FPV: nunca más genocidas libres

Los concejales del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires repudiamos absolutamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de conceder el “2x1” a condenados por delitos de lesa humanidad, en lo que constituye el retroceso en materia de Derechos Humanos más grave desde los tristemente célebres “indultos” de los años 90. Por esta razón, hemos convocado a la movilización del miércoles 10 a la Plaza de Mayo y, como representantes legítimos de nuestros vecinos, decidimos presentar en cada uno de los Concejos Deliberantes bonaerenses una ordenanza que declara persona no grata a los genocidas y solicita a cada uno de los intendentes que arbitren las acciones necesarias para que estos personajes siniestros no vivan en nuestros municipios.

 

Como ha señalado con toda claridad Cristina Fernández de Kirchner, un fallo judicial tan escandaloso habría sido imposible durante su gestión. El gobierno de Mauricio Macri es responsable de esta resolución de la Corte, insostenible jurídicamente y siniestra políticamente. Fue su gobierno el que designó por decreto a los dos jueces, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que conformaron la mayoría necesaria para este fallo; fue Macri quien intentó correr el feriado del 24 de marzo, luego de haber calificado la represión ilegal como “guerra sucia”, además de anunciar que con su mandato “se iba a terminar el curro de los derechos humanos”; fue el Director de la Aduana, el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, quien dijo la vergonzante frase “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”; fueron los diputados de Cambiemos los que, con motivo del 24 de marzo, difundieron una imagen del bloque sosteniendo carteles con consignas como “Nunca más a los negocios de los DDHH”; fue Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, quien se reunió con Cecilia Pando, fervorosa defensora del terrorismo de Estado, poniéndola en pie de igualdad con las víctimas que sufrieron la represión; fue el ex titular de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien negó que los desaparecidos fuesen 30 mil y tuvo que dejar su cargo en medio del escándalo. A esta oscura maquinaria negacionista se suman las maniobras de la Corte Suprema para desentenderse de los compromisos que contrajo el país en materia de derecho internacional, como en la sentencia “Fontevecchia” de febrero de este año, en donde asentó que sus disposiciones no podían ser revocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que cierra el camino a las apelaciones en dicho ámbito. Pero también los medios de comunicación hegemónicos, que se han convertido en justificadores del ajuste y en grupos de persecución.

 

En su gira por Europa, Cristina dijo que este fallo es “una afrenta para la humanidad”. Compartiendo plenamente ese diagnóstico que pone al país ante un nuevo escándalo internacional, y mientras llueven las impugnaciones en la Argentina y en todo el mundo, los concejales del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires presentamos una ordenanza que declara persona no grata, en cada municipio de la provincia, a los genocidas con sentencia firme. Además, insta a los jefes comunales a que impidan que estos personajes radiquen sus domicilios en nuestros municipios, para que ningún vecino de bien tenga que cruzarse con criminales repudiados por el conjunto del pueblo argentino. La democracia debe cuidarse a sí misma. No queremos vivir en la misma manzana que un represor que robó bebés. No queremos ir a las plazas con nuestros hijos y compartir la tarde con torturadores probados. No merecemos vivir en un país donde Astiz esté libre. 278 represores podrían quedar en libertad a raíz de este fallo; no queremos convivir con ellos.

 

En defensa de la democracia y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que fueron ejemplo en este país, decimos: señores jueces, NUNCA MÁS. NUNCA MÁS GENOCIDAS LIBRES.