Sobre las contribuciones de EE.UU. a Naciones Unidas

En diciembre de 2016, el congreso de los Estados Unidos aprobó el primer proyecto de autorización para el Departamento de Estado en catorce años. Esa medida -catalogada luego como P.L. 114-323- involucró la exigencia de que la Oficina de Administración y Presupuesto informase anualmente al congreso sobre 'la totalidad de las contribuciones evaluadas y voluntarias (...) del gobierno de los Estados Unidos de América a Naciones Unidas y sus agencias afiliadas y cuerpos relacionados, durante el año fiscal previo'.

Aquel requisito fue incorporado porque, mientras que EE.UU. ha sido históricamente -y continúa siéndolo- el principal aportante de fondos al sistema de las Naciones Unidas, Washington apenas ha compilado, y de manera poco frecuente, un informe abarcativo sobre esas contribuciones.

En 2006, por primera vez, el parlamento estadounidense exigió a la OMB que remita un informe completo sobre las contribuciones totales realizadas por los Estados Unidos de América al sistema de ONU, para los años fiscales 2001 a 2005. El informe definitivo -fechado en 2006- reveló que las contribuciones reales de EE.UU. a Naciones Unidas fueron más elevadas de lo que se había enumerado previamente desde el Departamento de Estado, en informes paralelos al congreso.

Entre 2005 y 2011, el congreso exigió informes sobre las contribuciones americanas al sistema ONU pero, en ciertos años, falló a la hora de especificar que la OMB es la que produce el informe. En cada instancia en la que el Departamento de Estado compiló el informe, las contribuciones estadounidenses a Naciones Unidas cayeron por debajo de las cifras informadas en años previos por la OMB.

Esto sucede porque, mientras que el grueso de las contribuciones de EE.UU. al sistema ONU provienen del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), millones de dólares también fluyen desde otras reparticiones del gobierno federal, y el Departamento de Estado carece de la autoridad para exigir que otras agencias expliciten información detallada en tiempo y forma. A la postre, los informes del Departamento de Estado son menos profundos que los informes producidos por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), la cual cuenta con mayores cuotas de autoridad para forzar a las agencias a que proporcionen la debida información.

Al proceder, el congreso estadounidense ha ordenado que el informe anual sea producido por la OMB, detalle que contribuye a generar mayor transparencia y precisión. Infortunadamente, la información correspondiente a años anteriores continuará en la nebulosa, hasta tanto el congreso o la OMB tomen medidas a los efectos de rectificar la cuestión. Estos son dos problemas de orden fundamental que deben hallar respuestas.

En primer lugar, los requisitos en materia de informes en la legislación P.L. 114-323 solo exigían a la OMB que proporcionase información relativa a los tres años fiscales previos, llegando al año fiscal 2014. Ergo, no existen informes abarcativos de las contribuciones del gobierno estadounidense a Naciones Unidas durante los años fiscales 2011 a 2013

En segunda instancia, mientras que la OMB ha proporcionado un informe para el año fiscal 2014, esa presentación no abarcó los años fiscales 2015 ni 2016. En lugar de ello, la OMB remitió al congreso dos informes compilados por el Departamento de Estado para el año fiscal 2015 o el año fiscal 2016. Y esto constituye un problema, porque:

(a) El congreso solicitó a la OMB que ésta compilase los informes, no que lo hiciera el Departamento de Estado.
(b) El congreso lo hizo así, porque los informes del Departamento de Estado, como ser el informe parlamentario anual sobre las contribuciones de los Estados Unidos a organizaciones internacionales, presentan un cuadro incompleto. Un ejemplo para ilustrarlo remite al fallo del informe sobre el año fiscal 2016, preparado por el Departamento de Estado, que listase los US$500 millones que la Administración Obama proporcionó al Fondo Climático Verde (Green Climate Fund).

A criterio de lidiar apropiadamente con estos problemas, y a no ser que la OMB opte por hacerlo voluntariamente, el congreso debería exigir a la OMB que presente informes para los años fiscales 2011 a 2013, y que revise y actualice los informes de los años fiscales 2015 y 2016 elaborados por el Departamento de Estado, con el objetivo de que sean detallados en todo aspecto posible. 


Artículo original en inglés, en http://dailysignal.com/2017/11/03/dropping-the-ball-on-reporting-u-s-contributions-to-u-n-system/