Bahía Blanca: el rol de Ricardo Echegaray y la conexión Suris-Daniel Scioli

En el complejo entramado de poder y negocios que urdiera el kirchnerismo durante sus doce años de gobierno, el rol desempeñado por Ricardo Echegaray desde las distintas funciones que ocupó en la administración pública fue crítico -en especial desde su lugar al frente de AFIP. Fue allí, por ejemplo, desde donde se confeccionó un inédito plan de pagos a doce años con una tasa del 0,5% mensual que habilitó el salvataje y la posterior expropiación de Ciccone Calcográfica. Sin embargo -y no dejando de resultar ello llamativo-, Echegaray no está procesado en esta causa. Como tampoco en otras.

 

En el marco de la causa Ficcadenti -ya comentada desde este espacio-, y donde se investiga la emisión de facturas apócrifas por parte de una red de firmas de Bahía Blanca que le permitieron a la constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones, un esquema de evasión impositiva agravada (que perjudicó al fisco en un aproximado de $70 millones), declararon ante la justicia ex funcionarios de la AFIP de la ciudad del sur bonaerense que habían realizado inspecciones a dichas sociedades en el bienio 2011-2012. Los ex empleados públicos ejercitaron su labor de fiscalización hasta que Ricardo Echegaray se inclinó por la súbita disolución de dicha dependencia, alegando un conflicto gremial. Pese a aquellas declaraciones, hacia comienzos de 2017, la Cámara de Casación que integra el reconocido integrante de Justicia Legítima, Alejandro Slokar, revocó la imputación del ex titular de la AFIP que había dispuesto el juez Sebastián Casanello, que investiga a Báez por comisión de delitos vinculados al lavado de activos. Este magistrado lo había imputado por haber 'omitido cumplir con la normativa vigente, encubriendo las conductas denunciadas'. 

 

La pretendida usina de facturas apócrifas investigada por la AFIP Bahía Blanca era integrada por Calvento SA, Grupo Penta y Cia SA, Constructora Patagónica Argentina SA, e Iberoamericana de Servicios SA. El informe desarrollado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de la Nación retornó conclusiones interesantes. Encabezado por la Dra. María del Carmen Penedo, se detectó, por ejemplo, que en los balances de dichas firmas los ingresos en muchos casos jamás coincidían con la facturación declarada; se registraron inconsistencias entre los importes declarados y el documento emitido, la constatación de proveedores con direcciones inexistentes, y la presentación de certificados de obra sin fecha cierta. En tanto el informe concluye que no es factible constatar fehacientemente la existencia de un delito, se aconseja continuar con la investigación, subrayándose que se asistiría a un escenario de 'contribuyentes con una parte de actividad real y otra parte que no podrían justificar'. Quienes debían continuar con la pesquisa, eran las distintas divisiones que posee la AFIP de Bahía Blanca. Si bien la pericia fue presentada en junio de 2016, la misma se respaldaba, fundamentalmente, en la documentación compilada durante las inspecciones de 2011. El 9 de agosto del año 2012, Ricardo Echegaray, por intermedio de la Disposición 299/2012, resolvió la disolución de aquella Dirección Regional, cesando las 49 jefaturas que funcionaban en la ciudad. El motivo aducido: un conflicto gremial por una nueva disposición de horarios de trabajo en las dependencias del organismo recaudador en todo el país.

 

En los meses de mayo y junio de 2016, declaró ante el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, en el marco de la causa Ficcadenti, Silvia Graciela Huici quien, desde el año 2011 hasta abril de 2013, supiera desempeñarse como Inspectora de AFIP en dicha localidad. En sede judicial, explicitó: 'Pasó algo que yo no lo vi, pero fue comentado por todos. En oportunidad en que Echegaray visitara las oficinas de la AFIP Bahía Blanca, solicitó una oficina del séptimo piso para reunirse con alguien; la oficina es vidriada, y lo vieron quienes estaban en ese lugar. Recibió al abogado de Juan Ignacio Suris, Leonardo Gómez Talamoni, quien le dio un sobre a Echegaray, y se fue'. El Gabinete Científico de Policía Federal Argentina confirmó la existencia de esta oficina.   

 

Del testimonio de Huici surge también que, a partir de 2011, llevó adelante inspecciones a firmas del Grupo Suris (CVP Industrias SA, M-Magna SA, Bahía Acoplar SA, entre otras), y que las mismas fueron incorporadas a la base e-apoc (facturas apócrifas) de la AFIP, por cuanto se trataba de 'meros contratos societarios sin actividad'. De la documentación verificada, emergieron los nombres de las firmas de los Grupos Ficcadenti, Ferreyra, y Pedraza, a las cuales las sociedades del Grupo Suris les proveían facturas truchas, que a su vez eran remitidas a Austral Construcciones SA, la nave nodriza de Lázaro Báez.

 

En declaraciones recientes, el pretendido 'hombre de negocios' bahiense Juan Ignacio Suris, procesado por asociación ilícita fiscal, acusó al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli: 'En un avión, le gente de Scioli venía a buscar mis facturas'. Y agregó: 'Esto es una pirámide. Estaba Scioli, más abajo Báez, después Echegaray en el medio'. Y mencionó una firma presuntamente propiedad del ex motonauta: 'Málaga'. Esta empresa, cuya denominación completa es Construcciones Málaga SA, perteneciente a Daniel Papasodaro; se presentó en concurso de acreedores en julio de 2014. En su momento, fue contratada por el Estado provincial para la realización de obras hidráulicas en el arroyo El Gato, de la ciudad de La Plata, posterior a las graves inundaciones ocurridas en la capital provincial en la semana santa de 2013. Málaga fue acusada de haber cobrado por adelantado certificados de obra para luego presentarse a concurso. Papasodaro, a su vez, es harto conocido en Bahía Blanca, por la construcción de viviendas y desagues pluviales. En tal sentido, se recuerda que, en el año 2006, se registró una ruidosa manifestación espontánea de vecinos en el municipio bahiense, a partir de la adjudicación del Plan Federal de Viviendas, regenteado en aquellos años por el ex ministro Julio De Vido y por el hoy preso José López. Al parecer, la firma Málaga prometió viviendas a 225 familias que el municipio no reconocía. 

 

Adicionalmente, la red de comercialización de Juan Suris logró diversificarse por todo el país, vinculándose, entre otros, a Juan Carlos Mancinelli, conocido por ser el DT de La Ñata, el equipo de fútsal de Scioli, y presunto testaferro del ex gobernador, por intermedio de la sociedad comercial Servicios Emiser SRL. Los nodos conectan también con Cristóbal López, a través de la firma Alcalis de la Patagonia SA, como oportunamente lo revelara Hugo Alconada Mon en La Nación. 

 

También en sede judicial, Silvia Huici relató que, en oportunidad de inspeccionar la firma Iberoamericana de Servicios SA, fue convocada junto a su supervisor de entonces, Carlos Blanco, a una reunión en la consultora IBC Consultores y Asociados SA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fueron recibidos por un funcionario nacional de la AFIP, Sergio Ketchejian, por el presidente dicha empresa, Daniel Magdalena, y por su director suplente, Pablo Casanova. Huici aseguró que no le fue entregada documentación alguna de la firma investigada, y que sólo invirtieron el tiempo de la reunión en relatarles 'todas las relaciones que tenían con gente importante de la AFIP, dentro y fuera del organismo'. Allí, se mencionó a Angel Toninelli, ex jefe de AFIP y persona de suma confianza de Echegaray. Los convocantes al mitin se refirieron a Toninelli, afirmó la ex inspectora, como 'abogado del Frente Para la Victoria'. Iberoamericana de Servicios SA tenía su sede en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. Al registrarse una inspección en aquella localidad, Huici narró que fue acompañada también por Sergio Ketchejian. Esta firma e IBC Consultores compartían los servicios del mismo contador: Julio César Jiménez. Otro testimonio judicial, el de la ex jefa de Fiscalización Mirta Susana Tapia, reveló un dato trascendente: 'El domicilio fiscal en Buenos Aires eran unas oficinas vacías'.  

 

Carlos Blanco, ex Supervisor de Fiscalización, también en su declaratoria ante la justicia, afirmó que, en julio de 2012 -esto es, un mes previo a registrarse la disolución de la Regional-, acordó reunirse en un bar de Bahía Blanca con Pablo Casanova, y que éste le sugirió que sería conveniente 'terminar rápido con la fiscalización, ya que, caso contrario, serían trasladados a lugares lejanos', mencionándole que 'tenía mucha llegada al poder'. La División de Fiscalización nro 5, creada luego de la disolución de la AFIP bahiense, a cargo de Norberto Filippini, archivó la inspección a Iberoamericana de Servicios el 30 de agosto de 2013. Filippini fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por Elisa Carrió, el 22 de marzo de 2016. 

 

En relación al conflicto gremial aducido por Echegaray para justificar la disolución de la Regional Bahía Blanca, cabe recordar lo que declaró Jaime Mecikovsky, ex subdirector de Operaciones Impositivas del Interior, ante el magistrado Sebastián Casanello, en el marco de la causa que se le sigue a Báez por lavado de dinero. Mecikovsky aseguró que la modificación horaria dispuesta por la AFIP se resumió en una maniobra urdida con la intención de originar un conflicto con el gremio, siempre con el claro propósito de usar esto como excusa para disolver la AFIP bahiense: 'Por lo que sé, Norberto Filippini, acompañado por Marcelo Echegaray, hermano de Ricardo, fueron los encargados básicos de estos temas', cifró Mecikovsky. El hermano del ex titular del ente recaudador siempre fue sindicado como un hombre de notable peso específico en la estructura de poder de la AFIP. De hecho, controlaba a las dos divisiones creadas con asiento en Bahía Blanca, una a cargo del mencionado Filippini y otra bajo la dirección de Inés Salomone. 

 

El rol de los dos principales Fiscales de Bahía Blanca también deja margen para no pocas suspicacias. Ambos fueron señalados por mostrar cierta morosidad en las investigaciones de la causa Ficcadenti. En abril de 2013, es decir justo entre la disolución de la Regional del año anterior y la revelación de Alconada Mon sobre la evasión millonaria de Lázaro Báez en 2014, Ricardo Echegaray se reunió en Bahía Blanca con el Fiscal General ante la Cámara, Alejandro Cantaro. Si bien la reunión fue pública, lo que allí hablaron dio lugar a una serie de conjeturas en la localidad. Pero el caso de Antonio Castaño resulta todavía más llamativo: amén de ser Fiscal Federal, es vicepresidente de Olimpo. Un año atrás, la AFIP -ya bajo comando de Alberto Abad- radicó una denuncia contra AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y nueve clubes de fútbol, entre ellos la entidad bahiense, por una evasión consolidada de $120 millones. Asimismo, el portal 'Cancha llena' informó que Olimpo era uno de los clubes que más dinero adelantado terminaría cobrando por el veterano ciclo kirchnerista que supo bautizarse como 'Fútbol Para Todos'.

 

Por estas horas, la aparente protección judicial de la que gozaría Ricardo Echegaray gana terreno en las pantallas de radar de analistas y entendidos. En ese espectro, se potencian las sospechas al respecto de que el ex hombre fuerte de AFIP podría ser parte de una obscura colusión con funcionarios de primera línea de la Gestión Cambiemos, a la que le comparte subcapítulos informativos que versan sobre la corrupción K de doce años, a cambio de impunidad. Hipótesis que parece consolidarse ante cada oportunidad en que la justicia federal evita convocar a Echegaray, siquiera como testigo experto.