Estado argentino y justicia social: una hora fundacional

El Estado manteníase alejado de la población trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber, sólo tomaba contacto en forma aislada (...) Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se inicia la era de la Justicia Social en Argentina. Atrás quedarán para siempre la época de la inestabilidad y el desorden (...) Las decisiones sobre el rumbo social a seguir serán tomadas por el Estado (...) y un Consejo Superior de Trabajo y Previsión, que se integrará con representaciones adecuadas de los distintos sectores.

Juan Domingo Perón, discurso compartido el 2 de diciembre de 1943

* * *

Regular las variables de la economía, mediar en las relaciones del capital y el trabajo, y asistir a los excluídos de los beneficios del derrame, constituyen las claves del modelo que, atravesando democracias débiles o conflictivas y gobiernos autoritarios ha sobrevivido hasta nuestros días, casi ochenta años después de su instauración.

 

A mediados de la década del treinta, parecen acentuarse las consecuencias del crack histórico de la bolsa newyorquina de octubre de 1929, a partir del cual los postulados del liberalismo económico comienzan a ser revisados críticamente. La Argentina exporta menos que diez años atrás y, en consecuencia, se ve obligada a producir localmente los bienes que importaba sin restricciones. Contra lo que se supuso erróneamente durante algún tiempo, los intereses ligados al campo lideran el esfuerzo industrializador: se trata de un proceso complementario y no antagónico con las actividades agropecuarias. La bonanza económica que aún dinamiza la economía alienta el afán de consumo de bienes industriales: numerosas empresas extranjeras pasan de importadoras a fabricantes, en el contexto de un país que dispone de un stock de capitales genuinos todavía disponible para lanzar un plan de promoción del sector secundario. Bajo este estímulo, se producen cambios demográficos de claras consecuencias sociales: poblaciones rurales convergen al cinturón urbano de Buenos Aires. Todo el escenario está ya preparado para la consolidación de las más joven de las clases argentinas: un proletariado industrial con todavía bajo nivel de capacitación y escasa experiencia sindical va a sumarse a organizaciones fundadas a principios de siglo bajo los auspicios del anarquismo o la defensa apolítica de los intereses de los trabajadores.

Hacia 1935, el gobierno conservador-liberal del fraudulento Presidente Agustín P. Justo toma una serie de medidas que parecen desmentir su filiación ideológica, aunque, como se verá, conforman una paradoja que la ratifica. En poco tiempo, se constituyen Juntas Reguladoras de las actividades clave del campo: granos, carne, azúcar, yerba mate y la vitivinicultura, que disponen de organismos que aseguran a los productores un precio mínimo garantizado por el Estado, a fin de que las fluctuaciones de mercado no perjudiquen una renta básica para cada sector. Algunas medidas, como las tomadas con la yerba mate y el algodón persiguen la ocupación de regiones como Chaco y Misiones, hasta entonces postergadas. De pronto, el liberalismo ha abandonado su laissez passer y su pétreo rostro de impasible gendarme: actúa corrigiendo variables del mercado e interfiriendo blasfémicamente en el idílico mercado, traslúcido y ciego, distribuidor imparcial de premios y castigos. Inteligentemente, los sectores dominantes de la economía argentina (agro, importación e intermediación financiera) sacrifican veleidades teóricas en el altar de la preservación de sus intereses sectoriales. La instalación definitiva de la fábrica es ahora el ícono de los tiempos que se viven y la masa obrera, el fenómeno social que se apresta a subir a escena. El mercado es objeto de planificación, medidas correctivas, estímulo y fomento: el Estado es ahora fiel de la balanza. Inicia, así, un entrenamiento que lo hará crecientemente interventor en toda la actividad económica durante las próximas décadas y que ya no abandonará jamás. Cuando el país necesite sin demoras de una flota mercante nacional, se apropiará de los buques extranjeros surtos en el Puerto de Buenos Aires, y conformará una de las más modernas del  mundo. El mercado financiero ya no será resorte exclusivo de los bancos privados y su obsesivo lobby: créase el Banco Central, y se lo instituye agente estatal excluyente para la preservación del valor de la moneda.

Todo se da en un contexto en el que la expresión de la voluntad popular está ahogada en el pantano del fraude y el contubernio de amplias esferas de la clase política. La admiración que los militares argentinos sienten por el ejercito alemán, bajo cuyos manuales han construído sus carreras, se extiende al régimen nazi, en especial por su aversión a la política y su determinación de promover una industrialización a marcha forzada y a cualquier costo. El Partido Radical abandona la abstención que sostenía desde los años treinta, y se incorpora al juego pseudodemocrático que la prepotencia de Justo manipula. Con planes bien distintos, Ejército y radicales aspiran a terminar con la restauración conservadora, sin sospechar que la Historia les tiene reservada algunas sorpresas.

Tres muertes sucesivas prologan el fin de la 'década infame', conforme la calificara José Luis Torres. En marzo de 1942, el fallecimiento de Alvear deja sin conducción al radicalismo. Tres meses más tarde, el sucesor de Justo, el abogado de los ferrocarriles ingleses, Roberto Ortiz, no puede continuar su cruzada purificadora de las prácticas políticas: delega el mando en su vice, Ramón S. Castillo, y las derivas de una enfermedad crónica terminan con él. El año 1943 sería de renovación electoral y Justo se prepara para asumir el Poder Ejecutivo por segunda vez. En enero de ese año, muere repentinamente y el país ahora es un tembladeral que se apresta a parir un fenómeno sociopolítico cuya onda expansiva llegará hasta nuestros días. En efecto, el 4 de junio, un golpe militar cierra el ciclo fraudulento: su objetivo aparente consiste en la moralización del Estado y sus prácticas electorales más la determinación de impedir la expansión, en las clases trabajadoras, del germen del comunismo.

Una de las centrales sindicales en que se ha dividido el movimiento obrero desde 1942, la llamada CGT 2 -controlada por socialistas y comunistas- entrevista al Ministro del Interior del Gobierno de la Revolución. Pérez Leirós y  Borlenghi le reclaman libertad sindical, libertad de los presos políticos y ruptura con los países del Eje (Alemania y Japón). Piensan que la respuesta mostrará el perfil de la nueva Administración. No se equivocan :el 10 de julio se decreta la disolución de la central sindical, se encarcela a los dirigentes de los sindicatos de la construcción, frigoríficos y metalúrgicos y se clausuran sus locales. Diez días después, el Gobierno promulga el Decreto 2669 destinado a reglamentar la actividad sindical: propone 'encauzar a los sindicatos dentro de un orden que los aleje de todo objeto o finalidad ajenos a los que deben tener de acuerdo al carácter que les es propio'. La Autoridad se reserva la facultad discrecional de designar a las organizaciones que podrían representar a los trabajadores, siempre y cuando las elegidas acepten renunciar a toda ideología contraria a los fundamentos de la nacionalidad y la abstención de 'participar en la acción política'. Los dirigentes sindicalistas 'no corporativistas' ubican al golpe como deriva de las mutaciones inevitables en el tablero mundial. Así, uno de ellos -el socialista Pérez Leiros- entiende que 'la revolución de 1943 no tuvo más objetivo que el de salvar a los integrantes del 'Eje' refugiados en la Argentina, de las consecuencias del triunfo de la democracia. Los totalitarios perderían sus inversiones y capitales en el caso de triunfar en las elecciones de fines de 1943 cualesquiera de los candidatos a la presidencia de la República (...) Por eso, la revolución del 4 de junio de 1943 fue antipueblo y pronazifascista'. En octubre, el Coronel Perón consigue que se lo designe al frente del Departamento del Trabajo, una oscura oficina dependiente del Ministerio de Economía que no tardará en ser pieza clave de una nueva relación entre el Estado y los sindicatos. Los sectores alineados con los países aliados y los ansiosos por apurar un retorno al orden constitucional pierden la partida.

En noviembre, el humilde Departamento se transforma en Secretaria de Trabajo y Previsión, con rango ministerial. Al asumir, Perón promoverá la confirmación del Estado como actor decisivo a la hora de resolver las tensiones entre el capital y el trabajo. El acontecimiento consagra al mismo como mediador absorbente en el conflicto de intereses: 'Simple espectador como he sido en mi vida de soldado de la evolución de la economía nacional y de las relaciones entre patrones y trabajadores, nunca he podido avenirme a esa idea tan corriente de que los problemas que esa relación origina son materia privativa sólo de las partes interesadas. A mi juicio, cualquier anormalidad surgida en el más ínfimo taller y en la más oscura oficina repercute directamente en la economía general del país y en la cultura de sus habitantes… El Estado manteníase alejando de la población trabajadora, no regulaba las actividades sociales como era su deber; sólo tomaba contacto en forma aislada cuando el temor de ver perturbado el orden aparente le obligaba a descender de la torre de marfil de su abstencionismo suicida… Con la creación de la Secretaria de Trabajo y Previsión, se inicia la Era de la Justicia Social en Argentina. Atrás quedarán para siempre la época de la inestabilidad y el desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y obreros… Las decisiones sobre el rumbo social a seguir serán tomadas por el Estado'. Para diciembre, se adoptan dos resoluciones que concluyen por dibujar el nuevo ámbito en el que los actores sociales habrán de desempeñarse: un decreto ordena la disolución de todos los partidos políticos; en otro terreno, la introducción de la enseñanza religiosa en la escuela pública. Hacia mediados de 1944, Perón, quien ha sido pieza clave en la sustitución del Presidente Ramírez por su amigo Farrell, accede a la vicepresidencia de la Nación, mientras retiene los cargos de Ministro de Guerra y de Secretario de Trabajo. Perón es, ya sin lugar a dudas, el jefe virtual del gobierno militar.

Para setiembre de 1944, en vísperas del desenlace del conflicto mundial, se crea el Consejo Nacional de Posguerra. Capitalizando la dura experiencia sufrida por el país al concluir la Primera Guerra Mundial, el ente reúne a funcionarios de varios ministerios y a representantes de las fuerzas del trabajo y al producción, a fin de planificar cursos de acción en provecho de la economía nacional.

El objetivo estratégico apuntaba a obtener legitimación del accionar gubernamental, promoviendo medidas de industrialización y en general, sustitución de importaciones y la correlativa ampliación de la demanda de consumo y trabajo local. Los sindicatos previeron mejores tasas de empleo y aumento relativo de los ingresos de los trabajadores. Dos hechos adicionales a estas expectativas vinieron a saldar demandas sindicales .Por un lado, se obtuvo la creación de un aparato judicial independiente al inaugurarse los Tribunales del Trabajo. Por otro, se presionó a los empleadores, a fin de que aceptaran el hábito de suscribir periódicamente convenios de trabajo con los sindicatos, en los que se determinaran los niveles salariales y las condiciones generales en que se desarrollarían las tareas de cada actividad. Al referirse a los beneficios otorgados, Perón manifiesta a los sindicatos: 'Estamos tratando de establecer nuevas normas y prácticas que lleven a la dignificación del trabajo, de manera tal que nunca vuelva a ser considerado como una mercancía… Con ese fin, es necesario que los trabajadores se organicen en sindicatos fuertes e internamente cohesionados, recordando siempre que las cuestiones políticas e ideológicas deben quedar al margen de la actividad sindical… La política dentro de los sindicatos es como una bomba de tiempo que puede destruir las organizaciones cuando menos lo esperan'. Con el fuero laboral y la práctica de las convenciones colectivas de trabajo, el Estado reúne todos los caracteres del gran mediador. Se intentará construir la contracara compensadora del papel protagónico auspiciado para  los sindicatos captando la simpatía y la colaboración del empresariado nacional. La invitación cursada para que Perón haga uso de la palabra en un aniversario de la Bolsa de Comercio es la ocasión propicia para tender las redes: 'La falta de una política social en nuestro país ha llevado a que se forme una masa amorfa .Esas masas inorgánicas, abandonadas. sin cultura política, son un medio de cultivo para agitadores profesionales extranjeros… Es un grave error creer que el sindicalismo es un perjuicio para el patrón. Por el contrario, es la forma de evitar que el patrón tenga que luchar con sus obreros en forma directa; es el medio para llegar a un acuerdo y suprimir las huelgas'.

El Estado mediador será también regulador para atenuar las tensiones naturales derivadas de las relaciones entre el capital y el trabajo. Los hombres de negocio tienen la oportunidad de valorar la ventajosa ecuación costo-beneficio que se les ofrece: '¿Cuál es el problema que a la Argentina debe preocuparle por sobre todos los demás? El cataclismo social, que haría inútil cualquier posesión de bien… La posguerra traerá, indefectiblemente, una agitación de masas por causas naturales: una lógica paralización, desocupación, etcétera. Aparte de esas causas naturales, existirán numerosas causas artificiales, como ser la penetración ideológica, un resurgimiento del comunismo… Es necesario saber dar un 30 por ciento a tiempo, a perderlo todo a posteriori', advierte el Coronel.

La táctica de encantamiento de la burquesía no tarda en diluirse: a mediados de 1945, la Cámara de Comercio y la Unión Industrial dan a conocer el 'Manifiesto de las Fuerzas Vivas', en el que acusan a la Secretaría de Trabajo de 'alentar la agitación subversiva' en las empresas. La política de concesiones sociales, promovidas para prevenir el estallido proletario, han tenido un efecto inverso. Desde la puesta en marcha de las primeras medidas en esa orientación, la combatividad obrera, lejos de apaciguarse, ha tomado nuevo empuje. El documento refleja la inquietud extendida: 'Las fuerzas vivas del país están profundamente preocupadas y alarmadas ante el ambiente de agitación social que daña la disciplina y el esfuerzo productivo. El clima de descontento se origina y es instigado desde las esferas oficiales'.

Vale recordar que la inquietud por una conmoción social con potencial para arrastrar al país hacia un régimen comunista estaba en el fondo de las razones más sólidas que esgrimiera la organización secreta de militares que produjo el golpe del 4 de junio de 1943. Los oficiales reunidos en el 'Grupo Obra de Unficación' (GOU) elaboraron algunos documentos de circulación restringida en los que manifiestan su estado de alerta. En el denominado 'Nuevas Bases para el GOU', se lee: 'La defensa contra el comunismo: El Ejército, en su cuadro de suboficiales y tropa, es intensamente trabajado por la propaganda comunista. Se nos prepara una situación similar a la de España. Se impone una reacción intensa y una preocupación constante ante ese problema… Hay que ser caudillo en la medida necesaria, sin debilidades, pero con un tino especial en el comando. Asegurarse la gente de absoluta confianza y estar listo para obrar con la mayor energía, y aún violentamente en un momento dado'. Es decir que Perón, ideólogo esencial del GOU, comparte con las clases medias una misma inquietud, pero éstas -que apludieron inicialmente el empuje industrializador y el aliento al capital nacional generado en 1943- ahora ponderan que no están dispuestas a pagar el precio que, en términos de agitación social, promueve deliberadamente (o bien no puede impedir su expansión) el Secretario de Trabajo.

La solución del conflicto planteado comienza a delinearse lenta y pausadamente, testeándose alternativas sobre la marcha y capitalizando errores de conducción. El Ejercito garantizará que no habrá un giro al socialismo, pero tampoco intentará un experimento fascista, porque las condiciones no lo permiten. Dos líneas paralelas se extienden a lo largo del objetivo propuesto: por un lado, el aliento a una fuerte sindicalización obrera tutelada por el Estado para delimitar los efectos de su expansión y obstruir los planes del marxismo internacional; por el otro, la planificación parcial de la economía en manos de una Administración que determinará los márgenes de la renta empresaria mediante instrumentos de regulación, cuya severidad descansará en un sólido apoyo electoral.

Previo a acceder a la Presidencia, Perón había logrado que el gobierno militar decretara la nacionalización del sistema financiero con la creación del Banco Central y del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). Este instrumento intervenía firmemente en el comercio exterior, comprando a los productores y vendiendo en el mercado exterior. Diseñaba medidas de fomento para actividades específicas o subsidiando directamente la producción de ciertos bienes. El aliento se dirigió en particular hacia la industria liviana,en consonancia con la voluntad oficial de expandir el consumo y sostener los niveles de ocupación. Ya en el Gobierno,el Presidente promovió una estrategia general de nacionalizaciones: gas, teléfonos, puertos,energía y, en 1948, los ferrocarriles. La injerencia estatal en la evolución de las variables de la macroeconomía puede ser percibida como la contracara, en el ámbito empresarial del rol autoasignado en la resolución de los conflictos emergentes de la relación entre patrones y trabajadores.

Los partidos de oposición, las Cámaras empresarias y un grupo influyente de militares preocupados por el ascenso tumultuoso de la popularidad del Secretario de Trabajo, logran el 13 de octubre de 1945 que Perón sea trasladado a Martín García. La prensa festeja el hecho como un triunfo de las fuerzas de la racionalidad democrática y de la prevalencia de las normas constitucionales. La Central obrera reacciona, después de algunas vacilaciones, solidarizándose con Perón y denunciando que 'los patrones han empezado a hacer una ostentación abusiva de su poder proclamando a todos los vientos que la obra de justicia social iniciada desde la Secretaria de Trabajo sería arrasada por la nueva situación' (Actas del Comité Central Confederal de la CGT del 16 de octubre). Por la tarde, la organización obrera vota una huelga general para el 18 de octubre, sin vislumbrar que el clima de agitación precipitaría los acontecimientos y los arrastraría más allá del control de los dirigentes.

Olvidados en los pliegues de la memoria han quedado los febriles dirigentes de las primeras décadas del siglo que, en las somnolientas noches, labraban las proclamas de urgente difusión,con riesgo de sus libertades y aún de sus vidas.

Ahora, el Estado se dispone a hacer uso de la facultad discrecional de determinar cuál habrá de ser la única organización que represente a la totalidad de los trabajadores de cada actividad. Los sindicatos, finalmente, aceptarán participar en el quehacer gubernamental como actores cruciales, a sabiendas de que deberán oblar, con frecuencia, el precio de renunciar a la discrepancia.

Faltan pocas horas para el 17 de octubre de 1945. Un vigoroso surco cruzará la arena de la historia argentina.

Para siempre.