Mar del Plata, escondrijo de la asociación ilícita 'Justicia Legítima'

Episodios sumamente extraños han venido sucediéndose en la ciudad argentina de Mar del Plata desde que, en 1988, se develaran los prolegómenos de la denominada 'Operación Langostino' -maniobra furtiva en la que narcotraficantes colombianos y argentinos intentaron contrabandear a Europa un aproximado de 600 kilogramos de cocaína de máxima pureza, sapientemente disimulados en productos de mar. Un año antes, en 1987, supo ventilarse la Operación Anchoas (50 kilos de clorhidrato de cocaína fueron confiscados entonces). Ya en 2005, aterrizó en los titulares la Operación Pez Blanco, que dejó como resultado la captura de 520 kilos -nuevamente, de cocaína. En todos estos casos (y en otros muchos que la prensa nacional no llegó a cubrir), la ciudad costera por excelencia fue protagonista central, corriendo el velo sobre la importancia estratégica del puerto marplatense para contrabandistas extranjeros y locales cuya meta es -criteriosos procesos de mercadotecnia e ingeniería financiera mediante- comercializar estupefacientes a altos precios en el Viejo Continente. Adicionalmente, la probada sinergia entre industria pesquera y tráfico quedará reservada al apartado del análisis estrictamente operacional/logístico de los cárteles y sus secuaces locales, que bien saben explotar -para propio provecho- las circunstancias socioeconómicas devueltas por un sitio dado.

Para observadores locales y expertos internacionales, el anecdotario de Langostino o Pez Blanco no estaba llamado a trascender las páginas de la sección Policiales de cualquier matutino. Al menos hasta que, en marzo de 2008, agentes de policía de la Provincia de Buenos Aires allanaron un depósito en Mar del Plata -capturando a un grupo de narcotraficantes y procediendo a decomisar una cuantiosa carga de cocaína. Un año más tarde, los magistrados Roberto Atilio Falcone [foto en despacho], Mario Portela y Néstor Parra (Tribunal Oral Federal de la ciudad costera) resolvieron que los allanamientos ejecutados por los agentes estaban viciados de nulidad, lo cual derivó en la libertad inmediata de seis detenidos (aún cuando habían sido sorprendidos in fraganti manipulando el cargamento). La investigación de inteligencia previa le había llevado más de dos años a los agentes y, gracias a los buenos oficios de la intervención judicial -que puso de suyo a los efectos de privilegiar el interés delictivo antes que el bienestar ciudadano-, sus logros remataron en el fondo del más maloliente basurero.

En el escrito respectivo, los jueces justificaron su decisión en que el procedimiento policial se había llevado a cabo en horario nocturno, en franca violación del Artículo 225 del Código Procesal Penal -el cual explicita que los allanamientos deben realizarse 'desde que salga hasta que se ponga el sol, salvo casos graves y urgentes, o cuando peligre el orden público'. En el caso de referencia, incluso la Fiscalía tomó partido por lo resuelto por los jueces, poniéndose del lado de los traficantes de droga y subrayando, con desconcertante recalcitrancia, la 'nulidad' que tiñó al operativo.

El vertiginoso conato vinculado al allanamiento se trasladaría luego a los medios de comunicación: en ese entonces, el ex Director de SEDRONAR (Secretaría de Prevención Contra el Narcotráfico, dependiente de la Nación), José Ramón Granero, llevó a cabo un tour por distintos medios para emprenderla contra el juez Falcone y sus funestos partenaires. En una entrevista telefónica concedida a la señal TN (Todo Noticias), Granero terminó siendo humillado por la locutora Lorena Maciel -la referida periodista se aferró a los mismos argumentos presentados por Falcone, citando cierto costumbrismo policial de allanar 'en cualquier horario y lugar, como en las épocas de la Dictadura'. Para Granero, aquéllo sería la proverbial gota que derramaría el vaso; tras una cinchada sorda con el ex ministro kirchnerista Aníbal Fernández, abandonó SEDRONAR y se refugió en el más taciturno de los ostracismos.
 
Años después de registrados estos hechos -y ya con el kirchnerismo en control de los resortes del Gobierno Nacional-, la ex jefe de Estado Cristina Fernández de Kirchner motorizó el diseño de un consorcio de magistrados, fiscales y funcionarios judiciales de andariveles variopintos, a criterio de aunar esfuerzos con miras a terminar de domar a jueces y fiscales que no suscribían su proposición populistoide y su verborragia retórico-ideológica. Ese consenso sería luego bautizado como 'Justicia Legítima' y, al tope del organigrama, logró encumbrarse a la figura de Alejandra Magdalena Gils Carbó, a la sazón, Procuradora General.

No obstante, sería ingenuo describir la agenda de Justicia Legítima como un mero instrumento propagandista de proyección panfletaria: al esfuerzo declarado de 'democratización de la justicia', el consorcio de Gils Carbó le sumaría, a posteriori, la estratagema de abroquelar a sus elementos en todo juzgado y fiscalía posible, bajo la orden estricta de jamás abandonar el barco (aún después de cimentada la remoción del kirchnerismo de Balcarce 50 y de todos los circuitos de poder, por vía del voto popular). En tal contexto, Mar del Plata se ofrece como leading case en la materia: los arriba mencionados Falcone, Portela y Parra suscriben públicamente a los objetivos del pseudomovimiento, y ello conduce a una conclusión inexorable: Justicia Legítima no es otra cosa que una entidad que tiene a la asociación ilícita por variable aglutinante. Sus actores centrales y de reparto no se han esmerado en ocultar su connivencia con el narcotráfico y el crimen organizado en general -toda vez que la caída en desgracia de la Procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo -íntima de Aníbal Fernández-, les ha representado un durísimo golpe. Como también lo ha sido el reciente alejamiento del comprometido fiscal de San Isidro Julio Novo, y el procesamiento de Mariana Busse (Fiscalía de San Fernando, PBA), señora esposa del abogado defensor de traficantes por excelencia Carlos Broitman -quien ha sabido trabar y alimentar sugestivas amistades en 'La Feliz'.

En lo que consignaría un espejo ciertamente inconveniente, los latiguillos retóricos del núcleo Justicia Legítima operan en sintonía con el empleado por el terrorismo que asuela a ciertas naciones caribeñas, recurriendo a sentencias pro-derechos humanos como táctica para disimular su abyecto involucramiento en el narcotráfico. Así las cosas, la cofradía de Gils Carbó y sus camaradas ha procedido igual que lo han hecho los traficantes en los Estados Unidos Mexicanos o en la República de Colombia de los años de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, esto es, infiltrando a la administración de justicia y carcomiéndola desde dentro para sostener el cobro del peaje.

Por lo demás, el elenco de Justicia Legítima en la ciudad de Mar del Plata se completa con Santiago Inchausti (juez federal de primera instancia con respaldo de La Cámpora y, de acuerdo a entendidos, protegé del magistrado Ariel Lijo -quien, convenientemente, entiende sobre comisión de delitos de corruptela por parte del ex Vicepresidente Amado Boudou-; los jueces Jorge Ferro y Alejandro Tazza (jueces de Cámara); Daniel Adler (Fiscal ante la Cámara Federal, con antecedentes de amenazar a colegas); y los también fiscales federales Laura Mazzaferri y Nicolas Czizik. En éste espacio, el analista Pablo Portaluppi se ha ocupado de compartir un cuadro completo que ha arrojado esclarecedora luz sobre el comportamiento de casi todas estas 'personas de interés'.

El viernes de la semana próxima, 14 de julio, se lanzará en Mar del Plata el programa intitulado 'Programa para formación de promotores territoriales para prevenir la violencia de género', con la participación estelar de Alejandra Gils Carbó. Huelga decir que acompañarán a la Procuradora las más reputadas luminarias de Justicia Legítima en el orden local. Mirones de personalidad socarrona podrían apuntar que el cónclave podría, en mucho, emular a un simposio del crimen organizado -casi como si se tratase de un convite ingeniado por la camorra ítaloamericana, aunque sin el buen gusto ni los códigos de honor que harían al caso. Todo a la medida del zeitgeist hoy vigente en la atribulada República Argentina.