Mar del Plata: denuncia contra Alejandra Gils Carbó por otro inmueble

La denuncia de referencia tomó estado público el 14 de mayo de 2017, a partir de un artículo de Diario Clarín. Allí, el periodista-investigador Nicolás Wiñazki revelaba que el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Alejandra Gils Carbó, había firmado un contrato de alquiler por 36 meses por la suma de $6.948.000, con el objeto de mudar las fiscalías de la ciudad de Mar del Plata a un edificio que aún no había sido construído. A la luz del reciente pedido de indagatoria que hiciera el fiscal Eduardo Taiano contra la Procuradora por la presunta adquisición irregular de un edificio en la ciudad de Buenos Aires por parte del MPF, sería necesario profundizar sobre cuestiones no tan conocidas sobre el citado contrato de alquiler.

 

Este medio accedió a la denuncia completa que presentara el fiscal ante el Tribunal Oral Federal marplatense, Dr. Juan Manuel Pettigiani. Mar del Plata posee cuatro fiscalías federales: además de la mencionada ante el Tribunal Oral Federal (TOF), se cuenta la fiscalía ante la Cámara Federal, y dos de primera instancia. Estas dos últimas se hallan a cargo de los Dres. Nicolás Czizik y Laura Mazzaferri. El Fiscal General de Cámara es el Dr. Daniel Adler, de recordada participación en el malogrado jury versus José María Campagnoli. Los tres letrados mencionados pertenecen al nucleamiento Justicia Legítima. Adler, además, es el titular local de dicha agrupación judicial, desde el 18 de junio de 2015.

 

A través de la resolución administrativa 113/2016, el Director General a cargo de la Secretaría General de Administración, Contador Jorge Daniel Argüello, resolvió adjudicar por contratación directa por exclusividad 52/2015, la locación del nuevo inmueble, en Av. Independencia 3179, por el término de 36 meses. Esto es, que no se convocó a licitación pública. No obstante, y hacia la misma época, el Ministerio Público sí decide licitar, para la locación de inmuebles en las ciudades de Córdoba y Formosa. El carácter invocado para no llamar a licitación en Mar del Plata es una aparente 'urgencia'.  

 

Las fiscalías funcionaban en Av. Colón 1090, en la llamada 'Villa Normandy', cuyo contrato había caducado el 30 de noviembre de 2014. Pese a ello, siguieron ocupando el inmueble hasta que, desde el 31 de octubre de 2015, el MPF debió comenzar a abonar una multa de $5.000 por cada día transcurrido sin contrato. Recién hicieron efectivo el traslado al nuevo edificio en enero de 2016. El Dr. Pettigiani, en su denuncia, dice: 'Se observa que la situación de urgencia no existiría, ya que desde noviembre de 2014 hasta enero de 2016 existió una ventaja de casi 14 meses para el correcto trámite del reemplazo de la sede de las fiscalías'.

 

En la resolución para la contratación directa, se hace mención a que el convenio de desocupación que se firmó entre el MPF y la antigua sede de Villa Normandy, se celebró por 'la imposibilidad de llegar a un acuerdo económico satisfactorio…'. Allí, se efectivizaba un alquiler mensual de $34.800. En la nueva sede, abonan mensualmente $193.000. Aunque el edificio cuenta nueve pisos -todos ocupados por el Ministerio-, los especialistas aseguran que el monto del contrato es en extremo oneroso, teniendo en consideración los precios de mercado vigentes. Asimismo, la mencionada resolución afirma que el propietario de Villa Normandy no mostraba voluntad para efectuar reparaciones estructurales. Fuentes consultadas afirman que el estado del inmueble era impecable.

 

Otra de las sospechas del Dr. Pettigiani está dirigida a la forma en que se decidió el alquiler del inmueble de Av. Independencia. El MPF informa: 'Se inició un amplio relevamiento de la oferta inmobiliaria, a partir del cual se localizaron un conjunto de inmuebles sobre los que se evaluó el cumplimiento de condiciones y requisitos técnicos (...), y donde se descartaron decenas de inmuebles'. Tales requisitos eran, por ejemplo, viabilidad de su ocupación de manera inmediata, diseño arquitectónico, y funcionalidad. Descartado un inmueble de la calle San Martín 3011 por Adler, Mazzaferri, Czizik y Larriera (subrogante) por considerarlo no apto por su ubicación céntrica y su escasa luminosidad, se decidió por el finalmente elegido. La sospecha queda, inmediatamente, instalada: ¿cómo era posible evaluarse su conveniencia, si el edificio ni siquiera estaba construído? Si bien la resolución firmada por el CPN Argüello es del 19 de enero de 2016, Pettigiani deja constancia en su denuncia que se firmó una carta de intención el 14 de septiembre de 2015, cuando el inmueble estaba a medio construir. 

 

En otro tramo de su denuncia, el fiscal ante el TOF afirma: 'El edificio aún no está terminado (...) El Fiscal de Cámara (Adler) dispuso la conformación de un equipo interdisciplinario con la finalidad de evaluar la construcción de una cámara Gesell, auditorio, sala de conferencias, etc. , sin explicitar cuáles son las razones para contar con esos espacios, ni los recursos públicos a utilizar'. Y cuenta: 'Se ha instalado una fiscalía por piso. Las fiscalías de primera instancia funcionan con una decena de personas entre funcionarios y empleados en un espacio aproximado de 10x3 mts'. Agrega luego: 'El edificio cuenta con un exiguo ascensor de 1,5 mts x 1 metro, con el cual se pretende cubrir la demanda de 9 pisos y más de 50 empleados, sumado a las personas que concurren diariamente'. Según se desprende de la denuncia, el edificio no reuniría las condiciones necesarias. Al día de hoy, la fachada del mismo lo confirma: el local de planta baja, donde funcionó una heladería, está deshabitado y en estado de abandono. La pintura se encuentra descascarada.  Al mismo tiempo, se puede observar un guardia en la entrada con precarias condiciones de trabajo. Y el único indicativo de que allí funcionan las fiscalías es un afiche pegado al vidrio donde dice 'Ministerio Público Fiscal'.

 

Otro punto que genera suspicacias en el Dr. Pettigiani es el propietario del inmueble locado. Se trata de la firma 'Dale Nena SRL', creada el 28 de febrero de 2012, integrada por Guillermo Héctor Giuzzi y Patricia Marcela Rodriguez, constituída con un capital inicial de $20.000. Como dato curioso cabe consignar, además de la falta de antecedentes comerciales de los propietarios, que tanto Giuzzi como Rodríguez -al momento de la celebración del contrato- se hallaban inscriptos ante la AFIP como monotributistas. El primero en la categoría F (hasta $192.000 mensuales), cuya actividad es 'Servicios de programación'. Y la segunda en la E ($144.000), como 'Servicios empresariales'. 

 

Los delitos que el fiscal solicita que se investiguen son los de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración, evasión tributaria y lavado de activos. La denuncia del Dr. Pettigiani, realizada en marzo de este año, aún aguarda por un magistrado que decida instruirla.  

 

Desde este espacio, se ha certificado que el foco de la resistencia kirchnerista se halla estricta (y casi exclusivamente) en el ámbito de la justicia. En este sentido, la ciudad de Mar del Plata, con una pobrísima gestión del Intendente de Cambiemos, Carlos Arroyo, se ha convertido en un laboratorio de prueba. A fines de junio pasado, se realizó un encuentro en la facultad de Derecho -en el que confluyeron prominentes figuras de Justicia Legítima de todo el país, con el camarista Alejandro Slokar a la cabeza. Y se anunciaba para estos días la presencia de Gils Carbó, que finalmente fue cancelada. 'Mar del Plata es un feudo de Justicia Legítima', ha advertido -en reiteradas oportunidades ya- el Juez Alfredo López.  

 

En 2016, en la ciudad costera, fueron agredidos con piedras el Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También fue Mar del Plata la locación seleccionada por la ex jefe de Estado Cristina Kirchner, para inaugurar su campaña de cara a los próximos comicios legislativos, acto en un teatro céntrico mediante. La ciudad sólo habla de eso.