Bahía Blanca, extrañas coincidencias: Lázaro Báez, Justicia Legítima (Gils Carbó), Ricardo Echegaray y Juan Suris

Durante los doce años de kirchnerismo, un aspecto conocido -aunque jamás explorado con la debida profundidad- remite a la explotación de los derechos humanos como escudo protector de la corrupción k. En tal sentido, el rol que cumplió el Ministerio Público Fiscal a cargo de Alejandra Gils Carbó ha sido determinante. El derrotero de una causa con epicentro en la ciudad de Bahía Blanca, conocida como Ficcadenti, en donde se investiga la emisión de facturas apócrifas con el objetivo no declarado de beneficiar al presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez, es, acaso, el ejemplo más robusto para certificar aquella hipótesis.

Novedosos datos sobre este subcapítulo -a los que pudo acceder este medio- permiten ampliar la línea investigativa, como también examinar con mayor atención circunstancias que habían pasado desapercibidas. El 19 de octubre de 2014, La Nación -por intermedio de Hugo Alconada Mon- reveló que AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A., nave insignia de Lázaro Báez, evadió millones de pesos en impuestos, por vía de la adquisición de facturas apócrifas o truchas, emitidas por una red de importantes firmas privadas de la ciudad de Bahía Blanca. Un día después de la publicación del artículo periodístico (en donde fue clave la denuncia de una ONG), se constituyó el expediente judicial 10451/2014.

 

De acuerdo a las actuaciones iniciales de la causa, se desprende la existencia de una asociación ilícita fiscal, cuyos principales integrantes serían Lázaro y Martín Báez, en conjunción con encumbrados conglomerados empresarios de Bahía Blanca: 'El grupo Báez, bajo la estructura jurídica de Austral Construcciones, habría diseñado un entramado vinculando comercialmente sociedades sin capacidad económica real para reducir sus costos fiscales valiéndose de las empresas de los grupos Ficcadenti, Ferreyra, y Pedraza'.  A su vez, estas organizaciones se hacían de facturas apócrifas provenientes de firmas vinculadas al denominado 'Grupo Suris', como CVP INDUSTRIAS SA, ACOPLAR SA, M-MAGNA SA, entre otras. Juan Ignacio Suris es un empresario bahiense procesado por asociación ilícita fiscal y por comisión de delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. 

 

Los nuevos datos que trascendieron son poco menos que elocuentes. El Grupo Ficcadenti está conformado por las siguientes firmas:

-PENTA Y CIA S.A., con actividades declaradas de construcción, reformas y reparación de edificios, servicios de arquitectura e ingeniería. Sin capacidad económica por carecer de bienes y de personal para realizar los trabajos de movimientos de suelos que le ha facturado a Austral: casi $16 millones entre 2011 y 2012. En una inspección, la AFIP detectó que su principal proveedor era la firma TSUYOI SA, propiedad de Cristóbal López.

 

-CALVENTO SA, comercio dedicado inicialmente a la distribución de armas, cuchillería, y artículos de caza y pesca, pero que luego amplió su objeto comercial a la industria de la construcción y vial. No posee cuentas bancarias, bienes de uso, inmuebles, como así tampoco personal en relación de dependencia. La AFIP afirmó que no pudo ser ubicado ningún integrante de la firma ni han contestado ningún requerimiento.

 

-TERRARAFI SA, desde su creación en 2011 hasta el año 2014, el 95% de su facturación estuvo destinada sólo a un cliente: Austral Construcciones SA. Su capital inicial era de $40.000. Un año después, declaró en su balance un patrimonio neto de $3,8 millones. A su vez, la firma le declaraba a la AFIP ventas brutas ostensiblemente mayores a lo que presuntamente cobraba por sus servicios. 

 

Por su parte, el Grupo Ferreyra -por intermedio de CONSTRUCTORA PATAGÓNICA SA- tenía prácticamente como único cliente a Austral Construcciones, destinando a la empresa de los Báez entre agosto de 2009 y enero de 2011 el 96,5% de sus ventas: $15.746.950. 

 

El restante grupo investigado es el de la familia Pedraza, mediante la firma IBEROAMERICANA DE SERVICIOS. Las actuaciones obrantes consignan: 'Las empresas mencionadas tenían como base de liquidez los montos dinerarios provenientes de la sobrefacturación de la obra pública nacional y provincial”, resultando por ello que habrían volcado al mercado circulante ilícito originado en diversos delitos tributarios. Es decir, que la causa 3017/2013 que instruye el Juez Sebastián Casanello,  a cargo del Juzgado Federal 7 de Comodoro Py, donde se investiga a Lázaro Báez por lavado de activos, conectaría claramente con la causa Ficcadenti. Pese a ello, Casanello devolvió las actuaciones al juzgado de Bahía Blanca, hoy a cargo de Walter López Da Silva, alegando que el lavado de dinero es un delito autónomo. Un dato que aporta valor agregado al análisis: entre la documentación secuestrada a la firma TERRARAFI S.A, se halló una planilla con detalle de facturas 'A' que directamente llevaba por título 'Facturas apócrifas'.

 

En lo que remitió a una presunta maniobra de encubrimiento, el 9 de agosto de 2012, es decir dos años antes de la publicación del artículo de Alconada Mon, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, resolvió la disolución de la Dirección Regional del organismo recaudador de Bahía Blanca y las Divisiones de Fiscalización, para pasar a depender de la jurisdicción Mar del Plata (instancia que será explorada próximamente, en mayor profundidad, desde este espacio). Al iniciarse la causa Ficcadenti en octubre de 2014, la misma recae -previo rechazo del Juez Rodolfo Canicoba Corral en CABA- en el Juzgado Federal 1 de Bahía, que subrogaba Santiago Ulpiano Martínez. Exactamente dos días después de que el magistrado dispusiera allanamientos a las firmas de los grupos empresarios sospechados, el 18 de junio de 2015, el Consejo de la Magistratura, dominado entonces por el kirchnerismo, decidió suspender en el cargo al Juez Martínez. Casualidad o no, el mismo día se constituyó formalmente la filial de Justicia Legítima en Mar del Plata, ciudad hacia donde Echegaray había enviado las inspecciones de la AFIP de Bahía Blanca. 

 

Es aquí cuando Alejandra Gils Carbó lleva a cabo su aparición estelar. Apenas un día después de la suspensión de Martínez, la Procuradora designa en forma irregular a José Alberto Nebbia como Fiscal subrogante de la Fiscalía 2 de la ciudad del sur bonaerense. Nebbia, reconocido integrante de Justicia Legítima, ya había sido nombrado como Fiscal ad hoc junto a otro miembro de la familia, Miguel Ángel Palazzani. La figura ad hoc rige únicamente para los jueces: asi se los llama a los magistrados que sólo intervienen en una causa determinada que se haya quedado sin juez. Pero, conforme lo explicita un renombrado jurista porteño, 'la ley 24.946 del Ministerio Público Fiscal no menciona la figura ni una sola vez para designar fiscales'. Por lo que, al decir de este letrado, 'Gils Carbó ha violado expresamente la ley'. 

 

Entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2015, Palazzani y Nebbia comenzaron a ejercer una fuerte presión al Juzgado nro 1 que investigaba la denuncia contra Lázaro Báez: en ese lapso de tiempo, presentan 14 prontos despachos, 4 retardos de justicia, y 5 denuncias ante el Consejo de la Magistratura. La excusa: derechos humanos. En Bahía Blanca, tramitaban importantes causas en delitos de lesa humanidad conocidas como “Armada” y “Ejército”. Además, el kirchnerismo intentó encarcelar a Vicente Massot, Director de La Nueva Provincia, acusándolo del improbable delito de entregar a las Fuerzas Armadas a dos empleado del diario durante la última dictadura. 

 

En los allanamientos dispuestos por el Juez Martínez dos días previo a su suspensión, se habría detectado que familiares de víctimas de causas de derechos humanos figuraban como empleados de algunas de las firmas allanadas: Pablo René Bustos Arnst, hijo de René Bustos, cuyo caso fue requerido en la causa 'Ejército' y hermano de la ex Concejala por el Frente Para la Victoria Gabriela Bustos Arnst, condenada por los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración; Enrique Lambrecht, pariente de Saturnino Lambrecht, casado con María Marta Bustos, hermana de René Bustos, también requerido por la causa 'Ejército'; y Martín Alejandro Cardinalli, hijo de Ricardo Cardinalli, requerido en 'Ejército'. La causal más importante que encontró el Consejo de la Magistratura para suspender a Santiago Martínez fue el de entorpecer el avance de las causas de derechos humanos. Entre los firmantes por la suspensión del Juez figuraron, entre otros, los hoy célebres Jorge Candis y Ruperto Godoy.   

   

En su reemplazo fue designado por el Consejo de la Magistratura con modos poco claros como juez subrogante Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado de Dolores. La designación debió haber recaído en la por entonces Jueza a cargo del Juzgado 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón. Presuntamente, la fuerte presión que habría ejercido Alejandra Gils Carbó torció la decisión a favor de Ramos Padilla. De acuerdo a diversas fuentes, este magistrado contó con la colaboración de 16 personas absolutamente ajenas al Juzgado provenientes de Dolores, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal, y de la Policía Federal. El objetivo, 'pisar la causa Ficcadenti y hostigar a los empleados'. Según pudo averiguar este medio, Ramos Padilla recibía instrucciones precisas de Gils Carbó, con quien mantenía una estrechísima colaboración. Uno de los delitos que se le imputa es el de haber permitido al imputado Denis Ferreyra y a la firma allanada Terrarafi, extraer copias de la documentación secuestrada. La instrucción que llevó a cabo este magistrado estuvo orientada a centrar la misma en las empresas emisoras de facturas, que habrían sido creadas a tal efecto, y no en las maniobras de evasión de Lázaro Báez.  

 

Finalmente, el 31 de diciembre de 2015, presentó su renuncia amparándose en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias por parte de Corte Suprema. Su salida se produjo apenas asumió la Administración Macri. En una entrevista brindada con motivo de su renuncia, Ramos Padilla destacó sus actuaciones en las causas por delitos de lesa humanidad. Consultado por las facturas apócrifas que involucran a Lázaro Báez, dijo textual: 'En el juzgado no hay ninguna imputación fiscal contra el empresario'. Sin proponérselo, brindó un perfecto resumen de su paso por Bahía Blanca. 

 

En marzo de 2016 el Consejo de la Magistratura desestimó todas y cada una de las denuncias contra Santiago Ulpiano Martínez. El fiscal Miguel Angel Palazzani está a cargo de la Unidad Fiscal PROCUVIN (Violencia Institucional), que interviene en la desaparición de Santiago Maldonado. Alejo Ramos Padilla es hijo del camarista Juan Ramos Padilla, recientemente denunciado ante el Consejo por publicar tweets poco inocentes, como el recordado: 'Si tocan a Cristina el pueblo reaccionará'. 

 

Las detenciones del Pata Medina y de Jorge Castillo en la Provincia de Buenos Aires fueron posibles gracias a la decisión firme del Procurador bonaerense Julio Conte Grand. A nivel nacional, la Procuradora Alejandra Gils Carbó parece más preocupada en atrapar fantasmas que en combatir los delitos del presente. Los hechos de Bahía Blanca dan buena cuenta de ello.