Argentina: de coimeros y coimeados

El modesto pero incisivo conductor radial se apoltronó en su silla, tomó aire, y le espetó a su entrevistado: 'El problema no es el coimeado, sino el coimero'. Aquello, que parecía una frase remarcable, en rigor oculta un asunto de extrema gravedad.

 

La pequeña anécdota sucedió en una ignota radio de una importante localidad rural y costera de la Provincia de Buenos Aires. El autor de la sentencia es un reconocido adepto y adicto a la causa kirchnerista. Pero la expresión no fue compartida espontáneamente: el ignoto periodista se inspiró, para su declaratoria, en una fuente mayor -acaso en alguna usina de pensamiento.

 

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apuntó, en ocasión de una reciente entrevista al matutino La Nación: 'La justicia de Brasil está trabajando como garante de la impunidad de Odebrecht'. Este magistrado, en compañía de colegas Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos, tienen en sus manos los principales expedientes contra el poderoso conglomerado brasileño de la construcción, en la Argentina. Según se deja trascender, el vecino país sólo hará entrega efectiva de las pruebas a partir de un compromiso de la administración de justicia de la Argentina que certifique no investigará a funcionarios y hombres de negocios que abonaron los multimillonarios sobornos. Naturalmente que, en la perspectiva de los jueces, tales condiciones no solo son inaceptables, sino también ilegales.

Sin embargo, y más allá de consideraciones técnico-jurídicas, parece estar claro que los magistrados argentinos estarían más interesados en conocer la identidad de los coimeros (quienes propusieron los sobornos) antes que la de los coimeados. Los primeros son, en general, ciudadanos brasileños. Los últimos son argentinos, y todo explicitaría que se trata de renombrados ex funcionarios de la gestión kirchnerista -sin descartarse, claro está, que pueda emerger algún alto nombre que hoy revista en la Administración Cambiemos.

 

La declaración de Martínez de Giorgi apunta a esa dirección. Aunque resulta inevitable repasar ciertos prolegómenos que versan sobre el recorrido de al menos tres de los magistrados que entienden sobre el Caso Odebrecht. Casanello fue, en su oportunidad, acusado de ralentizar hasta la exasperación la causa que involucra a Lázaro Báez, y de haber sobreseído a Mauricio Macri en el affaire de las escuchas ni bien éste ocupó la primera magistratura. Por su parte, Rafecas llevó su popularidad a límites desconcertantes cuando desestimó (en tiempo récord) la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman versus la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Y Martínez de Giorgi optó por sobreseer al cuestionado camarista Eduardo Freiler en denuncias primigenias por enriquecimiento ilícito, que el letrado Ricardo Monner Sanz había interpuesto ya en 2015.

Las idas y vueltas del caso Odebrecht abonan la teoría del ex juez Mariano Bergés, en relación a la miríada de formatos con que los magistrados cuentan a la hora de tomar una decisión de no investigar, aún simulando que lo hacen. Entre esos formatos, se cifran llamados recurrentes a declaración indagatoria, generación sistemática -una y otra vez- de nuevas medidas de prueba, el disponer allanamientos de manera tardía, el enviar exhortos al exterior, y otras delicias. Es de desear que éste no sea el caso.

 

Aquella frase del anónimo periodista radial cobra verdadera dimensión cuando se husmea por debajo de la superficie, tanto en el terreno judicial como en el político. Circula, en algunos pasillos, la hipótesis de que el dinero que contaban Martín Báez (foto; crédito: Todo Noticias, TN) y allegados en 'La Rosadita' no era del kirchnerismo, sino de Angelo Calcaterra -dilecto primo presidencial. Y que los bolsos voladores de José Lopez fueron, en realidad, subproducto de coimeros oriundos del macrismo.

 

¿Serán absurdas estas presunciones? Todo mundo tiene derecho a no darlas por certeras, pero la abundancia de conjeturas tiene un origen insoslayable, a saber, el ruidoso descrédito de la administración de justicia en la República Argentina.