¿Le ha declarado el congreso estadounidense la guerra a Wikileaks?

Estados Unidos -como caso único entre las naciones del mundo- entiende que cuenta con autoridad legal para mandar en todo el orbe -y que tiene el derecho de utilizar sus tribunales de justicia para buscar justicia retributiva aún en situaciones que no involucren a ciudadanos estadounidenses y que tuvieron lugar en suelo extranjero. Ninguna otra nación envía a sus alguaciles al exterior para detener, por fuerza, a 'fugitivos de la justicia'. Si los EE.UU. fueran en verdad excepcionales, ello sin dudas no tendría que ver con el autodeclararse árbitros definitivos de lo que sucede en otras regiones.

Parece ser que, cada semana, el congreso estadounidense se supera a la hora de aprobar proyectos de ley que buscan emprenderla contra algún nuevo adversario extranjero. Rusia e Irán se han convertido en favoritos y sin que se conozca siquiera una voz de disenso al imponerse nuevas sanciones, y ello se acompaña de mecanismos que garantizan que un jefe ejecutivo no cuente con capacidad para mitigar el castigo. Y, en ocasiones, mecánicas subrepticias son utilizadas, insertándose algún apartado en porciones de legislación que proporcionarán autoridad para perseguir a otro novedoso enemigo del Estado.

La más reciente Acta de Autorización de Inteligencia en el Senado (SB 1761), que fuera dada a conocer por el comité el 18 de agosto -cuando pocos senadores estaban presentes en Washington-, comporta la naturaleza de un documento rutinario. Notablemente, solicita 'más' investigaciones que conduzcan a espionaje ruso y a una supuesta agresión, pero eso es lo que se esperaba, dado el actual pánico en relación a Moscú y sus intenciones. Sin embargo, casi seguramente llegará a convertirse en ley, aún cuando pocos miembros del congreso se tomarán el tiempo para leer cualquier porción del proyecto. La propuesta ya ha sido aprobada por el Comité de Inteligencia del Senado y, con toda probabilidad, será votada a congreso lleno, cuando el cuerpo reconvenga reunirse tras el receso de agosto. Con seguridad, será aprobado de manera unánime.

El hecho de que nadie en los medios alternativos le esté prestando atención a lo que el proyecto señala en su última sección, enumerada '623' es llamativo. Se intitula: 'El Congreso sobre Wikileaks: entiende el Congreso que WikiLeaks y el liderato senior de WikiLeaks conforma un servicio de inteligencia no-estatal, en general respaldado por actores estatales, y debería ser tratado como un servicio de esas características por los Estados Unidos de América'.

El Senador Ron Wyden fue el único miembro del comité que se opuso al proyecto, aún opinando que 'el daño provocado por WikiLeaks a los Estados Unidos es claro'. Sus preocupaciones coincidían en que la Sección 623, de ser aprobada, comportaría daños en perjuicio de la libertad de prensa. Explicó el legislador: '(...) El uso de la frase novelesca "servicio de inteligencia hostil y no-estatal" podría comportar consecuencias legales, constitucionales y de política pública, [dado que] particularmente habrá de ser aplicado contra periodistas que indaguen sobre secretos (...) [El hecho de que] el idioma utilizado en el proyecto sugiere que el gobierno de los Estados Unidos tiene algún curso de acción no especificado contra "servicios de inteligencia hostiles no-estatales" es igualmente perturbador'.

En efecto, el lenguaje utilizado sugiere que la Sección 623 busca justificar la toma de acciones directas contra WikiLeaks. Y que, asimismo, podría establecer un precedente que, potencialmente, podría dotar de poder a agencias federales de la ley para ir contra canales mediáticos legítimos que obtengan y publiquen información clasificada que pudiera ser crítica o incluso perjudicial para políticas gubernamentales. Conforme los medios de comunicación tradicionales han creído, durante mucho tiempo, que cuentan con un rol legítimo a la hora de exponer episodios de acciones impropias de parte del gobierno, la Sección 623 podría fácilmente crear margen para un choque entre la prensa y las agencias de la ley en relación a qué tipo de información es utilizable, y cuál no lo es.

Sería interesante conocer con precisión quiénes insertaron la Sección 623 en el proyecto de autorización de inteligencia, pero es improbable que esa información emerja en el corto plazo. La sentencia pone de manifiesto afirmaciones específicas sobre WikiLeaks y sus actividades, refiriendo que opera como un servicio de inteligencia hostil, que su liderazgo está compuesto por agentes enemigos que tienen a los Estados Unidos en la mira, y que opera bajo discreción de una agencia extranjera de inteligencia poco amigable con Washington. Concluye que WikiLeaks debería ser tratada 'como tal', esto es, confrontada como uno lo haría como con un enemigo.

En rigor, la presentación de WikiLeaks como un servicio de inteligencia real es absurda. No recluta agentes de los cuales obtener información dado que, en lugar de hacerlo, se respalda en voluntarios, muchos de los cuales son, en apariencia, informantes -como lo fueron Bradley Manning y Edward Snowden-, para proporcionarle material. Opera bajo un formato similiar al periodístico, al publicar material que pondera relevante, o bien que es actividad ilegal o inapropiada de parte del gobierno estadounidense y de otros gobiernos, corporaciones, e incluso individuos. Sus críticos afirman que es desaprensiva al hacerlo, pero WikiLeaks se ve a sí misma como un núcleo de activismo en pos de transparencia y responsabilidad global.

Y la afirmación de que WikiLeaks actúa como agente de algún gobierno extranjero hostil es, asimismo, incomprobable, aún cuando algunas personas en el gobierno de los Estados Unidos han insistido en que tal es el caso, y aún cuando algún periodista ocasional de investigación ha llegado a conectar esos puntos. Claramente, los ideólogos de la sentencia en el SB 1761 implican una vinculación con Rusia, pero no existe evidencia incontestable que sugiera que ello es cierto, como tampoco existen pistas que sirvan calificar a las revelaciones de WikiLeaks como propaganda política. La información surgida de WikiLeaks no es editada, y es auténtica. Ha sido reproducida una y otra vez por los medios principales en Estados Unidos y en todo el mundo, sin mediar reflexión. WikiLeaks bien podría no ser el canal de comunicación idóneo para muchos, pero se parece más a periodismo que a cualquier otra cosa, particularmente si uno acepta que las fuentes alternativas en el Internet se han vuelto legítimas en su propio derecho.

El grueso de la atención sobre la Sección 623 se ha enfocado en el daño potencial contra la Primer Enmienda de la Constitución, la cual ha establecido la libertad de expresión y de prensa pero, de igual manera, veo algo más siniestro en el lenguaje utilizado. La expresión es casi idéntica a una presentada por el Director de la CIA Mike Pompeo el 13 de abril pasado, en la que WikiLeaks es descripta como 'un servicio de inteligencia hostil y no-estatal, en general respaldado por actores estatales como Rusia'.

Desde luego no es coincidencia que el lenguaje utilizado sea similar y que sugiera que WikiLeaks y su liderato senior será puesto en la mira por el gobierno de los EstadoS Unidos, actuando a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). El sitio web Daily Beast informó sobre un comentario compartido por un ex empleado del comité de inteligencia del Senado, quien observa que 'ello permitiría a la comunidad de inteligencia recolectar información contra ellos [WikiLeaks] de igual modo en que lo hace contra al-Qaeda. Si Usted piensa que está ayudando a WikiLeaks como organización dedicada a la transparencia, el gobierno estadounidense se muestra fundamentalmente en desacuerdo con Usted, y Usted podría terminar bajo escrutinio de la NSA'.

Anteriormente, se ha citado la manera en que el Departamento de Justicia ha tenido problemas a la hora de formular un caso judicial contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Assange es un ciudadano australiano que reside en Londres en calidad de asilado en la Embajada de Ecuador, y que no ha evidenciado presencia física en los Estados Unidos. Sin embargo, la oficina del Fiscal General no ha ocultado esfuerzos al momento de formular cargos criminales, presumiblemente respaldándose en el Acta de Espionaje de 1918, que entiende como acto criminal la recepción de cualquier material clasificado por una parte no autorizada para hacerlo. Dado el declarado deseo de reprender a Assange, probablemente aquél termine siendo arrestado y extraditado a los Estados Unidos por parte de los británicos, si acaso él intenta abandonar su refugio en la sede ecuatoriana.

Algunos periodistas se muestran particularmente preocupados de que cualquier información clasificada sea hecha pública por WikiLeaks y luego empleada por canales de comunicación en los medios americanos, conduciendo ello a la formulación de cargos criminales contra personas de la prensa, bajo el Acta de Espionaje citada. Y Washington incluso podría ponderar que puede hacerlo, hasta el punto de reforzar la prohibición de utilizar material de WikiLeaks en un orden global, presionando a terceros gobiernos y poniendo a medios de comunicación contra las cuerdas en lo que hace a cuestiones legales, con demandas.

Ya existe un sinnúmero de leyes que criminalizan la manipulación o robo de información clasificada, pero el gobierno se ha mostrado singularmente incapaz de atrapar a los filtradores e informantes, de tal suerte que, desde ahora, irá por los receptores. En lo personal, yo sospecharía que los empleados y administradores de WikiLeaks, provisto que puedan ser identificados, terminarán siendo monitoreados, acosados, e incluso arrestados. Habrán de tener particular cuidado al viajar. Los servidores y sistemas de WikiLeaks acusarán disrupción, a partir de la inserción de virus informáticos y la intensificación del pirateo. Los informantes potenciales, sin lugar a dudas, tomarán nota, y se mostrarán reticentes a compartir información con una fuente que se encuentre bajo vigilancia. En definitiva, WikiLeaks será un enemigo, tal como en su momento lo fue la KGB, y la única diferencia estribará en que WikiLeaks es un actor 'no-estatal'. Bajo cualquier estándar de normalidad, la Sección 623 encarna una declaración de guerra con importantes consecuencias para aquellos que entienden que el rol apropiado de los medios es desafiar al gobierno y a otras instituciones.

A los efectos de largarle la CIA a WikiLeaks, la Casa Blanca probablemente habrá de contar con un próximo 'hallazgo', que termine por autorizar una acción especial. El presidente Donald Trump firmará -sin lugar a dudas- cualquier documento en tal sentido, y lo complementará con un tweet. Resulta particularmente irónico que Trump fue alguna vez un notorio fan de WikiLeaks, habiendo declarado que 'la ama', cuando se hallaba en campaña en octubre de 2016. Instancia en la que los emails de Hillary Clinton llegaban a conocimiento del público. Mucho ha cambiado desde entonces.