La Argentina y el cónclave G-20: disquisiciones en materia de Seguridad

En junio de 2016, tuvo lugar el tercer encuentro de los denominados sherpa -representantes gubernamentales de las naciones pertenecientes al G-20, que nuclea a las economías con más alto PBI del globo- en las ciudad china de Xiamen. En esa instancia, se aprobó por unanimidad la propuesta argentina de ocupar la presidencia del Grupo hacia 2018. Adicionalmente, se proclamó a Buenos Aires como ciudad anfitriona de la próxima cumbre G-20 durante ese año; será la primera vez que la destacada reunión se lleve a cabo en América del Sur.

Toda vez que la novedad consigna una oportunidad inmejorable para que la República Argentina proyecte su imagen hacia el exterior, la realización del evento presentará desafíos de magnitud para el sistema de defensa nacional. En tal sentido, la dinámica del actual moméntum no podría ser más inconveniente: la amplificación de la amenaza terrorista en suelo europeo contribuye hoy a multiplicar las preguntas en torno de las capacidades reales del Gobierno Nacional a la hora de garantizar la seguridad de líderes extranjeros. Al comenzar a arribar éstos al país para participar del cónclave, será imperativo suponer que, potencialmente, se constituirán en objetivos duros o primarios para una miríada de organizaciones terroristas de proyección internacional (muchas de las cuales regentean nodos operativos en el área de la Triple Frontera o TBA, por sus siglas en inglés).

Cualquier análisis proactivo sobre el particular conducirá, invariablemente, a un profundo cuestionamiento de cara a las capacidades argentinas. Naturalmente que los atentados contra la ex Embajada de Israel y AMIA o la muerte aún no resuelta del fiscal Alberto Nisman se exhiben ahora como incómodo precedente, y esa sombra se proyecta no solo sobre las obvias responsabilidades de las fuerzas de seguridad y del sistema al que responden, sino también sobre la administración de justicia en su versión local, cuyos eminentes desperfectos y nutrida matriz de complicidades -conforme ya se ha visto en incontables ejemplos- suelen rematar en escenarios de remarcable impericia e impunidad.

De manera complementaria, los déficits de la Argentina son comprobables no solo en el terreno operativo que hace a la estricta aplicación de la ley: trascienden incluso esa frontera, hasta toparse de lleno con un costumbrismo cultural heredado de décadas que porta el objetivo confeso de reconfigurar la figura del delincuente o del terrorista, para presentarlos como héroes sociales que merecen reivindicación. Prerrogativa de parte de cierto porcentual ciudadano que, insoslayablemente, opera en franca contradicción con la amenaza fundamentalista que asuela hoy al contexto internacional. Asimismo, y en lo que constituye una siniestra transitividad, el tratamiento entre algodones que los magistrados obsequian normalmente a delincuentes comunes se amplifica hasta terminar favoreciendo a los escenificadores y promotores de terrorismo. Para certificarlo, será útil remitirse a los casos del pretendido defensor del accionar mapuche Facundo Jones Huala, o a los terroristas Josu Lariz Iriondo y Manuel Apablaza Guerra -éste último pudo evitar su deportación a la República de Chile, tras contar con tecnicismos legales y subterfugios desde la Corte Suprema de Justicia en su variante kirchnerista.

Así las cosas -y ya ingresando estrictamente en las responsabilidades que comporta la organización de la cumbre G-20-, la Administración del Presidente Mauricio Macri acaso no se encuentre hoy en una posición idónea a los efectos de reducir al máximo los índices de incertidumbre vinculados a la seguridad de los líderes. Sí tiene en sus manos, sin embargo, un abanico de alternativas desde las cuales intentar morigerar aquellas preocupaciones. Comenzando por la actualización de la Ley 25.520, cuya tipificación prohíbe taxativamente el desarrollo de tareas de inteligencia interior por parte de las Fuerzas Armadas. El carácter declaradamente inerme de esa legislación facilita in extremis el accionar de personeros del terrorismo, del narcotráfico transnacional y del crimen organizado en territorio nacional argentino, impidiendo cualquier actividad de prevención. En el terreno, las numerosas restricciones que comporta la referida Ley han obstaculizado, por ejemplo, todo esfuerzo de seguimiento o follow-up tendiente a monitorear rigurosamente a agents provocateurs de autoproclamadas organizaciones sociales o a pretendidos defensores de los derechos humanos que no ocultan sus contactos con sosías extranjeros íntimamente enlazados con movimientos indigenistas (hoy unificados en el reclamo por el ciudadano Santiago Maldonado), nucleamientos de 'sin tierra' o de la narcoguerrilla FARC. A la postre, las falencias de la citada legislación conducen a un escenario en el que actores con intereses bien delineados -como es el caso del tráfico de drogas- establecen estructuras con absoluta libertad en suelo argentino, abrazándose al cotilleo ideológico del discurso derechohumanista, implementando envidiables ingenierías financieras  y potenciando su agenda de infiltración de las instituciones de la República, a las que terminan corrompiendo -ya fuere comprando magistrados y legisladores de la Nación, o bien subcontratando a comisarías enteras en distintas localidades. Dicho con crudeza: el crimen organizado transnacional se respalda en el deficitario sistema legal argentino para consolidar su posición en el orden local; esta lógica del fait accompli le garantiza impunidad en las etapas iniciales de despliegue. A posteriori, sus reputados bufetes de abogados harán el resto, explotando un meduloso networking que se compone de dirigentes políticos y jueces. Por momentos, y según el área geográfica bajo análisis, la República Argentina revela caracteres típicos de un Estado semiparia, sin reglas claras que amparen a la inversión, el Estado de Derecho, y a la propiedad pública y privada.

En oportunidad de la reciente visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence, a la Argentina (que aún es nación aliada extra OTAN de EE.UU. -Major Non NATO Ally, MNNA-, con los respectivos beneficios), el funcionario de la Administración Trump -haciendo gala de un sorprendente conocimiento de los desbarajustes propiciados por la Ley 25.520- exigió al Presidente Macri que recurriese a sus congresistas a los efectos de que se reformulen los contenidos de la legislación, con el objeto de que comience a contemplarse el accionar de las fuerzas armadas argentinas en los teatros de operaciones contraterrorista y antinarcóticos. Esta novedosa exigencia se superpone a los reclamos americanos en pos de la rápida desactivación de La Salada -dados sus puntos de contacto con el financiamiento del terrorismo-, y donde la Gestión Cambiemos parece haber cumplido holgadamente. En el concierto regional, Washington ha optado por elevar en el podio a Buenos Aires en desmedro de Brasilia, pero la reconfiguración de la relación diplomática argentino-estadounidense no sobrevendrá sin condicionamientos. Cobra vigencia aquí la perspectiva geopolítica: el desmoronamiento de las expectativas depositadas en Brasil (país que se debate en una larga transición para abandonar el populismo, que ha desbaratado su economía), la franca reconversión de Venezuela en abierta narcodictadura (proscenio del que la nación caribeña -y existe consenso al respecto- ya no podrá regresar) y el riesgo de que Colombia vea su futuro amenazado nuevamente por las proyecciones de la narcoguerrilla FARC (con una multimillonaria caja de la droga, ahora blanqueada por los denominados 'Acuerdos de Paz'), condicionan a Balcarce 50, en el sentido de que no se tolerará que la Argentina se asome a otro proceso de recaída institucional -conforme ha venido haciéndolo de manera cíclica durante los últimos veinte años. Para ello, la prerrogativa de Washington -descarnadamente cifrada por Mike Pence a Mauricio Macri- impone ahora el rediseño de las hipótesis de conflicto nacionales, no ya orientadas hacia terceras naciones, sino a los consorcios del crimen organizado, el narco, el terrorismo y sus franquiciados. La fulgurante estrella de la Triple Frontera (TBA) habrá de retornar a las mesas de arena -pero ya con una ponderación estratégica más acorde al pensamiento castrense, indagándose también sobre la relevancia de ese nodo fronterizo en el contrabando de armas pesadas que tienen destino final en asentamientos precarios y villas de emergencia aquí-. Idéntica mirada habrá de posarse sobre los ya insoportables índices de tolerancia e indulgencia que las instituciones de la República Argentina obsequian al tráfico de drogas internacional, que ha colonizado terminales portuarias como Mar del Plata o Bahía Blanca, disfrazando el envío de toneladas de cocaína y/o sintéticos a suelo europeo, con intermediación africana.

Finalmente, será hora de enumerar los problemas de índole táctica con los que el Presidente Macri deberá lidiar, previo a la resolución del dilema. En el andarivel civil, son de público conocimiento los interdictos que protagonizan -en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- elementos de la flamante Policía de la Ciudad y el vetusto remanente de Policía Federal (cuyo principal eje de cuestionamiento merodea el regenteo discrecional de las llamadas zonas liberadas). El recelo entre ambos cuerpos es inocultable, lo cual torna imposible cualquier esfuerzo de coordinación -especialmente de cara al desafío organizacional pautado por el G-20.

En el perímetro de las Fuerzas Armadas, el escollo y las contrariedades se centran en la perturbadora longevidad del nucleamiento que suscribe a la agenda del General César Milani, ya en prisión, y a la ex Ministro de Defensa, Nilda Garré -autora intelectual y material de la destrucción del aparato de inteligencia del Ejército Argentino. Esta cofradía (cuyos actores centrales son el propio jefe del arma, Teniente General Diego Luis Suñer; el General de División José Eduardo Navarro, y los Generales de Brigada Joaquín Mariano Estrada, Federico Sidders y Gustavo Fernando Booth -en fotos, en ese orden ) es cuestionada con severidad desde la oficialidad y ha sido citada en medios de prensa especializados, a raíz de un nutrido servomecanismo de nebulosos emprendimientos que se sirve del dinero público (algunos ejemplos han sido explorados en el sitio web Adelanto 24, en bit.ly/2vs4rwk y bit.ly/2xMI4hJ). En paralelo, los mencionados han explicitado sin tapujos una férrea resistencia a los cambios propuestos por la Administración Macri, y ya es sabido que retacearán apoyos a la propuesta oficial de robustecer el sistema de seguridad nacional con el aporte de la inteligencia militar (conforme lo exige la Administración Trump). En la práctica, El Gen. Suñer continúa implementando el librillo de César Milani, administrando la rama del espionaje castrense para apuntalar los propios intereses.

Al cierre, las conclusiones permiten entrever que el respaldo que la Gestión Cambiemos obtenga en los comicios generales de octubre será instrumental para habilitar al Presidente Macri a poner en marcha planes que atiendan a las nuevas necesidades de la República Argentina en materia geoestratégica y de seguridad -con el norte puesto en el cónclave G-20.

En el epílogo, las próximas elecciones legislativas están llamadas a trascender toda contemplación estrictamente partidocrática, para mutar en una inexcusable dialéctica de orden estratégico, emparentada con el futuro de la Nación y su supervivencia.