tenga que ser enjuiciado por este Tribunal en dicho período. No son pocos los que arriesgan que el Dr. Ferro podría llegar a negociar con el Gobierno el voto contra su colega.    

 

Desde su difusión el pasado miércoles 3, el fallo de la Corte tuvo un impacto ascendente. En los primeros momentos el tema casi no tuvo espacio en la prensa masiva. Pero a medida que se sumaban voces en contra, se fue instalando cada vez más. Al punto que el Gobierno se vio forzado a manifestarse públicamente criticando la decisión, con las declaraciones de María Eugenia Vidal, Marcos Peña y Germán Garavano.  A todo esto, se empezó a producir una suerte de rebelión judicial, desoyendo el fallo de la Corte. Por caso, el fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante la dictadura, dijo que “las resoluciones de la Corte son muy importantes, pero no hay ninguna norma que obligue a un Juez a actuar en el mismo sentido”. De todos modos, un Juez consultado sobre este asunto fue muy claro: “Esto es así. Pero las partes afectadas apelan, y el tema llega alguna vez a la Corte. Y se supone que la Corte tiene que ser coherente consigo misma”.

 

La Cámara de Diputados en pleno, salvo la excepción de Santiago Olmedo, dispuso limitar la aplicación del fallo de la Corte sólo a los casos de militares que hayan estado detenidos durante la vigencia del “2x1”, es decir entre 1994 y 2001. Es decir, ninguno. Si la dirigencia política actuara con la misma rapidez y mancomunión con la que actuó en este caso para pronunciarse y tomar medidas concretas para combatir la inseguridad, seguramente se estaría en presencia de un nuevo país. Salvo excepciones, no se observa la misma indignación que causó este fallo en otros asuntos quizá más sensibles, como la liberación de asesinos y violadores del presente.  

 

Más allá del debate técnico y jurídico que generó la sentencia cortesana, el tema removió aspectos muy íntimos de la sociedad argentina. Es evidente que la culpa social que atraviesa el país por la violencia de los setenta está lejos de ser resuelta. Lo expresó muy bien la Diputada Elisa Carrió: “También las familias de los soldaditos muertos en Formosa buscan justicia”. Se refería al demencial ataque de Montoneros el 5 de octubre de 1975 al Regimiento de Infantería Monte 29 donde murieron 10 soldados. Lo mismo cabe para otros casos.

 

En materia de derechos humanos, el Gobierno de Mauricio Macri adquiere características clásicas de una administración de transición. Aunque el tema parezca no importarle al propio Presidente, la polémica que generó el “2x1” pone de manifiesto que debería prestarle mayor atención. De lo contrario, corre el riesgo que sea un Gobierno de transición en todos los terrenos.