Argentina: fayando y fayando (*)

Nos envejece más la cobardía que el tiempo. El tiempo sólo arruga la piel. El miedo arruga el alma.

Facundo Cabral

(*) De 'Yira, yira', tango de Enrique Santos Discépolo

* * *

Hoy, la Justicia ocupa el lugar central de la vidriera donde se exhibe lo peor de la Argentina, tanto por el enorme desprestigio que la rodea, cuanto por la discusión acerca de las reformas necesarias. Las responsabilidades alcanzan a los tres poderes del Estado, y su buen desempeño, con independencia, seriedad y celeridad, resulta esencial para nuestra propia convivencia como sociedad y para la inserción de nuestro país en el mundo, con la consecuente llegada de indispensables inversiones: para que la incidencia de la deuda pública en el PBI descienda, éste debe crecer y, por otra parte, el millón de empleados públicos que sobran sólo podrán ser despedidos cuando la actividad privada pueda absorberlos.

El inventario de los males que la aquejan incluye la modificación kirchnerista del Consejo de la Magistratura, la nefasta aceptación de la renuncia de los magistrados cuestionados, el inicuo comportamiento de los jueces federales, el enriquecimiento inexplicado de algunos, la falta de preparación de otros, la colonización del fuero penal por la escuela garantista (herencia de Zaffaroni), la industria de los juicios laborales, la enorme duración de los procesos, el colapso edilicio y la falta de equipamiento informático, el nepo/amiguismo en el ingreso del personal a la carrera judicial y varios etcéteras.

Una vez más, y por razones cada vez más repugnantes, ha vuelto a ser cuestionada. Regresó a la picota por obra del Juez Ariel Lijo y su orden de detención del ex Vicepresidente, Amado Boudou. En la nota anterior, “Punteros, malandras y porongas”, ya expresé mi opinión sobre el tema, pero la difusión de las imágenes y filmaciones captadas durante el procedimiento ha suscitado una discusión que amerita otro análisis, ya que una parte de la ciudadanía y del periodismo se rasgó las vestiduras frente a la presunta e humillación a la que habría sido sometido el reo -se trata de un delincuente común, cómplice y testaferro del régimen saqueador que acaba de pasar a la historia- cuando se lo vio en piyama, descalzo y despeinado, mientras se le leía la orden de prisión.

Comenzó una polémica, amplificada en las redes sociales, acerca de la eventual violación de los derechos humanos del imputado, y otra vez se reveló nuestro costado más hipócrita. Nada se dijo de los perjuicios directos que este incansable ladrón causó a los más humildes y desprotegidos de nuestros conciudadanos, muchos de los cuales siguen descalzos –hace poco tiempo se viralizó la fotografía de un chico en un colegio rural, sin zapatos, mientras portaba la bandera- sino que se olvidaron las situaciones, mil veces más graves, que afectan a los militares y civiles presos, muchos sin condena firme, desde hace tantos años.

Los recientes presos por corrupción, mucho más jóvenes, son trasladados al Hospital Penitenciario de Ezeiza, donde pueden comprobar en carne propia la precariedad de las instalaciones y de los servicios que allí se brindan; pero los antiguos huéspedes son ancianos cuya edad promedio supera los 76 años y presentan patologías de toda índole, incluyendo numerosos de casos de cáncer terminal, están casi ciegos o paralizados.

Entre los muchos casos que fueron llevados en penosas condiciones a los tribunales que los juzgan en los procesos mal llamados de “lesa humanidad”, hombres de edad muy avanzada, algunos de los cuales se encuentran afectados por males de Alzheimer y Parkinson, los más emblemáticos fueron los del General Antonio Bussi y del Comisario Luis Patti. Además de recordar que fueron elegidos por sus vecinos varias veces como Gobernador de Tucumán e Intendente de Escobar, respectivamente, fueron obligados a comparecer estando cuadripléjicos; sus penosas fotografías en camilla recorrieron el mundo y, sin embargo, no hubo queja alguna de parte de los organismos de pseudo derechos humanos, ni se levantó una sola voz desde la política que se refiriera a ellos. Ahora, muerto el primero y cuando los jueces decretaron la prisión domiciliaria del segundo, se organizan escraches para repudiarlo; ¿se necesita alguna muestra más de la tuerta mirada de esas organizaciones? Pero no fueron los únicos episodios aberrantes de este largo período de venganza caníbal que se desatara a partir de la llegada del kirchnerismo al poder y que el gobierno de Cambiemos no ha hecho nada por interrumpir.

El mes pasado, desde el penal de Ezeiza fueron llevados a un tribunal de Bahía Blanca un grupo de detenidos; el traslado se efectuó en un camión celular, destartalado y sucio, a pesar de la avanzada edad –superaban los 82 años- y de las enfermedades de los imputados. Por la noche y durante doce horas, con las luces interiores encendidas permanentemente y las ventanillas cegadas, se los trató como ganado; entre otros comportamientos humillantes, el vehículo no se detuvo ni para que pudieran ir al baño –el existente en el interior estaba clausurado- y debieron utilizar en su reemplazo botellas provistas por los agentes penitenciarios. Tampoco hubo entonces queja alguna, ni reacción de la Secretaría de Derechos Humanos. El contraste con el trato brindado a los presos por corrupción, que incluyen traslados en avión y vehículos de alta gama, no puede resultar más repulsivo.

El otro aspecto de la cuestión Boudou se centró en la orden de prisión preventiva del ex funcionario. La ley establece que esa medida de privación de la libertad se debe decretar cuando existe peligro de fuga o se puede poner el riesgo la investigación; dada la edad de los militares y su falta de medios económicos, pensar que puedan escaparse sería una estupidez, y nadie podría alterar las pruebas en hechos ocurridos hace cuarenta años.

No puede exceder de los dos años, prorrogable por un año más si hubiera fundamentos. En el caso de los presos políticos, amén de otras aberraciones violatorias de todos los principios del derecho que sustentan el edificio de la civilización occidental -irretroactividad de la ley penal, juez natural, legalidad, principio de inocencia, etc.- esos límites han sido superados exageradamente. Para poner números concretos, hay que decir que el 76% no tiene condena firme, y el promedio de extensión de sus prisiones preventivas llega a los 6 años, aunque en algunos casos alcanzan a los 15; peor aún, 287 detenidos en esas circunstancias ni siquiera han llegado a juicio, o sea, nunca han sido declarados culpables de los crímenes que se le imputan.

Tengo esperanzas en que la reciente renuncia de la Procuradora General de la Nación, la inefable Alejandra ¡Giles! Carbó, que tendrá efecto a partir del 31 de diciembre próximo, y la reforma de la ley del Ministerio Público, en tratamiento hoy en el Congreso, permita el rápido desplazamiento de los innumerables impresentables disfrazados de fiscales con los que colonizó los tribunales, con la obvia complicidad de esos otros canallas, los jueces -verdaderos asesinos togados- que llevaron adelante los juicios de la venganza. 

¡Teléfono para Germán Garavano, Ministro de Justicia, y para Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos! No se puede ser acomplejado ni timorato, en especial cuando enfrente están los mismos que pretenden destituir al Gobierno y convocan a organizar comandos de resistencia sin que a nadie se le mueva un pelo.