La Ley de Salud Mental kirchnerista, en jaque

La Ley de Salud Mental -proyecto kirchnerista que en su momento provocó centenares de muertes y consolidó el abandono del adicto en crisis- se encuentra hoy en jaque, no solo por el Poder Ejecutivo. Adicionalmente, el Congreso de la Nación concentra numerosos Proyectos que buscarán desarticularla.

El Proyecto de Ley 812D/2017 de Internación del Adicto propone el abordaje médico con efecto inmediato y la respectiva evaluación psiquiátrica del adicto, a partir de registrarse el sólo pedido de un familiar en cualquier punto geográfico del país, el monitoreo desde SEDRONAR y la garantía de un abogado defensor del afectado que resguarde sus garantías constitucionales.

 

Es sabido que la Ley 26.657 -vigente desde 2011- impide abiertamente la intervención inmediata del sistema de salud para resguardar a los adictos en crisis. De esta manera, la controvertida legislación fuerza al abordaje del paciente con intervención del sistema penal, toda vez que sus acciones certifiquen su estado mental que, en ocasiones, provoca acciones irreparables.

 

Así las cosas, el criterio originario de la Ley de Salud Mental propone, en esencia, que el consumidor que exhiba un brote psicótico sea atendido por las dolencias físicas que pueda provocarse -pero sin tratarse profesionalmente su problema de fondo. En tal sentido, es lícito apuntar lo extraño de que una norma jurídica obligue a un profesional de la psiquiatría a contar con la anuencia de un afectado a los efectos de iniciar un tratamiento, cuando el referido paciente se rige por comportamientos paranoides, psicosis o esquizofrenia.

Para citar un ejemplo, cuando un abuelo que padece mal de Alzheimer recibe los debidos atención y cuidado, el caso en que un adicto transita por su seno familiar cuchillo en mano no es objeto de atención al convocar la familia a la ambulancia psiquiátrica por intermedio del 911. El motivo es que, si bien porta un arma blanca, se alude que no la ha utilizado. Distorsión defendida por la Ley de Salud Mental promocionada en su oportunidad por elementos afines al kirchnerismo en el parlamento.

Huelga decir que las más airadas protestas fueron en su momento presentadas por los directores de los hospitales, a raíz de que la Ley de Salud Mental obliga, en casos extremos, a trasladar al paciente hacia la guardia del nosocomio general más cercano. Estos pacientes tienen por costumbre arribar exhibiendo brotes psicóticos y tutelados por comportamientos violentos. Desatan verdaderas batallas campales en los establecimientos, poniendo en riesgo de vida a profesionales de la salud y a pacientes a quienes les ha tocado en suerte compartir un espacio físico con el enajenado.

La compleja cuestión de la salud mental exige un retorno a la cordura, removiendo de la norma la variable de las adicciones, a los efectos de proteger al paciente ante sus propias conductas; la ingesta de drogas y estupefacientes varios anula su capacidad de raciocinio y, por ende, es un individuo incapacitado para decidir por sí mismo los tratamientos que conduzcan a su bienestar.

 

Naturalmente, los acérrimos defensores de la actual legislación son Horacio Verbitsky (CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales) y Graciela Touzé [foto], asistente social que se desempeña en la ONG Intercambios (organización financiadas, entre otros, por Open Society, de George Soros). En la folletería de esta institución, se promocionan métodos para que los jóvenes puedan drogarse con éxito.

De manera complementaria, será necesario recordar que el CELS porta consigo una extensa trayectoria a la hora de fabricar mentiras, teniendo por declarada finalidad el comprometer la estructura democrática de la República y generar escenas de caos social. En tal sentido, Verbitsky ha alcanzado la fama mediática luego de intentar perjudicar la imagen de Su Santidad Francisco, haciéndolo aparecer como un rostro del último gobierno de facto del país. El CELS también ha puesto de suyo para emparentar a Eduardo Duhalde con el tráfico de drogas, al Presidente de la Nación Mauricio Macri con 'la dictadura', y a quien esto escribe como un 'nazi'.

A la postre, es menester señalar que la Ley de Salud Mental K se ha propuesto como un agente contaminante en el proceso de rehabilitación de personas con problemas de adicción. Entre las consecuencias de esta legislación, por ejemplo, se cuenta la amplificación de conductas violentas de parte de los adictos, que incurren en violencia de género, agresiones con riesgo de vida para él mismo y para terceros, y homicidios aberrantes.

Ha llegado la hora del verdadero cambio, si de lo que se trata es de salvar vidas.