Propuesta para el sistema de pensiones en el Chile de los años sesenta

A mediados de los años sesenta, el sistema de pensiones chileno se hallaba en crisis. A la falta de recursos, se sumaban privilegios de quienes se jubilaban con diez o veinte años de imposiciones. Las tasas de cotizaciones sobrepasaban el 20% en promedio y el costo de administración bordeaba el 13%. Había más de 30 sistemas de pensiones por antigüedad, invalidez y vejez; y más de 2.000 leyes sin financiamiento.

 

El Ministro de Hacienda Sergio Molina lo advirtió en 1967. Propuso un Fondo de Capitalización de los Trabajadores en el que se les otorgaría una compensación del 100% del alza del costo de la vida, lo que equivalía a un aumento del 20% del salario. De este, se le entregaría el 15% en dinero de forma directa, en tanto que el 5% restante iría a una cuenta individual a nombre del trabajador en la Caja de Previsión, la que lo traspasaría íntegramente a este Fondo. Las empresas aportarían a nombre del trabajador otro 5% del salario, lo que significaba un ahorro del 10% aportado por partes iguales, pero que era completamente del empleado y estaría libre de impuestos. Las cuotas del fondo se revalorizarían en base al incremento del valor de las empresas, con interés anual garantizado del 5%. El trabajador podría usar con cargo a las utilidades una parte para pagar su vivienda, pudiendo rescatarse en su totalidad en caso de fallecimiento o cesantía.

 

El fondo buscaba tener recursos para los programas del gobierno, pero los trabajadores tendrían una participación en el capital nacional y accederían a la propiedad de las empresas que se crearan.

 

Pero el proyecto no solo no prosperó, sino que le costo su salida del gabinete. Molina señaló años después que la derecha lo consideraba "un fondo de socialización", en tanto que la izquierda veía amenazada sus banderas de lucha.

 

El nuevo Ministro de Hacienda Andrés Zaldívar afirmó que se había llegado "al límite de lo resistible", y el 30 de agosto de 1968 el gobierno presentó un proyecto de ley que introducía reformas al sistema de seguridad social proponiendo que las cajas previsionales otorgaran pensiones bajo los mismos requisitos. Fijó la edad de jubilación en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. La jubilación alcanzaría al 80% del sueldo base y, en un plazo de tres años, se fusionarían algunas de las instituciones de previsión.

 

Poco se avanzó. La Ley 17.284 del 21 de enero de 1970, sólo estableció que a partir de su entrada en vigencia correspondería exclusivamente al Presidente de la República conceder, aumentar o dar por gracia una pensión, eliminando la facultad del Congreso de proponer tales beneficios. En lo demás, la reforma al sistema de pensiones tendría que continuar en su larga espera.