¿Debería AIPAC registrarse como Agente Extranjero en Estados Unidos?

La pasada semana, el Comité Judicial en la Cámara de Senadores de Estados Unidos pospuso una reunión convenida ostensiblemente para conversar el fallo a la hora de reforzar el Acta de Registración de Agentes del Extranjero de 1938 (Foreign Agents Registration Act, FARA). Originalmente reprogramada para la semana que ahora inicia, el cónclave hubiese tenido como protagonistas a Donald Trump Jr. y al ex organizador de campaña Paul Manafort, para que testifiquen sobre su controvertida reunión en la Torre Trump, pero sus citaciones fueron canceladas a último minuto, luego de que convinieran la entrega de documentación. La reunión de junio de 2016 bajo investigación incluyó a la abogada de origen ruso Natalia Veselnitskaya, al lobista Rinat Akhmetshin, al publicista Rob Goldstone, al hombre de negocios Ike Kaveladze, y al traductor Anatoli Samochornov. El yerno de Trump, Jared Kushner, también asistió -en apariencia, solo brevemente.

La audiencia en el Comité Judicial fue originalmente diseñada para examinar los posibles vínculos con Rusia del ex periodista y titular de la firma de investigaciones Fusion GPS, quien se hallaba detrás del infame dossier sobre Trump que apareció en enero. En rigor, todo ello remite al extendido esfuerzo que busca determinar si acaso Moscú interfirió con los comicios de 2016, en favor de la campaña de Donald Trump.

FARA fue creada en épocas de la Segunda Guerra Mundial, a los efectos de monitorear la actividad de lobistas y agentes italianos, alemanes y japoneses, sobre quienes se creía trabajaban con esmero en territorio estadounidense para influir sobre la opinión pública, así como también para obtener votos en el congreso que favorecieran a sus respectivas naciones patrocinantes. La intención del Acta consistía en forzar a los 'agentes extranjeros' a registrarse en el Departamento del Tesoro, a los efectos de que identifiquen a los gobiernos que los respaldaban. A la postre, debían revelar el origen de sus ingresos financieros.

Pero FARA no es reforzada con rigurosidad, factor que el Comité Judicial estaba llamado a analizar en relación a Rusia. Con todo, pueden haber consecuencias para aquellos que la ignoren. El ex Consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn se vio forzado recientemente a registrarse como agente de Turquía, luego de haber recibido él US$ 530 mil en pagos para respaldar la visión de Ankara en relación a los individuos que se creía estuvieron detrás del intento de golpe en aquel país el año pasado.

Irónicamente, el lobby extranjero más poderoso y efectivo en Washington comporta tal supremacía que ha logrado evitar registrarse durante los últimos 55 años. El Comité Americano-israelí de Asuntos Públicos (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) fue controntado recientemente por FARA, cuando su organización predecesora, el Consejo Americano-sionista (American Zionist Council) recibiera presiones de parte del Departamento de Justicia de John F. Kennedy en 1962 y 1963. La muerte de Kennedy detuvo esos esfuerzos -y puso fin a los intentos de la Casa Blanca de hacer responsable a Israel por el desarrollo de su programa secreto de armas nucleares (que reposó en material nuclear removido ilegalmente desde los Estados Unidos, con la connivencia de una firma privada localizada en Pennsylvania, de nombre NUMEC).

El sitio web de AIPAC declara que oficia como un 'Lobby pro-Israel en los Estados Unidos', de tal suerte que, bajo su propia confesión, funciona claramente como una subsidiaria de Israel. Gastó US$102 millones en 2015, contaba con 396 empleados en 2013, y afirma contar con 100 mil miembros, muchos de los cuales se encuentran organizados en ciudades y estados. Asimismo, se beneficia de ser una organización eximida de pago de impuestos -bajo el título 501(c)4-, y promueve la 'comprensión internacional'. Su cumbre anual en Washington atrae a más de 15 mil participantes, incluyendo congresistas y a otros funcionarios de carrera del gobierno. Cubre a Capitol Hill de lobistas, y deviene en una fuente prolífica de papers que explican la perpeción del Estado de Israel sobre lo que sucede en Oriente Medio. Cuenta con fácil acceso a los medios y a políticos en Washington, de forma que frecuentemente redacta Proyectos de Ley que el congreso luego propone.

No existe lobby en Washington que sea benigno. Los lobbies existen para subvertir el interés público. Estos promocionan agendas específicas, y no buscan optimizar el bienestar general del público estadounidense. Los lobbistas dirán que se desempeñan en el negocio de la información, que alertan a los congresistas sobre hechos que impactarían en la legislación pendiente, pero la realidad es que, sin embargo, todo lobby se ve motorizado por el propio interés.

El poder del lobby israelí y de AIPAC no le sale gratis al pueblo de los Estados Unidos. El actual plus de US$ 3 mil millones que Israel -país que cuenta con una sólida posición económica, digna del primer mundo- recibe en materia de asistencia militar engrosa los US$ 130 mil millones que ha recibido desde 1949. El esfuerzo de proteger a Israel en organizaciones internacionales como Naciones Unidas ha marginado, en ocasiones, a los Estados Unidos en tales organismos y, en éste caso, se ha notado la influencia del lobby en la política exterior americana. En 2010, el General David Petraeus expresó que las políticas de Israel estaban poniendo en peligro al personal militar estadounidense en Oriente Medio. Sin embargo, retrocedió rápidamente.

Alguna vez, Steven Rosen (de AIPAC) replicó a un entrevistador: '¿Ve Usted esta servilleta? En 24 horas, podríamos contar con la firma de setenta senadores en esta servilleta'. Rosen, en realidad, quiso decir que los congresistas firmarían cualquier cosa que se les llevara, si eso satisfacía a Israel. Recientemente, el congreso de los Estados Unidos ha estado trabajando en Proyectos que criminalizarían a grupos o individuos que respaldasen un boicot contra Israel. Y no sería la primera vez. El acuerdo ómnibus sobre comercio de 2015 con Europa incluyó una enmienda que ordenaba que toda nación que se involucrase en algún boicot contra Israel y que incluya a los 'territorios controlados por Israel' debería quedar sujeto a represalias de parte de los Estados Unidos.

En la actualidad, existen dos Proyectos que dan forma al Acta contra Boicots versus Israel de 2017 (S.720 y H.R. 1697), que están siendo considerados por el Senado y por la Cámara, que destacan en comparación con cualquier deferencia previa para con los intereses israelíes. El Proyecto del Senado fue introducido por el Senador Ben Cardin, quien también tuvo participación en las enmiendas para la legislación comercial que protege a Israel. De acuerdo con la Agencia Telegráfica Judía (Jewish Telegraph Agency), el Proyecto fue redactado con la asistencia de AIPAC. Esa legislación, que casi seguramente sería rechazada por inconstitucional si acaso se convirtiera en Ley, es particularmente peligrosa, y va más allá que cualquier legislación pro-Israel anterior, negando -en esencia- la libertad de expresión toda vez que el tema bajo discusión es Irael.

Las dos versiones del Proyecto que ahora danzan en el Congreso cuentan con 238 patrocinadores y co-patrocinadores en la Cámara, y 46 en el Senado. Si Usted hace los números, se percatará de que esas cifras ya constituyen de por sí una mayoría en la Cámara, y que solo necesita de cinco más en el Senado -de tal suerte que la aprobación de los Proyectos está virtualmente asegurada. Los patrocinadores del Proyecto incluyen a numerosos congresistas que, en el pasado, frecuentemente han opinado en favor de la libertad de expresión, con el Senador Ted Cruz afirmando, en 2014, por ejemplo, que 'La Primera Enmienda fue puesta en marcha a los efectos de proteger a los discursos poco razonables. Yo, por mi parte, ciertamente no deseo ver que nuestra libertad de expresión se vea limitada para reflejar que lo que piensan los políticos elegidos en Washington es razonable'.

El movimiento que ha puesto particular foco en los Proyectos es conocido como BDS (Boycott, Diversificación y Sanciones; Boycott, Divestment, and Sanctions). Se trata de una reacción no violenta ante la ocupación militar israelí de tierra palestina y de Cisjordania, y ante la recurrente construcción de asentamientos solo para israelíes. BDS ha sido condenada tanto por el gobierno israelí como por AIPAC. El sitio web de AIPAC, que describe la agenda de lobby del grupo, incluye la promoción del Acta Contra Boicots Versus Israel como una prioridad.

El gobierno israelí y sus simpatizantes estadounidenses temen particularmente a BDS, porque se ha vuelto en extremo popular, especialmente en los campus universitarios, en donde se han tomado medidas administrativas para suprimirla. La negación de la libertad de expresión en los campos, toda vez que se tiene que ver con Israel, ha recibido con frecuencia la calificación de 'excepción palestina'. Sin embargo, el mensaje continúa resonando, debido a su apelativo en pos de la no violencia y en pos de los derechos humanos. Esa propuesta desafía el arbitrario dominio militar israelí sobre 3 millones de palestinos en Cisjordania, que acusan onerosas restricciones, impuestas en cada aspecto de su vida cotidiana. Y el metamensaje es que Israel es un Estado paria que se involucra en acciones consideradas tanto ilegales como inmorales, lo cual el gobierno en Tel Aviv ve como un factor potencialmente desestabilizador.

Veintiún legislaturas estatales ya han aprobado numerosas leyes para confrontar a BDS, en muchos casos promoviendo reprimendas económicas contra organizaciones que boicoteen a Israel o que nieguen fondos estatales para universidades e institutos que permitan que defensores de BDS operen con libertad en sus campus. La legislación federal pendiente iría un paso más allá, criminalizando a cualquier ciudadano estadounidense 'que se involucre en comercio interestatal o exterior' que respalde un boicot contra Israel, o contra quien 'busque información' sobre BDS, con penalidades reforzadas a través de enmiendas en dos leyes ya existentes, el Acta de Administración de Exportaciones de 1979 y el Acta de Importaciones y Exportaciones de 1945, que incluye potenciales multas de entre US$ 250 mil y US$ 1 millón, y hasta veinte años de prisión efectiva.

Lo que resulta interesante, un número de iglesias -entre las que se cuenta a las presbiteriana, los menonitas y a la Iglesia Unida de Cristo- podrían verse sujetas a medidas punitivas autorizadas por la legislación. Y también es interesante apuntar que los Proyectos no reprenderían a nadie que tenga relaciones comerciales con Israel, por otras razones que no sean políticas. La reprimenda sobrevendrá cuando se explicite que una persona no está involucrada en negocios con Israel, debido a objeciones en relación a lo que Israel hace a los palestinos.

Otro autor de The American Conservative, Daniel Larison, ha observado que, aún si uno asume que la legislación habrá de hacer frente a planteos judiciales y que jamás podría llegar a aprobarse, resulta descorazonador considerar que una clara mayoría de congresistas estadounidenses piensen que es perfectamente aceptable negar a la totalidad de los ciudadanos de EE.UU. el derecho a ejercer libertad de expresión política, a criterio de defender una ocupación internacional de carácter ilegal, ejercitada por una nación extranjera. El hecho de que la ocupación es ilegal ha sido reiteradas veces por Washington, lo cual contradice a la mismísima política expresada en la legislación que busca aprobarse.

Estos Proyectos tienen como co-patrocinadores a Demócratas, Republicanos, progresistas y conservadores, por igual. La deferencia ante los intereses israelíes es bipartidista, y cruza toda frontera ideológica. Glenn Greenwald y Ryan Grim, escribiendo para The Intercept, observan que '(...) la sola mención de la palabra "Israel" empuja a la mayoría de los miembros de ambos partidos a rápidamente ponerse en línea, en una muestra de unanimidad que haría morirse de envidia al régimen de Corea del Norte'.

Finalmente, la recurrente presión para convertir a cualquier crítica contra Israel en ilegal es particularmente peligrosa, conforme tiene alcance internacional. En efecto, se trata de un fenómeno global. Allí donde uno vaya -Europa Occidental, Canada, Australia, Nueva Zelandia o Estados Unidos-, existe siempre un bien organizado y financiado lobby, dispuesto a ir a la guerra para proteger a Israel. En Francia, es ilegal vestir una camiseta apoyando a BDS, o siquiera mostrarse a favor de esa iniciativa. Gran Bretaña ha introducido leyes que incluyen la definición de la crítica contra Israel bajo la etiqueta de antisemitismo. En Canada, todo respaldo por BDS ha sido ponderado como un crimen de odio.

¿Solucionará todo aquello la registración de AIPAC en FARA? Desde luego que no, pero sería un buen primer paso. AIPAC podría, entonces, reconocer que actúa en favor de un gobierno extranjero, y sus fuentes de ingreso deberían, en ese caso, ser sometidas a escrutinio. Mientras el congreso está ocupado buscando agentes rusos bajo el Acta FARA, quizás podría invertir algo de tiempo para examinar la perniciosa influencia del nunca registrado lobby israelí, que se mueve con absoluta libertad.


Artículo original en inglés, en http://www.theamericanconservative.com/articles/aipac-should-register-as-a-foreign-agent/