Alejandra Gils Carbó: Mar del Plata y Bahía Blanca

La depuración de la justicia que parece haberse propuesto el Presidente Mauricio Macri consigna una arista fundamental en el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó. Si bien el MPF no se encuentra formalmente bajo la órbita del Poder Judicial (en la reforma constitucional de 1994, donde se lo creó, fue definido como un órgano extra poder), su vinculación con el mismo deviene en inevitable. Su Carta Orgánica es clara al respecto, al definir al Ministerio como 'una parte fundamental en la administración de justicia'. Es precisamente en este punto donde la gestión de Gils Carbó se encuentra bajo sospecha.


Mar del Plata

El fiscal general ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, es un rara avis en el panorama judicial marplatense: es el único fiscal que no adscribe a los postulados de Justicia Legítima, la agrupación judicial kirchnerista fuertemente arraigada en la ciudad balnearia. Debido a ello, su trabajo cotidiano en las dependencias oficiales resulta en extremo complejo. Posee su despacho en el octavo piso del edificio -localizado en Independencia 3179-, donde funcionan las cuatro fiscalías federales desde enero de 2016. Dicha operación inmobiliaria se hizo por contratación directa, concretándose cuando aún el inmueble no estaba construido, lo que originó una denuncia por parte del propio Pettigiani (ver www.elojodigital.com/contenido/16422-mar-del-plata-denuncia-contra-alejandra-gils-carb-por-otro-inmueble). La misma fue radicada ante la justicia federal de Comodoro Py, pero poco se ha hecho hasta el momento. 

 

A veinte meses de la mudanza, las condiciones del edificio están lejos de ser las óptimas.  Cuenta con nueve pisos: los primeros tres lo ocupan empleados administrativos; entre el cuarto y el séptimo funcionan las fiscalías 1 y 2, a cargo de Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik. Y el piso 9 lo ocupa el Fiscal ante la Cámara Federal, Daniel Adler. La superficie de cada sector no supera los 30 m2, y Pettigiani tuvo que pagar de su bolsillo los arreglos finales de su oficina. Tiene un solo ascensor, de apenas 1,5 mts por 1 metro, el cual es utilizado por las 50 personas que allí trabajan. 'Y esto va a empeorar cuando comience a funcionar el nuevo Código Procesal y los fiscales debamos investigar. Esto quiere decir que por aquí van a desfilar cientos de personas todos los días', afirma el fiscal. Apenas se lo recorre, se comprende fácilmente que el edificio no es funcional ni siquiera contemplándose las exigencias actuales. 

 

Consultado sobre la gestión de Gils Carbó como Procuradora, Pettigiani replica: 'no existe una línea clara de política criminal. Al menos con su antecesor, Esteban Righi, había más margen de acción'. Y agrega, contundente: 'Hubo un fuerte impulso en causas de trata de personas y derechos humanos, pero muy poco sobre narcotráfico. Mar del Plata no tiene ni una sola causa abierta por contrabando. Y tenemos un puerto'. Las propias estadísticas oficiales parecen confirmar la afirmación del fiscal: durante 2016, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) impulsó la apertura de más de 1650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones. Ambas fueron creadas en 2013. 

 

A su vez, la Universidad Católica Argentina informó en su tradicional Barómetro del narcotráfico que la venta de drogas en los barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense creció casi un 50% entre 2010 y 2016. Infortunadamente, la justicia argentina no posee en forma unificada estadísticas sobre este delito. De hecho, a fines de 2015 la Corte Suprema, a instancias de su titular Ricardo Lorenzetti, creó la Comisión Judicial de Lucha contra el Narcotráfico, integrada por jueces federales de distintas regiones del país. No sólo dicha grupo de trabajo no produjo ningún informe, sino que además hace más de un año que ni siquiera se reúne. Pero esto excede claramente las responsabilidades de la Procuradora.


Bahía Blanca

Una de las acusaciones que enfrenta Alejandra Gils Carbó remite a la designación arbitraria y traslados irregulares de fiscales, elegidos para jurisdicciones del interior y luego reubicados en juzgados donde tramitaban causas sobre la corrupción kirchnerista. Un hecho ocurrido años atrás resume perfectamente el cuestionado accionar de la Procuración.

 

El caso es conocido, pero merece volver a la superficie a partir del nuevo procesamiento al que fue sometido Lázaro Báez. Comenzó cuando inspectores de la AFIP de Bahía Blanca detectaron empresas radicadas en la ciudad proveedoras de facturas apócrifas que le habrían permitido a Báez evadir cientos de millones de pesos en impuestos. El 9 de agosto de 2012 el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, resolvió la disolución de la Dirección Regional de Bahía Blanca y muda las actuaciones a la jurisdicción de Mar del Plata. La causa fue conocida como 'Ficcadenti', apellido de una familia conocida de la ciudad del sur bonaerense. Cuando el juez interviniente en la causa, Santiago Ulpiano Martínez, decide allanar las firmas involucradas, entre ellas Constructora Patagónica Argentina S.A., la entonces mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura decide suspenderlo y designa en su reemplazo al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Este magistrado es hijo del camarista Juan Ramos Padilla, recientemente denunciado por publicar tweets como: 'Si tocan a Cristina el pueblo reaccionará'. Ramos Padilla (h) asume la subrogancia del juzgado de Bahía el 24 de junio de 2015.

 

Previo a ello, a instancias del fiscal federal Abel Darío Córdoba, a cargo por entonces de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, el Ministerio Público designa como fiscales ad hoc a Miguel Ángel Palazzani y José Alberto Nebbia. En aquella ciudad tramitaba la denuncia por violaciones a los derechos humanos contra Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia. Aunque la misma no prosperó, por este hecho los tres fiscales mencionados recibieron el premio 'Rodolfo Walsh' por parte de la Facultad de Periodismo de La Plata, el mismo galardón que recibió Hugo Chávez. En la actualidad, el fiscal Palazzani preside la Procuraduría de Violencia Institucional. Y Córdoba es fiscal ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Buenos Aires, donde se tramitan varios juicios contra Cristina Kirchner. En su momento, el juez Martínez acusó a dichos fiscales de haber entorpecido la investigación del caso que involucraba a Lázaro Báez. 

 

En recientes declaraciones, la fiscal brasileña a cargo de las investigaciones derivadas del Caso Lava Jato, Isabel Groba Vleira, señaló, de manera tajante: 'Para que dicha investigación fuera posible, fue necesario la existencia de un órgano con independencia funcional como el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Rodrigo Janot'. Y, recientemente, el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, objetó ruidosamente el inventario de bienes entregado por las FARC, en el marco del acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano.

 

Las diferencias con el caso argentino resultan abismales.