Argentina: la justicia se sigue negociando

Infortunadamente, en la República Argentina, la Justicia se sigue negociando. Lo visto días pasados con el pedido de juicio político al juez Eduardo Freiler en el seno del Consejo de la Magistratura pareciera ser buena prueba de ello. Se cambian los tantos como si fuera un partido de truco. No interesa qué es lo que se le imputa al juez denunciado; lo que prima es quién hace valer sus votos.

 

A todas luces, la política se impone por sobre las instituciones. Lo más grave es que en ese devenir se pone en vilo a todo el sistema republicano, porque un país sin una justicia independiente y confiable es inviable. Ninguna nación es capaz de resistir un Poder Judicial conformado por jueces y fiscales que privilegian la política por sobre la administración de Justicia -y esto es lo que sucede, precisamente, en nuestro caso.

 

Nadie se escandaliza si un juez imputado de no pagar sus impuestos sencillamente esboza como respuesta que es libre como cualquier otro ciudadano de elegir a cuál de sus acreedores va a pagar y a cuál no. La pregunta que debería surgir entonces espontáneamente es, pues, cómo fallaría ese juez, frente a otro evasor y, si optase por condenarlo, con qué autoridad moral podría hacerlo. En la República Argentina, el sistema se ha roto. Se ha corrompido de tal manera que, como se dice vulgarmente, habría que barajar y dar de nuevo.

 

Mientras tanto, somos víctimas de un sistema tramposo. Debemos dirimir las cuestiones en el ámbito judicial, a sabiendas de que no se va a resolver ajustado a derecho, sino que primarán, casi siempre, otros intereses. Hasta el Martín Fierro debería reconsiderar aquella pícara reflexión: Hacete amigo del juez. Naturalmente, la falta de voluntad para castigar el delito es algo que se ha hecho carne en el ámbito de la justicia penal y la dirigencia política. Hemos naturalizado escenarios tan intolerables como inaceptables, casos en los que un delincuente que debía estar preso, termina eximido gracias al beneficio de la libertad condicional o el de libertad asistida, o por el '2×1', o simplemente porque sí. El malhechor luego reincide en la comisión de un delito grave, que en numerosas ocasiones, termina costándole la vida a un ciudadano decente y trabajador.

En el plano judicial, aquella descripción se traduce de igual forma. Un magistrado denunciado ante el Consejo de la Magistratura sabe que, llegado el caso, si las pruebas lo abruman y lo acercan a una condena, con tan sólo renunciar vuelve todo a fojas cero. De tal suerte que se garantiza no perder ninguno de sus privilegios, y salir indemne del proceso. Ejemplos abundan.

 

Es muy difícil desalentar la comisión de un delito así. Si no existe castigo, y en nuestro país está a la vista que no lo hay, los delitos se multiplican y los funcionarios corruptos también. Para transformar al sistema, necesariamente habrá de contarse con el auxilio de la justicia y de la fortaleza de sus instituciones. Pero hoy pareciera ser que esa posibilidad es inviable. La política se impone a todo; lo único que importa y manda es la agenda. Todo se negocia en pos de la política.

 

Nunca se ha vuelto más actual aquello de que el fin justifica los medios. Si un delincuente es puntero político, pues habrá que cuidarlo. Si un juez es corrupto pero funcional a los intereses políticos, pues habrá que preservarlo. Si un dirigente político es corrupto, pero junta votos, habrá que salvarlo y potenciarlo. Asistimos, de manera contundente, a la deformación más cruda de la política.

Corrupción hubo siempre, aquí y en todas partes. La diferencia, sin embargo, es, o mejor dicho debería ser, la justicia. Allí donde la justicia funciona, la corrupción se combate y el delito se castiga. No hay más que mirar, por caso, lo que sucede en Brasil.

Donde la justicia no funciona, la corrupción triunfa y el delito no se castiga. Saque el lector sus propias conclusiones.