Justicia federal argentina: demasiado lejos del bronce

Las nuevas revelaciones en torno al 'Lava Jato' en Brasil, donde se difundiera un audio que comprometería severamente al presidente Michel Temer, generaron en la ciudadanía argentina un cúmulo de interrogantes en relación al funcionamiento del poder judicial doméstico. Casi como una mueca del destino, el mismo día que se conoció dicha grabación, un núcleo de magistrados federales del país lanzó una nueva agrupación, autodenominada AJUFE (Asociación de Jueces Federales) -casualmente, en la República Federativa del Brasil ya existe una con el mismo nombre y creada en 1972- que reúne a dos centenares de jueces con intervención en delitos de corrupción y el narcotráfico. El secretario general designado en la cofradía local, el Dr. Ariel Lijo (foto), aseveró, al inaugurarse el encuentro, que 'el objetivo más importante que tienen es pulsear con todos los gobiernos'. En otras palabras, ser menos permeables a los intereses del poder político de turno. De manera tácita, estos magistrados están admitiendo su carácter de influenciables. 

 

Acaso estribe aquí la razón por la cual la administración de justicia en la Argentina, o al menos gran parte de ella, acusa un sonoro descrédito en su relación con la ciudadanía. En tal sentido, la legisladora Elisa Carrió ha sido tajante, fiel a su costumbre: '¿Quién protege a Julio de Vido?', preguntóse. El poderoso ex ministro del kirchnerismo, si bien tiene abiertas 21 causas por corrupción, parece gozar de comprobable inmunidad. La líder de la Coalición Civica sospecha que existen elementos en el seno de la propia Administración Cambiemos que protegen a De Vido, presuntamente por ser poseedor de información sensible acerca de la moralidad de ciertos funcionarios o personas allegadas al presidente Mauricio Macri. En el gobierno, se teme que las eventuales derivaciones del caso Odebretch terminen convirtiéndose, para Macri, en algo similar a lo que el escándalo por las coimas en el Senado representó para Fernando De la Rúa: el principio del fin. En medio de una economía planchada, las similitudes no se presentan tan azarosas.  

 

Con todo, las sentencias de Carrió no hicieron más que poner en la consideración pública el ostensible retardo de justicia que tiñe a la totalidad de las causas de corrupción pública radicadas en los tribunales de Comodoro Py, que comprometen a ex funcionarios kirchneristas, llegando a Cristina Kirchner. El pedido del Juez Lijo de elevar a juicio oral la causa Ciccone, en la cual el ex vicepresidente Amado Boudou será juzgado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, no parece casual -dado el timing. Apenas contribuye a morigerar la tensión que conmueve al espectro del poder judicial, y lejos se encuentra aún de modificar la percepción ciudadana sobre el accionar y la efectividad de la Justicia. Instancia en la que sería conveniente ejercitar la memoria.

 

Ariel Lijo estuvo siempre en la mira por el rol que cumpliría su hermano Alfredo (alias: Freddy), a quien muchos sindican como el operador judicial dilecto de, precisamente, Julio De Vido. El miércoles 22 de febrero de 2012, una formación de la línea Sarmiento registró un fallo en su sistema de frenado, embistiendo los paragolpes de contención de la estación terminal de Plaza Once: el saldo (olvidado ya por muchos) fue de 51 muertos y más de 700 heridos. Los secretarios de transporte kirchneristas, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, terminaron procesados, no así el jefe de ambos, De Vido. Quien instruyó la causa fue Claudio Bonadío, y voces que transitan con frecuencia los tribunales refieren que los buenos oficios de Freddy Lijo en favor de De Vido surtieron efecto ante quien hoy es presentado como un cruzado contra la corrupción K. Adicionalmente, la escasa memoria contribuye a nublar el hecho de que Bonadío, otrora listado en la tristemente célebre 'servilleta' de Carlos Corach en la Era Menemista, sobreseyó a tres secretarios privados de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, Isidro Bounine, y el fallecido Daniel Muñoz. Los nombrados supieron explicitar una remarcable habilidad para incrementar sus respectivos patrimonios (entre 2003 y 2009), en un aproximado de cincuenta veces.

 

Otro de los 'doce apóstoles' -como les gusta llamarse a los magistrados de Comodoro Py (aunque ahora sean once, habida cuenta de la renuncia del controvertido Norberto Oyarbide)- es Marcelo Martínez de Giorgi, quien en su momento desestimara la denuncia primigenia por enriquecimiento ilícito contra el camarista Eduardo Freiler. El comentario es que la señora esposa del Juez desempeñó un rol central, habida cuenta de que trabajaba como secretaria de Freiler. Los casos de Sebastian Casanello, Daniel Rafecas y Rodolfo Canicoba Corral también contribuyen al descrédito general. Ya hacia finales de 2014, esto es, un año antes del fin de ciclo de Cristina Fernández, se hablaba de una suerte de 'pacto de no agresión' entre el gobierno de turno y los popes de la justicia federal. La prenda de negociación no era otra que la reforma del Código Procesal Penal, que dotaba de mayores cuotas de poder e influencia a los fiscales en desmedro de los magistrados. La fortaleza de tales jueces radica en que el 60% de las causas de todo el país recaen en Comodoro Py. 

 

Un letrado de trayectoria, cercano al Consejo de la Magistratura, así lo consigna: 'A pesar de todo lo que dicen, se está trabajando muy bien (en el Consejo). No hay ninguna bajada de línea, y hay total libertad'. A su vez, el consultado subraya que, en los próximos días, se conocerán novedades respecto de Freiler: 'El 29 de mayo, se reúne la Comisión de disciplina y el jueves 1 de junio habrá una decisión'. Requerido por la denuncia contra el camarista Jorge Ferro, afirma que 'Se está en la etapa de diligenciamiento y producción de pruebas. Quien está a cargo de su caso es el Dr. Miguel Piedecasas, lo que es una garantía de honestidad y rapidez'.

 

Mar del Plata no le va a la saga a los tribunales porteños. Amén de Jorge Ferro, sospechado de tener vínculos con un prostíbulo VIP de la ciudad, un puñado de jueces no resisten el archivo. Tal es el caso de Mario Portela, integrante del Tribunal Oral, quien estuviera involucrado en el nebuloso caso conocido como 'El Loco de la Ruta', con las misteriosas desapariciones y asesinatos de prostitutas. En otro orden, Portela se desempeñó como socio en un estudio jurídico de Eduardo Cincotta, sospechado de haber sido colaborador en tareas de inteligencia en el GADA 601, en tiempos de la última dictadura militar (ver http://www.elojodigital.com/contenido/15291-mar-del-plata-la-grieta-judicial).

 

Tal vez el pasado de algunos jueces no configure comisión de delito en sí mismo pero, sin lugar a dudas, no pocas de sus conductas bordean las fronteras de la ética. El interrogante en relación a la autoridad moral de quienes deben impartir justicia regresa al centro de la cuestión. Y explica cabalmente por qué la Argentina no es Brasil, y por qué cualquier decisión judicial terminará siendo cuestionada desde una vereda, o desde la opuesta. Otro abogado -de fuertes vínculos políticos- no duda en soslayar: 'Mientras no haya cambios de nombres en la Justica Federal, no puedo ser optimista'. Completa que la conformación de la AJUFE 'le provoca alarma e inquietud', y que el caso Odebretch 'se parece a una discusión de mafiosos'.

 

El único atisbo de esperanza lo ofrezca el referido jurista, cercano al Consejo de la Magistratura: 'No se confunda. Brasil no es muy distinto. Lo que pasa es que allá surgió un Sergio Moro y, luego, todos se sumaron a él. Fue la cruzada de un solo hombre'. 

 

El problema en que en el país no hay ningún Moro en la costa.