Venezuela: declaración conjunta de Diputados Nacionales

Declaración conjunta, firmada por los presidentes de cuatro interbloques de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, al respecto de la situación de Venezuela. El documento fue firmado por Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos; Graciela Camaño, titular del interbloque UNA-Frente Renovador; Margarita Stolbizer, jefa de Progresistas, y Darío Giustozzi, presidente del interbloque Juntos por Argentina. 


Declaración

1) Expresar preocupación por la alteración del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana.

2) Respaldar la postura adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que insta al gobierno de Venezuela a que adopte las medidas necesarias para:

              a) Garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales.

              b) Restaurar la plena autoridad y funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida.

             c) Fomentar la normalización de la institucionalidad democrática.

             d) Asegurar el respeto al estado de derecho y el pleno goce de los derechos humanos.
 

3) Condenar la convocatoria del Presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente instando al gobierno de Venezuela a un acuerdo con las fuerzas políticas sobre un cronograma electoral.    

4) Alertar sobre la violación a la libertad de expresión que implica el cerco informativo impuesto por el gobierno de Venezuela que pone en riesgo el sistema democrático.

5) Solicitar la libertad de los presos políticos y expresar preocupación por la represión violenta, que ha dejado decenas de víctimas fatales, reprobando toda manifestación de violencia cualquiera sea su origen, y en este sentido bregar por una pronta solución pacífica.

 

Fundamentos

Teniendo en cuenta el compromiso ineludible que como parlamentarios debemos en el respeto de los valores republicanos y democráticos establecidos en nuestra Constitución, es que venimos a:  

1. Recordar que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Carta Democrática Interamericana -que fuera adoptada, esta última, por aclamación en la Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima el 11 de septiembre de 2001- ambas siguen siendo de cumplimiento obligatorio para la República Bolivariana de Venezuela en tanto y en cuanto la denuncia de la Carta de la OEA anunciada por el Poder Ejecutivo de Venezuela recién será operativa en el transcurso del año 2019 en virtud de lo dispuesto en el Artículo 143 de la Carta de la OEA que textualmente establece: ”Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.

2. Alertar sobre la crisis humanitaria que sufre el pueblo venezolano, implorando al gobierno de Nicolás Maduro, habilite canales eficientes, para recepcionar y distribuir el suministro de alimentos y medicamentos.

3. Solicitar al gobierno de Nicolás Maduro que ponga fin a las limitaciones sobre la libertad de prensa y expresión y deje en libertad a los presos políticos.

4. Exhortar al gobierno venezolano a llegar a un acuerdo con las distintas fuerzas políticas sobre un cronograma electoral que incluya veedores internacionales.

5. Desaprobar la quita de atribuciones realizada por el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela a la Asamblea Nacional y la quita de fueros de sus integrantes, por más que haya quedado sin efecto la sentencia. La situación de la Asamblea Nacional es crítica desde hace tiempo, entre los años 2006 y 2011, el oficialismo contaba con mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela el 19 de abril de 2013 y hacia fines de ese año logró la aprobación de la Ley Habilitante, que le otorgó facultades especiales al presidente. En marzo de 2015, poco tiempo después de terminado el período de validez de la Ley, el presidente venezolano logró la aprobación de la segunda Ley Habilitante en su mandato, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Desde la conformación de la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora tras las elecciones de enero de 2016, los desacuerdos entre los poderes políticos fueron dirimidos por el Poder Judicial. Como destaca Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el informe que presentó ante la OEA en 2016, se registraron al menos 17 decisiones por parte del Poder Judicial que indican su falta de imparcialidad.
La situación desmejoró cuando en agosto de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato que implica la nulidad de los actos realizados por el órgano parlamentario desde esa fecha. De este modo, durante el 2017, la Asamblea Nacional ha aprobado resoluciones que han sido desconocidas. Es por esto que alentamos a la consolidación de las instituciones democráticas de la Republica.

7. Condenar profundamente la reciente convocatoria del Sr. Presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela a una Asamblea Nacional Constituyente, para la redacción de una nueva Carta Magna pues, si bien formalmente la convocatoria responde al Artículo 348 de la vigente Constitución, por otra parte el sistema electoral  que ha propuesto el Sr. Presidente Maduro para elegir los constituyentes, minimiza y diluye el papel de los partidos políticos, entorpeciendo y violando el proceso democrático venezolano, usando al propio proceso de reforma constitucional como un instrumento al servicio de su gobierno, en vez de respetarlo como lo que debería ser: el ámbito de encuentro y unión, en paz y concordia, de todos los venezolanos.

8. Recordar que el Artículo 350 de la vigente Constitución venezolana establece textualmente que “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Por ello, cabe destacar que los acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela fueron acompañados por movilizaciones y descontento social producto de la crisis económica, política y de seguridad. Apelamos a la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales que son condiciones fundamentales para la existencia de una sociedad democrática.

9. Manifestar la grave preocupación por la constitución de milicias populares armadas, las cuales sólo podrían justificarse en caso de conflicto armado exterior pero no en el contexto de lo que debería ser un proceso democrático abierto y pacífico.

10. Exhortar a la oposición política al actual gobierno a que todos sus actos opositores no salgan de los carriles de la legalidad y se mantengan en un marco de paz a pesar de todas las dificultades con las que se enfrentan.

11. Bregar por el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Venezuela, y que así vuelva la paz a nuestro país hermano.

12. Tener presente las continuas exhortaciones del Papa Francisco a una salida negociada y pacífica a la difícil situación política, institucional y social por la que atraviesa Venezuela.


* Puede descargarse el documento (en formato .PDF), que incluye las firmas de los legisladores, en éste link.