Alejandra Gils Carbó y un nutrido cuadro de relaciones

La renuncia de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación sólo debe ser vista como un primer paso necesario para una renovación de la justicia federal. Pero su salida recién se hará efectiva después del 31 de diciembre de 2017, por lo que, en los próximos dos meses, se asistirá a desesperados realiniamientos en pos de la supervivencia de aquellos fiscales que han seguido los designios de su Jefa -como si se tratase de dogmas. 

 

La designación de Gils Carbó al frente del Ministerio Público es un hito fundamental del gobierno de Cristina Kirchner. Desde allí, se ideó una compleja estructura para otorgar impunidad a funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo en casos sensibles de corrupción, a través de formidables montajes, que podían ir desde el armado de causas por delitos de lesa humanidad hasta el despliegue de jurys de enjuiciamiento, con el sólo propósito de inculpar a diversos magistrados y funcionarios judiciales que no comulgaban con sus credos o que osaban investigar a los poderosos, sin reparar en el daño moral que esas acciones podían ocasionar. Para ello, fue necesario un ejército de fiscales dispuestos a todo. Y la creación de una agrupación judicial afín desde donde nutrir de acólitos la causa: Justicia Legítima.

 

Adicionalmente, la exploración de relaciones y subcapítulos que ilustran la aceitada maquinaria de la saliente Procuradora conduce a sorprendentes ramificaciones; es la tarea pendiente de observadores y analistas judiciales.

 

Ese análisis podría comenzar con la cita del caso del Fiscal José María Campagnoli quien, por pretender indagar sobre el patrimonio de Lázaro Báez, fue brutalmente apartado de su función por el MPF y sometido a un jury de enjuiciamiento, que finalmente no prosperó. Una pequeña parte de la fortuna del empresario K tiene su origen en la millonaria evasión fiscal que habría perpetrado a través de la adquisición de facturas apócrifas emitidas por un grupo empresario fantasma en la ciudad de Bahía Blanca. Allí nació la causa Ficcadenti, de la que este medio ya se ocupó (ver aquí). En el procesamiento de Báez, dictado por el juez Sebastián Casanello, se le da a este caso una importancia supina. 

 

Dicha causa se formó en octubre del año 2014, y el juez que la instruyó en Bahía Blanca fue Santiago Ulpiano Martínez, quien luego fuera apartado de sus funciones como magistrado por la mayoría k del Consejo de la Magistratura el 18 de junio de 2015. En su reemplazo fue designado como subrogante Alejo Ramos Padilla, quien en aquel momento era titular del juzgado federal de Dolores. El Fiscal federal Antonio Castaño, sindicado como miembro de Justicia Legítima, no presentó requerimiento de instrucción y sólo pidió un informe genérico a la AFIP, que había sido disuelta en la ciudad del sur bonaerense por Ricardo Echegaray en 2012. Un año antes de aquello, un grupo de 'sabuesos' había detectado serias inconsistencias en diversas empresas de Bahía, cuyos caminos conducían a Austral Construcciones SA, propiedad de Lázaro Báez.  

 

A instancias del fiscal Abel Córdoba (hombre de extrema confianza de Gils Carbó y sucesor del fallecido Hugo Cañón en causas de lesa humanidad), son nombrados por la Procuradora el 12 de marzo de 2013 como fiscales ad hoc Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, para entender en casos de derechos humanos. El cargo de Palazzani era el pomposo Fiscal General Coordinador de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Estos tres fiscales, bajo la protección del MPF, comenzaron a hacer todo tipo de presentaciones contra el Juez Martínez y distintos funcionarios de su juzgado. En paralelo, el 24 de junio de 2015 Ramos Padilla, reemplazante de Martínez en la causa que investigaba la evasión de Lázaro Báez, inició un sumario por presuntas irregularidades en las actuaciones del Juzgado. En vez de investigar a Báez, decidieron investigar a los funcionarios judiciales. Unos días antes, el 19 de junio, a través de la Resolución 1839/15, Alejandra Gils Carbó designó ilegalmente como Fiscal Federal subrogante a José Alberto Nebbia, quien ya oficiaba bajo la cuestionada figura ad hoc. Cabe recordar también que en aquellos años tomó vigor la causa contra el Director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, por la desaparición de dos empleados del diario en plena dictadura militar. Por aquel entonces, ya había estallado el escándalo de las facturas apócrifas en beneficio del presunto testaferro de los Kirchner. A Massot finalmente le fue dictada la falta de mérito.  Córdoba luego fue traslado como fiscal a Neuquen, en una cuestionada decisión de Gils Carbó. Palazzani recaló en la PROCUVIN (Violencia Institucional), que tuviera una polémica actuación en el caso Maldonado. Nebbia fue designado ad hoc también en la PROCUVIN. 

 

Los vínculos entre Ramos Padilla y la Procuradora fueron inocultables. Dicha relación se deja traslucir por la decisión de Gils Carbó de disponer, mediante la Resolución 2287,  la adscripción de dos empleados del Ministerio Público al Juzgado bahiense, en abierta violación de la Ley Orgánica del propio MPF. Se trata de Victoria Fraga y Leandro Massari. El 31 de agosto del año 2015, Ramos Padilla envió un informe de auditoría sobre la situación del juzgado a Procuradora: ¿Corresponde que un juez de la Nación reporte a jefa de los fiscales como si de su empleado se tratase? Ramos Padilla fue denunciado por abuso de autoridad, malos tratos al personal, despliegue de tareas de vigilancia ilegal. Recientemente, entró una denuncia contra él en el Consejo de la Magistratura. Ramos Padilla renunció a la subrogancia en Bahía Blanca el 31 de diciembre de 2015, ya con Mauricio Macri en la primera magistratura del país.

 

Los hechos acontecidos en Bahía Blanca arrojan algunas conclusiones inquietantes: se habría estado en presencia de una injerencia directa y gravitante de la agrupación Justicia Legítima en el Juzgado Federal 1 de aquella ciudad, donde tramitaban causas muy sensibles de corrupción.  Como así también una intromisión del Ministerio Público Fiscal. Y una particular extensión de las relaciones hacia Mar del Plata. 

 

El Fiscal bahiense Antonio Castaño es vicepresidente del club Olimpo, entidad que habría contraído con la AFIP, en épocas de Echegaray, una deuda millonaria. Uno de los abogados de Ricardo Echegaray es César Sivo, letrado marplatense que fuera vinculado oportunamente en casos de narcotráfico. Además, es acusado de haber motorizado el armado de la causa contra el juez Pedro Hooft, y ofició durante los últimos doce años como representante legal ante la Asamblea por los Derechos Humanos. Quien debió instruir el sumario administrativo abierto por Ramos Padilla contra los funcionarios judiciales bahienses fue el camarista Jorge Ferro, quien además de integrar la Cámara Federal de Mar del Plata, subrogaba la de Bahía Blanca. Ferro está denunciado ante el Consejo de la Magistratura por vínculos con un prostíbulo, a través de la amistad con su presunto titular, Alejandro Ferrarello. En una curiosa mueca del destino, el abogado de Ferrarello es César Sivo. 

 

El empleado adscripto por Gils Carbó para el Juzgado federal de Bahía, Leandro Massari, estuvo presente el 18 de junio de 2015 en Mar del Plata para la conformación formal de Justicia Legítima en la ciudad balnearia. En aquel recordado mitín, fue designado presidente de la filial local de la agrupación judicial k el fiscal de Cámara Daniel Adler.

 

Amén de haber convalidado una sospechosa mudanza de las fiscalías marplatenses a un edificio sin terminar, Adler fue quien presidió el fallido jury contra José María Campagnoli. Extrañas coincidencias.