Caso Santiago Maldonado: entre la desmesura y la ausencia de autoridad moral

El caso de Santiago Maldonado expuso, acaso con contundencia, la fractura abierta existente en el seno de la sociedad argentina. El episodio no sólo dejó al descubierto la asuencia de autoridad moral por parte del kirchnerismo a la hora de reclamar por una causa en apariencia justa sino que, en cierta medida, logró desacomodar al Gobierno Nacional. Realidad que se hizo extensiva a algunos periodistas.

 

Cuando el hecho tomó estado público, luego de una portada del diario Página 12, no fueron pocos los que minimizaron el tema y lo evaluaron, sin más, como una nueva operación del kirchnerismo para desestabilizar a la Gestión Macri. Quien se apresuró en obsequiarle merecida relevancia al asunto fue el propio oficialismo. Lo cual se vio reflejado en la escasa información publicada sobre la desaparición de Maldonado en ediciones de Diario Clarín, acostumbrado a interpretar las posturas oficiales. Encumbrados analistas del matutino de los Noble, ahora de súbito, recriminan desde sus editoriales a la Administración el no haber profundizado tempranamente sobre los prolegómenos. No caben dudas: la responsabilidad primaria en tales casos ha de quedar en manos del Estado, pero cierto es que el caso Maldonado también logró ausentarse de los grandes medios, tras conocerse los primeros detalles.

En defensa de la postura oficial, valdrá cifrar que las posiciones extremas del peronismo kirchnerista y su vocero 'Página' lograron poner a la Casa Rosada a la defensiva. Quizás por esa misma razón, la Ministro Patricia Bullrich salió, de inmediato, a defender a Gendarmería Nacional. La jugada no le salió tan mal, habida cuenta de que se certificó que no había rastro alguno de ADN de Santiago Maldonado en los vehículos utilizados por los gendarmes en oportunidad del operativo del 1 de agosto. De tal suerte que la hipótesis de la desaparición forzada, perpetrada con planificación previa por el comando de una fuerza de seguridad federal con o sin la asistencia de terceros, cae por propio peso. Los reclamos oficiales en pos de la modificación de la carátula judicial tendrían su razón de ser. Per se, la figura jurídica de referencia se exhibía en extremo discutible, en virtud de que jamás hubo imputados ni detenidos, como tampoco pruebas que señalaran a nadie previo a definirse por escrito esa pretendida 'desaparición forzada'. Con todo, el resultado favorable que los hechos le obsequiaron a Bullrich no la exime de responsabilidad: la cautela debió ser su primera consejera. La exigencia de una investigación o sumario interno, y el apartamiento del elemento de Gendarmería que participó del operativo, acaso debieron haber corporizado esa cautela desde el inicio.

El quiebre en el tratamiento de la noticia fue, invariablemente, la marcha del 1 de septiembre en reclamo por la aparición con vida del artesano. Desde aquella jornada, el Caso Maldonado comenzó a repercutir con mayor fuerza en medios impresos y audiovisuales. En los comienzos, los titulares pusieron el foco en la violencia motorizada por los propios manifestantes (ATE, Quebracho, La Cámpora) -pero el tratamiento periodístico, con gran probabilidad, solo logró exacerbar la brecha ciudadana aquí comentada. En una vereda, periodistas afirmaban que el país se incendiaba y que, literalmente, el kirchnerismo y la izquierda le habían 'declarado la guerra' al gobierno de Mauricio Macri. Interpretación que solo podría interpretarse como un exceso, a raíz de que, aún sin minimizar cierto atisbo destituyente de tales núcleos, debe consignarse que no existe margen ni respaldo social para semejante extravío. Los analistas del país habrán de echar mano de algunas sugerencias, entre ellas, la de aproximarse a determinados aspectos de la agenda nacional, despojados de toda contaminación política. El acto de devorarse al caníbal desde luego poco tiene que ver con la ética periodística; recaer en esa tentación equivaldría a convalidar lo que se critica. De tanto en tanto, un buen consejo sería evadir los microclimas. Tratamiento que, en idéntica proporción, ha de dirigirse a comunicadores y a la propia Ministro Bullrich: todos asumieron posturas eminentemente riesgosas de cara a un hecho de alta sensibilidad.

El norte de la brújula habrá de centrarse en el aspecto central, que parece perderse de vista: nada se sabe sobre el paradero de un conciudadano. Es deber de la administración de justicia local, de las fuerzas de seguridad locales -ahora, también de las federales- y del gobierno de Chubut y del Gobierno Nacional poner de suyo para dilucidar la cuestión. A contramano de lo que todos los protagonistas han venido haciendo, en desmedro de la desaparición en sí, y que consistió en poner el foco en variables marginales u operaciones. El accionar de una y otra vereda en mucho recuerda a las posturas encarnadas por kirchneristas y en su momento opositores ante el fiscal Alberto Natalio Nisman -sin importa las evidentes distancias entre ambos capítulos. Así las cosas, ¿es RAM (Resistencia Armada Mapuche; no 'Ancestral', como erróneamente se ha citado) una organización radicalizada, que porta una agenda violenta y declaradamente hostil al Estado argentino y a la propiedad privada? En efecto, lo es. Y, sin embargo, poco interesa esa ponderación, cuando media la desaparición de una persona. Aunque no sea forzada.  

 

Se registra, más allá de la superficie, una probada desconfianza entre los distintos actores sociales. El fuerte reclamo por la aparición del joven artesano por parte del kirchnerismo se asemejó bastante al cuento del pastorcito y el lobo. De tanto insistir en el despropósito de comparar al Presidente Mauricio Macri con 'la dictadura', el peronismo cristinista consolidó las percepciones que versan sobre su escasa credibilidad y y su constante forzamiento de la historia. Allí donde, precisamente, la ex presidente Cristina Fernández mostrando un rostro compungido en una iglesia, remitió a una verdadera instantánea de sobreactuación.

Infortunadamente, la realidad argentina es la que se describe; no existió investigación despojada de politiquería -que es lo que debió suceder-: todo remató en una intolerable lucha entre facciones. Y es que toda hiperextensión del Estado termina siendo cubierta por la sospecha generalizada en este caso. Ese ostensiblemente escaso índice de credibilidad afecta a la justicia chubutense, a la Procuraduría regenteada por Alejandra Magdalena Gils Carbó -por remitir in situ a su instrumento Procuvin (violencia institucional) para asistir a la fiscal Silvina Avila. En tal instancia, incluso se ha colado el pasado guerrillero de la Ministro Patricia Bullrich. Para agregar más al cóctel, al frente de Procuvin, se encuentra -amén del reconocido Félix Crous-, el Dr. Miguel Angel Palazzani, quien en su oportunidad fuera acusado por ejercitar sospechosas desviaciones en la investigación en Bahía Blanca por las facturas apócrifas, con el objeto de facilitar la comisión de delito de evasión de impuestos agravada a Lázaro Báez. ¿Cómo reclamar autoridad moral de cara a una desaparición, si se recurre a funcionarios tan severamente cuestionados?

El peronismo kirchner-cristinista y sus personeros parecen, desde el vamos, cabalgar sobre un descarado electoralismo, portando un objetivo desestabilizador. El Gobierno Nacional y sus medios más afines, por su parte, buscan acomodarse a las circunstancias para capear el temporal. En tal contexto, la desaparición de Santiago Maldonado (haya sido su accionar correcto o incorrecto) termina consignando otra faceta de la lucha recurrente por el poder.

A estas alturas, no faltan quienes estiman que la eventual aparición del artesano -vivo o muerto- a nadie convendría.