Naciones Unidas falla a la hora de proteger a informantes

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, envió una misiva a todos los representantes permanentes de la ONU en Nueva York a comienzos de mayo, actualizándolos sobre su administración y sobre su agenda de reformas. Una serie de estas iniciativas ya están en desarrollo, y aguardan aún las conclusiones de no pocos equipos de consulta y su etapa de informes finales; por lo tanto, aún son difíciles de evaluar.

Pero tal no es precisamente el caso con la nueva política sobre informantes ideada por el secretario general. La carta de referencia expresa:

En enero, hemos fortalecido nuestra protección a informantes, a los efectos de dar un empuje a la apertura, la transparencia y la equidad. Desde ahora, se han puesto a disposición salvaguardas optimizadas para individuos que informen sobre conductas erróneas o que cooperen con investigaciones y auditorías debidamente autorizadas. He ordenado a un equipo de trabajo interno que examine el modo en que estos esfuerzos pudieran ser ampliados todavía más, a criterio de cubrir a consultores y a contratistas individuales. El grupo de trabajo remitirá sus recomendaciones a mi despacho, previo al 30 de junio de 2017.

El secretario general dio a conocer su nueva política sobre informantes en enero pasado. En tanto es diferente a la política anterior en algunos apartados, la nueva política sigue siendo fallida, más allá de la ampliación de la cobertura hasta alcanzar a consultores y contratistas individuales. Peter Gallo, ex investigador de la Oficina de Naciones Unidas para Servicios y Supervisión Interna, concluyó que la nueva política sobre informantes (en inglés, whistleblowers) podría no exhibir diferencias sustanciosas en el tratamiento de casos sobre informantes en el pasado.

En particular, la Oficina de Etica continúa manteniendo discrecionalidad a la hora de definir si garantiza o no protección para que ciertos casos avancen. Lo cual resulta perturbador, a la hora de considerar evidencias que exponen que la Oficina de Etica vio su accionar comprometido en el episodio que involucró la contraofensiva versus Anders Kompass, luego de que éste informara al gobierno francés detalles relativos a abuso sexual de parte de elementos de fuerzas de mantenimiento de paz -algunos de ellos, de ciudadanía francesa- en la República Centroafricana. El fallo al momento de reformar adecuadamente la política de informantes de Naciones Unidas podría comportar serias consecuencias financieras para el organismo.

Inicialmente, la legislación puesta en marcha en 2015 exige que Estados Unidos retenga el 15% de sus contribuciones a organizaciones individuales de Naciones Unidas, departamentos y agencias, a no ser que el Secretario de Estado informe a los comités de asignación de partidas de fondos que la organización, departamento o agencia específicos estén 'implementando y reforzando efectivamente políticas y procedimientos que reflejen una práctica limpia (...) tendiente a la protección de informantes ante cualquier ofensiva contra su persona'. El reciente proyecto ómnibus de asignación de partidas para el año fiscal 2017 incluyó esta definición.

El ex Secretario de Estado John Kerry informó que Naciones Unidas se acogió a los estándares de la ley sobre protección de informantes. Reafirmó que, a pesar de las evidencias de contraataque contra informantes y del hecho de que Naciones Unidas no permite el acceso de informantes a arbitrajes independientes externos -conforme la ley estadounidense lo consigna. La Administración Trump tomará su propia decisión en el mes de julio pero, dado el panorama actual, queda claro que las políticas de Guterres no van en sintonía con los requisitos tipificados en la legislación americana, particularmente en lo que hace a arbitraje externo independiente para informantes.

La nueva política de Guterres, en caso de conflicto de intereses de parte del director de la Oficina de Etica, sí menciona la posibilidad de remitirse a un cuerpo alternativo de revisión. La única posibilidad específica citada fue un panel ético alternativo de Naciones Unidas, como opción interna diferente. De igual manera, la posibilidad de un mecanismo investigativo de carácter alternativo es mencionada, aunque sin ofrecerse ejemplos específicos, si la Oficina de Naciones Unidas para Servicios y Supervisión exhibe un conflicto de intereses.

No obstante, ningún ejemplo específico expresa que la alternativa pueda ser externa. Al combinarse con expresiones previos de la Jefatura de Gabinete del Secretario General, al respecto de que el arbitraje externo operaría 'en contravención con el marco legal establecido por la Asamblea General', solo puede asumirse que la nueva política del secretario general simplemente no ofrece alternativas para un sistema de arbitrajes externos y, por lo tanto, ello es inconsistente con los requisitos establecidos por el congreso estadounidense.

El secretario general aún tiene timpo para ordenar a su grupo de trabajo interno que proponga modificaciones adicionales, a los efectos de poner en orden éste estándar. Si su nueva política ofreciere la posibilidad de arbitraje externo, entonces debería ser explícito en ello y enumerar las opciones. De otro modo, deberá ordenar a su grupo de trabajo que incorpore el arbitraje externo en su política de protección a informantes. No solo esto optimizaría los sistemas de protección de Naciones Unidas para aquéllos, que proporcionan un servicio invaluable a la organización y a los Estados-miembro, sino que ello demostraría a los Estados Unidos que el organismo es firme en su decisión de promocionar cambios que cumplan con estándares del parlamento americano. Y éste evitará retener partidas de fondos para dependencias y reparticiones de Naciones Unidas.

Artículo original en inglés, en http://dailysignal.com/2017/05/15/un-policy-still-fails-protect-whistleblowers/