Justicia federal: entre el oportunismo y el cálculo político

El hombre no duda: 'Los jueces federales sólo tienen a Dios por encima de ellos'. Quien afirma esto es un abogado que supo tratar y conocer a renombrados magistrados, acaso durante demasiado tiempo. 'El ego y las envidias se terminan cuando la misma política que los puso los quiere sacar. Ahí, surge el corporativismo'.

 

La extraña creación de AJUFE, esta nueva agrupación que sólo reúne a jueces federales de todo el país, genera no pocas suspicacias. En declaraciones compartidas a Radio Mitre, el Fiscal Ricardo Sáenz, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, se expresó con contundencia: 'Es prematuro emitir una opinión. Habrá que esperar. Pero me llama la atención que esta asociación no agrupe a fiscales o secretarios'. Amén de sorpresa, la reunión de egos genera, en no pocos juristas, alarma e inquietud.

 

Presidida formalmente por el Dr. Jorge Morán, nadie duda que el hombre fuerte de AJUFE es el Juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal 4 de Comodoro Py desde el año 2004, cuando, pese a quedar quinto en el Consejo de la Magistratura, se vio beneficiado por la 'baja' de Eduardo Freiler, quien prefirió postularse para camarista. Dicen quienes conocen las internas judiciales que Lijo tiene el apoyo del Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, y algunos aseguran que quien reemplazará al renunciante juez Norberto Oyarbide en el juzgado Número 5 será un hombre que promueve el propio Lijo, el actual Director Ejecutivo de la oficina de escuchas de la Corte e hijo de un intendente de Cambiemos (Gral Lavalle), Dr. Juan Tomás Rodríguez Ponte. O al menos eso le refirió a este medio un letrado que supo concursar para ocupar ese cargo. 'No te hagas ilusiones. El elegido va a ser Rodríguez Ponte', dice que le dijeron. Este hombre, que ocupó transitoriamente el cargo de Secretario del juzgado de Lijo, fue sindicado como quien filtró las célebres escuchas de la ex presidente Cristina Fernández hablando con Oscar Parrilli. 

 

La misión de AJUFE es lisa y llanamente unir fuerzas para resistir las presiones del poder político. 'Se acordaron un poco tarde. Tuvieron que pasar el menemismo con la servilleta y el kirchnerismo pateando puertas para que se acuerden de resistir', dice un camarista del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que no le causa ningún asombro a los letrados consultados es que AJUFE haya sido lanzada pocos días antes de conocerse si el juicio político a Eduardo Freiler prosperaba o no en el Consejo de la Magistratura. Uno de ellos afirma tajante que 'la movida de sacar a Freiler vino desde la política, pero los jueces hacían fuerza por lo bajo para que la movida fracasara. Si suspendían a Freiler, podían ir también por otros'. Evidentemente, poco les importa a los magistrados que uno de los suyos no pueda justificar un saldo negativo en sus cuentas personales de $16 millones. Prefieren, antes que aquello, mantener el 'status quo'. 

 

Tampoco parece casual que la mencionada asociación haya sido creada cuando la justicia federal se encuentra bajo la atenta mirada de parte de la sociedad, y de la diputada Elisa Carrió, quien mantiene un feroz enfrentamiento con Ricardo Lorenzetti. Pero, ¿en qué invertían su tiempo muchos jueces mientras el kirchnerismo montaba su andamiaje de corrupción, y en todo caso, por qué no supieron avanzar con celeridad en las incontables causas abiertas? El ex Juez Mariano Bergés ensaya un esbozo de respuesta, ofreciendo un marco conceptual: 'Hay muchas maneras para dilatar investigaciones. Y es casi un juego de ingeniería que es difícil de probar. Una causa no puede estar parada. ¿Qué hacen algunos juzgados para frenar las investigaciones sin que parezca que los están haciendo?. Por ejemplo siguen produciendo prueba, pero de manera totalmente inconducente. Así, disponen medidas que no tienen nada que ver con el objeto procesal, o de poca utilidad práctica. Entonces, comienzan a agrandarse los legajos, haciendo de esas causas grandes bodoques, que llegado el momento, son de complejísima resolución'. Las reiteradas declaraciones del detenido Lázaro Báez podrían ser un ejemplo de lo que este ex magistrado ilustra con esclarecedora precisión.

 

Asimismo, habrá de reconocerse que la infraestructura de la justicia se encuentra colapsada. Baste el siguiente ejemplo: el 18 de octubre de 1989 bajo la ley 23.735 se creó la Cámara Federal de Mar del Plata, que vino a complementar las tareas asignadas hasta ese momento a su par de la ciudad de La Plata. La jurisdicción territorial que abarca es muy amplia: además de Mar del Plata, allí confluyen causas de Azul, Dolores, y Necochea. En 2012 ingresaron más de 1.500 expedientes. En 2016, esa cifra se duplicó. Pese a ello, sigue habiendo una sola sala integrada por tres jueces. A ningún entendido en la materia podría escapársele ese detalle, a saber, que urge una reforma judicial.

 

No obstante, y más allá de aquella inocultable necesidad, el problema del sistema podría rastrearse en otros ámbitos. Al respecto, continúa resultando muy esclarecedor el testimonio de Bergés: 'Los operadores negocian con los jueces decisiones en causas de gran impacto social a cambio de protección en el Consejo de la Magistratura'. El Consejo fue creado en la reforma constitucional de 1994, pero recién se puso en funcionamiento tres años después. Su conformación original era de 19 miembros: 4 jueces, 8 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo, un académico y el presidente de la Corte Suprema. En 2006, sufrió la primera reforma promovida por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que redujo los miembros a trece: 3 jueces, 6 legisladores, 2 abogados, un representante del PEN, y un representante de los académicos. En el año 2013, bajo el recordado proyecto kirchnerista de 'democratización de la justicia', se intentó volver a elevar a 19 la cantidad de integrantes del Consejo, disponiendo que sean elegidos por el voto popular. Pero la Corte declaró inconstitucional el proyecto de reforma judicial, por lo que se volvió a la conformación de sus 13 miembros actuales. Sin embargo, la ley 26.080 promovida por la ex senadora Cristina también fue declarada inconstitucional por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. 'Esto demuestra que el Consejo sigue siendo rehén de los vaivenes políticos de los gobiernos de turno', finaliza Mariano Bergés. 

 

Los tres poderes del Estado están siendo sometidos a un fuerte escrutinio. El Poder Judicial parece ser el más observado. El pasado domingo el diario La Nación consignó en un artículo los elevados niveles de tensión entre la Administración Macri y la justicia federal. Sin embargo, el oficialismo en este terreno se mueve casi con el mismo estado culposo con que lo hace en las políticas de derechos humanos. El ministro del área, Germán Garavano, es reconocido por su honestidad pero es cuestionado con dureza, al menos por lo bajo, dada su declarada falta de firmeza. Los fallidos intentos de remover a Alejandra Gils Carbó del Ministerio Público y a Eduardo Freiler de la Cámara Federal así lo certifican. 'Lamentablemente, para enfrentar a esta gente, tenés que ser un poco como ellos. Con los buenos modales, no vas a ningún lado en este país', comparte un secretario de juzgado.

 

En la misma línea, concluye el letrado que nos relataba aquel subcapítulo de 'Dios y los jueces': 'Lo cierto es que falta decisión política. Hay que dejarse de embromar, y poner a todos los jueces federales en comisión'.

¿Alguna vez alguien se atreverá?