Mar del Plata y el kirchnerismo; episodio Uno: Jorge Ferro

La denuncia contra el juez de Cámara de Mar del Plata Jorge Ferro por parte del Ministerio Público Fiscal -a través de las Procuradurías de Trata de Personas (PROTEX) y de Lavado de Activos (PROCELAC)-, radicada ante el Consejo de la Magistratura y ante la justicia penal, y ya explicitada por este medio (ver link) podría, para algunos, llamar a confusión. Ferro no es un enemigo de Justicia Legítima, la agrupación judicial kirchnerista con fuerte arraigo en la ciudad balnearia. En rigor, se trata de un magistrado que ha sabido flotar en aguas variopintas, como el recordado hombre corcho de Roberto Arlt.

 

Uno de los asuntos que el camarista más se esfuerza en ocultar es su designación como juez de primera instancia. A través del Decreto 445, fechado el 27 de agosto de 1982 [click en los documentos, para ampliar las capturas], el presidente de facto Reynaldo Bignone lo designó Juez Federal de la ciudad de Azul. Este hecho en sí mismo no significaría gran cosa, de no ser porque el kirchnerismo, durante sus doce años de gestión, echó mano de escenarios como éste para remover a funcionarios judiciales que no comulgaban con su causa. En la práctica, y tomando nota de su descargo ante el Consejo, Ferro afirma que la denuncia en su contra tiene relación con su pretendida lucha por esclarecer los delitos de lesa humanidad registrados durante la dictadura militar: 'Dos razones me llevan a explicar los motivos de esta denuncia. La primera de ellas es mi actuación en causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos'.

 

No obstante, lo actuado por el letrado en la desaparición de Carlos Labolita, acontecida el 25 de abril de 1976, se caracterizó por aspectos controversiales. Labolita, amigo y compañero de estudios del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, fue secuestrado en la localidad de Las Flores, cercana a Azul. Ferro se desempeñaba como secretario de juzgado de dicha ciudad, desde el mes de febrero de 1975. Tras ser nombrado titular del juzgado, debió investigar la desaparición de Labolita. Pero, en conformidad con los testimonios recogidos, recién en 1985 -ya en democracia-, decidió imputar a dos militares para luego declararse incompetente y remitir las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Diez años más tarde, el juez Juan José Comparato se hizo cargo de la causa. Este magistrado avanzó con las investigaciones, logrando imputar a un grupo de ex uniformados, los cuales interpusieron recursos de apelación -luego resueltos por la Cámara Federal de Mar del Plata. Dato de color: Ferro intervino como camarista en una causa en la que había tomado partido como juez de una instancia inferior. Para este caso, vale el mismo razonamiento anterior: en tanto lo actuado por él en el caso Labolita podría no ser condenable, lo cierto es que, por mucho menos, se ha denunciado a numerosos magistrados a partir de actuaciones presuntamente dudosas en tiempos del gobierno militar. 

 

Jorge Ferro arribó a Mar del Plata en 1986. Seis años más tarde, en 1992, fue designado juez de la por entonces flamante Cámara Federal, cargo que aún ostenta. En el año 2006, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber ordenado detener ilegalmente a un puñado de personas, entre ellos a un cuidacoches en la vía pública (por haberle indicado éste que no estacionara su auto en doble fila), a un funcionario de la estación de tren (tras no haber atendido debidamente a su requerimiento), y a menores (por haber ingresado con una pelota de fútbol a su propiedad). Pero, en la referida denuncia, también se consigna que Ferro habría presionado y coaccionado a empleados y funcionarios judiciales. Este aparente destrato se repite en la actualidad. De acuerdo con el testimonio de tres personas que desempeñan funciones en la Cámara, el clima de trabajo con el camarista es ya intolerable: 'Te enferma. Te tira 300 expedientes en la cara, y quiere que lo resuelvas en el día. Como sabe que es imposible, después te c... a pedos por incumplir, y te sanciona. Todos sus empleados terminan con carpeta médica', fue apenas uno de los comentarios. La denuncia ante el Consejo, que también incluía acusaciones por presunta coacción a jueces de primera instancia -para que lo absolviesen en una causa por enriquecimiento ilícito- fue finalmente desestimada. 

 

Las fuentes consultadas por éste medio, todos ellos prominentes integrantes de la familia judicial marplatense y enemigos declarados del consorcio Justicia Legítima, no dudan en afirmar que la situación del camarista es hoy extremadamente delicada. 'Ferro está complicado. De ésta, no se salva', afirma un reconocido magistrado. Y agrega: 'El problema es que no lo quiere nadie. Ni los buenos, ni los malos. Mientras fue funcional al kirchnerismo en las causas por lesa humanidad, pudo sobrevivir, pero nunca fue muy querido'. Una de las pruebas que ofrecen para demostrar su enorme capacidad de adaptación es la causa contra Vicente Massot, ex director del diario bahiense La Nueva Provincia. Como integrante del Tribunal de Bahía Blanca, Ferro decidió la formación de un proceso contra Massot por la desaparición de dos empleados del diario en 1977. A la postre, la causa no prosperó, y fue dictada la falta de mérito de los imputados en primera instancia. La Cámara de Bahía Blanca confirmó el fallo. Lo curioso del caso es que el Tribunal de Alzada es integrado por Jorge Ferro como juez subrogante. Se entiende: él mismo decidió desestimar una causa por él formulada. El dato lo aporta un colega suyo: al momento de intervenir como camarista, los Kirchner no estaban en el poder.   

 

Todos los comentarios coinciden en un punto: el juez cuenta con la protección del hombre fuerte y ciudadano español Florencio Aldrey Iglesias, propietario de los dos grandes diarios y las radios más importantes de la ciudad, como así también de hoteles y diversos emprendimientos. 'Pero Aldrey ya no es lo que era. Está viejo, y Scioli no es más gobernador', recuerda un abogado local. 

 

En la denuncia que hoy tramita ante el Consejo de la Magistratura, en la que se le formulan cargos por prevaricato y tráfico de influencias con el imputado Alejandro Ferrarello, entre otros delitos, destacan otros más graves, como trata de personas y lavado de activos -por proteger al prostíbulo vip Madaho's, que supo generar pingües ganancias. Ante esa catarata de denuncias, Ferro presentó un extenso descargo. En relación a su vínculo con el citado Ferrarello, eje central de la denuncia, explicita: 'Nunca fuimos a cenar, tomar café, como si fuésemos amigos (...) Cierto es que, al cabo de los años y esporádicamente, nos saludábamos ante un encuentro casual en la vía pública (...)'. 'Feliz cumpleaños, viejito. Que lo pases bien, y andá pensándola cuando pagás una cena', escribe Ferrarello a Ferro en un mensaje de la aplicación Whatsapp. 'Hola Alejandro. Espero estés disfrutando al máximo las vacaciones. Acá, un frío de cagarse (...)', replica Ferro a Ferrarello en un email. Ambos mensajes denotan una relación bastante más que casual. Adicionalmente, cabe consignar que el ex titular de ARBA (el organismo recaudador de impuestos en tiempos de la gestión Scioli), Iván Budassi, solía pernoctar durante sus viajes por trabajo a Mar del Plata en el domicilio particular de Ferrarello.  

 

'Los imputados en dicha investigación (Madaho's) poseen una red de contactos y un nivel económico que les ha permitido continuar con una actividad que violaban flagrantemente los derechos humanos de numerosas mujeres que se han visto sometidas a estas prácticas de explotación sexual, bajo un manto de tolerancia pública', sostiene la denuncia en su párrafo final. 

 

Postergado el caso de Eduardo Freiler, no son pocos los que se arriesgan a suponer que el oficialismo necesita un triunfo en el Consejo de la Magistratura. Invariablemente, la silueta del polémico Jorge Ferro se recorta contra el horizonte.