Argentina: la intervención de la Provincia de Santa Cruz, en carpeta

La versión corrió con fuerza el último fin de semana en Mar del Plata, y fue confirmada desde un importante medio de Santa Cruz: el Gobierno Nacional tiene en estudio la intervención de la provincia austral, y uno de los candidatos a asumir como interventor es el actual juez federal de la ciudad balnearia Alfredo López. El magistrado habría sido tanteado en persona por la propia Mariana Zuvic (se adjunta fotografía), consabida protegé de Elisa Carrió y dirigente que cuenta con ponderaciones en general positivas desde los grandes medios de comunicación nacionales. La parlamentaria electa del Parlasur se habría reunido con el Dr. López en Mar del Plata y en la Exposición Rural de Palermo. 

 

La provincia que fuera gobernada por Néstor Carlos Kirchner durante doce años ha venido adueñándose de los titulares en lo que va de 2017. En los comienzos del mes de agosto, más de 70 mil alumnos continúan sin poder comenzar el ciclo lectivo, a raíz del irrisorio incremento salarial ofrecido por la Gobernadora Alicia Kirchner en la discusión paritaria -que cifra un 4% 'en negro'. Recientemente, la provincia mejoró la oferta, proponiendo que ese porcentaje fuese aplicado en formato remunerativo. Adicionalmente, los empleados judiciales llevan ya más de cien días consecutivos de paro, y tanto los empleados estatales como el personal sanitario convocan a huelgas de manera recurrente. 

 

'[Todas ellas son] razones más que suficientes para decidir una intervención', afirma un abogado especialista consultado por este medio. 'La Constitución habla de conflictos internos provinciales. En este caso, se trata de una provincia que no puede garantizar el comienzo de clases, es decir, que se está vulnerando el derecho a la educación; y tampoco puede garantizar la administración de justicia. Además, tampoco está en capacidad de abonar los salarios [del sector público] en tiempo y forma, lo cual viola el derecho a un ingreso. En definitiva,  las instituciones no están funcionando', puntualiza el reconocido letrado. En su Artículo sexto, la Constitución Nacional refiere, textual: 'El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores….'. En conformidad con el Artículo 75 de la Carta Magna, es el poder legislativo el que debe decidir sobre la intervención. Pero, asimismo, se contempla que el Poder Ejecutivo Nacional puede decidir unilateralmente dicha medida. No obstante, la misma habrá de ser oportunamente refrendada por el Congreso.

Siempre rescatándose lo compartido por inmejorables fuentes, la decisión de intervenir Santa Cruz estaría ya tomada pero, en el seno del oficialismo, aún continúa discutiéndose el momento y la oportunidad para concretarla, y bajo qué formato, esto es, si decidir la intervención de los tres poderes del Estado provincial, o sólo el Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia de la provincia sureña es presidido por la Dra. Paula Ludueña Campos, de fulgurante ascenso en la carrera judicial provincial e hija del ex senador Felipe Ludueña, compañero de Senado de Cristina Kirchner en su muy recordado paso por la Cámara Alta. En momentos en que las provincias gobernadas por el peronismo se alistan para la pelea electoral de 2019, no pocos arriesgan a que una intervención a Santa Cruz sería un ruidoso llamado de atención del Gobierno de Mauricio Macri a los mandatarios provinciales peronistas. Para otros, sin embargo, una intervención demandará una particular cuota de fortaleza política, algo de lo que -entienden algunos- el oficialismo carece ostensiblemente. 

 

Un hecho reciente podría servir como precedente para la decisión de intervenir el territorio que fuera provincializado en 1956: se trata de la Mesa de Unidad Sindical, que integran -entre otros- los sindicatos ADOSAC, ATE, judiciales y salud; elevarán formalmente, el próximo 21 de agosto, a la Cámara de Diputados, un pedido de juicio político a Alicia Kirchner, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

En la perspectiva de no pocos analistas, Santa Cruz se exhibe como un fiel reflejo de la tragedia argentina: un territorio en el que abundan los recursos naturales pero que, de todas maneras, transita una situación financiera tan grave como apremiante. Casi el 50% de su escasa población trabaja en el Estado, y el 90% de su presupuesto está destinado a gastos corrientes -mayormente, salarios de la administración pública. Santa Cruz es, después de Buenos Aires y la Capital Federal, la tercera provincia más deficitaria de la República Argentina: se estima un déficit de más de $9.060 millones para 2017, por lo que depende casi exclusivamente de la asistencia del Estado Nacional para continuar subsistiendo. 

 

Así lo relata un ex letrado del Banco de Santa Cruz que desarrollara su actividad profesional en el sur argentino durante muchos años: 'La provincia bien pudo haber sido la más rica del país. Recibió grandes migraciones desde otros distritos, especialmente desde Córdoba. La gente que llegaba, venía para hacer plata. En ese sentido, Kirchner lo entendió perfecto. Pero, claro: hicieron plata ellos, y la provincia se fundió'. En lugar de fomentar el desarrollo industrial de sus recursos económicos primarios, como la ganadería, la pesca, o los recursos auríferos y argentíferos, o los productos derivados del crudo -como petróleo y gas-, el norte fue puesto en una intolerable ampliación del plantel estatal, con el objeto de consolidar el voto cautivo y, así, cimentar un proyecto político de largo plazo.

 

El otro foco de conflicto remite a la elección de Alicia Kirchner como gobernadora. La reforma constitucional provincial que impulsó Néstor introdujo el Artículo 114, que prohibía la ley de lemas. No obstante, en diciembre de 2014, la Cámara de Diputados, con amplia mayoría del entonces Frente Para la Victoria, dejó sin efecto ese artículo para la elección de gobernador. Y es precisamente debido a la ley de lemas (que el Gobierno Nacional quiere forzar a la provincia a dejarla sin efecto), que Alicia fue electa como mandataria, en octubre de 2015. La propuesta política Unión para Vivir Mejor, que llevaba a Eduardo Costa como candidato, obtuvo en dicha elección 67 mil sufragios -10 mil más que Kirchner. Pero la cuñada de Cristina sumó los 27.500 votos de Daniel Peralta, quien también se presentaba como candidato por el FPV. La jugada fue de manual aunque, para muchos, ilegal. El carácter irregular de aquellos comicios es hoy un motivo que se esgrime para argumentar en favor de la comentada intervención.

Alfredo López, titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, es un viejo conocido de los Kirchner. Se desempeñó como funcionario judicial en Santa Cruz durante los gobiernos provinciales de Néstor Kirchner, con quien mantuvo fuertes enfrentamientos. En el año 2002, se anotó en un concurso para ser magistrado en la ciudad balnearia, cargo para el que fue finalmente elegido. Próximo a jubilarse, el Dr. López tiene en su carrera judicial marplatense una serie de recordados fallos: apenas asumido, dispuso liberar a favor de muchos jubilados fondos atrapados en el corralito, lo que le valió un pedido de juicio político por parte del entonces ministro Roberto Lavagna. En igual sentido, protagonizó en 2008 el primer fallo judicial contra la tristemente célebre Resolución 125, que gatilló un extendido conflicto entre el kirchnerismo y el campo, haciendo lugar a un reclamo de una empresa agropecuaria de Balcarce. Años después, López exigió explicaciones a la AFIP de Ricardo Echegaray, para que justifique las razones por las cuales un jubilado estaba imposibilitado de comprar dólares. En 2016, denunció a los fiscales de Justicia Legítima Laura Mazzaferri y Daniel Adler, por obstruir la investigación por el ataque con objetos contundentes en perjuicio de la integridad física del Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal en Mar del Plata. 

 

En cualesquiera de los casos, la función de interventor es delicada, conforme es percibida tradicionalmente como una figura hostil por los poderes del territorio bajo intervención. Para el elegido, la jugada comporta elevadísimos riesgos, y así sería particularmente en un distrito que ha venido siendo administrado por la misma familia política desde 1983.

   

'López es el hombre adecuado', afirma un profundo conocedor de la figura del magistrado. Al parecer, el Gobierno Nacional es de la misma opinión, y de ahí los sondeos para evaluar su predisposición para tremenda faena.