Argentina: la corrupción como tragedia

En un país cuyo 30% de la población vive bajo la línea de pobreza, la corrupción pública no solamente es un acto repudiable e indignante. Es también un imperdonable desvío de fondos públicos y una brutal transferencia de recursos de las necesidades básicas de todo ser humano a la voracidad insaciable de un pequeño pero poderoso grupo de vivillos. Las preguntas se imponen: ¿Qué debiera ser más cuestionable, una posible rebaja impositiva a las empresas o haber malversado dinero que pudo haber sido destinado a fines sociales?; ¿No otorgar un bono de fin de año o desviar fondos que pudieron haber mejorado la infraestructura de la República?    

 

Las detenciones de Julio de Vido y Amado Boudou funcionan como una parábola casi perfecta de las claves de este tiempo. Absolutamente razonables y justificadas, llegaron a destiempo y con un ensañamiento peligroso. Aquellas imágenes del ex vicepresidente descalzo y despeinado mientras le leían sus derechos, que circularon por las redes sociales (ese lugar virtual que goza de una amplia impunidad) con cierto regocijo social, encierran en verdad un fuerte sentimiento de culpa que envuelve a una gran mayoría social. Y no sólo a los ciudadanos de a pie. También a jueces, fiscales y periodistas. En el año 2011, a Cristina Fernández de Kirchner, que iba acompañada en la fórmula por Amado Boudou y cuyas gigantografías de campaña que los mostraban a ambos jóvenes, bellos y sonrientes se habrían financiado con fondos públicos,  la votaron 12 millones de personas, el 54% del electorado. Para aquel año, Julio de Vido ocupaba el Ministerio de Infraestructura desde 2003.

 

El plan criminal a gran escala, que fue denunciado en 2016 ante el fiscal Guillermo Marijuán, habría tenido su bautismo de fuego unos pocos días antes de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, en mayo de 2003, cuando fue inscripta y creada Austral Construcciones SA, desde donde se canalizó gran parte de la obra pública. El escenario se ofrecía altamente propicio: una sociedad necesitada de ungir un líder que la guíe, luego de la seguidilla de cinco presidentes en apenas 7 días; y un periodismo que, demasiado pendiente del humor social, prefirió mirar para otro lado, en vez de dirigir su mirada hacia el único lugar que deben observar. 

 

De este modo, la estructura de la obra sobre la cual edificar grandes negocios ya estaba creada. Y no sólo para la plana mayor de lo que sería el kirchnerismo. También para un importante grupo de ceos, banqueros y empresarios, como se está demostrando ahora con las confesiones de Alejandro Burzaco en Nueva York o con las nuevas revelaciones en torno al papel de Jorge Brito en la operatoria de la imprenta Ciccone. Con el claro antecedente del menemismo, que funcionó como amalgama para hacer creer que un mayor grado de corrupción en el país, luego del paso del riojano por la Rosada, era sencillamente imposible; y utilizando a favor la desesperación social reinante en aquellos años, se instaló con éxito en el país una cultura propicia para hacer negocios rápidos, una voracidad de dinero mal habido nunca antes vista (Burzaco llegó a confesar que cobró u$s100 millones en coimas), una imparable necesidad de acumular cada vez más. Esa notable ingesta de dinero necesitó no sólo de una justicia que no juzgara aquellos actos y de organismos de control que no controlaran, sino también de una arquitectura jurídica y financiera para justificar su existencia.    

 

En todo proceso penal se necesitan pruebas para acreditar la veracidad de los actos, pero no se puede soslayar la existencia de los llamados “hechos notorios jurídicos” en el derecho. De acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia existentes, por dicho concepto debe entenderse aquel hecho que conoce o acepta como cierto una mayoría social o una categoría de personas. Repasando algunos de los acontecimientos más conocidos y notables de la última década, se puede arribar a quizá se esté ante la presencia de este paradigma:

 

_La ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kiciloff y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, junto a 15 ex funcionarios kirchneristas, fueron procesados, en la causa por la "venta de dólar futuro", por Adminstración infiel con perjuicio al Estado. Las pérdidas de la autoridad monetaria serían de $55.000 millones. El pasado 23 de marzo el juez Claudio Bonadio cerró la instrucción y pidió la elevación a juicio

_La ex mandataria también fue procesada por asociación ilícita en la causa donde se investiga un posible direccionamiento  de la obra pública a favor de Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner. El monto en cuestión es de $46.000 millones. Los 1355 bienes detectados del empresario patagónico, fueron valuados en $2.734 millones.

_En la llamada causa “Los Sauces”, Cristina está procesada por asociación ilícita y lavado de activos. Allí, se determinó que las empresas de Cristóbal López pagaron facturas a “Los Sauces”, controlante de hoteles y presunta propiedad de los Kirchner, por más de $18 millones. Y el grupo de Lázaro Báez por casi $7 millones. Mientras que en la causa “Hotesur”, donde la ex presidenta está imputada, estarían involucrados cerca de $44 millones.

_Los ex Jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Anibal Fernández, y el ex vice gobernador Gabriel Mariotto  fueron procesados por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos del programa Fútbol Para Todos. Además, Anibal también está procesado en el marco de la causa que investiga el “Plan Qunita” 

_ El ex Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, está procesado por lavado de activos por el posible origen ilegal de los fondos para la campaña presidencial de Cristina del año 2007. Se presume que el dinero aportado provino del tráfico de efedrina. En una causa conexa, se procesó en 2014 a tres funcionarios de la SEDRONAR sospechados de no haber controlado la desmedida importación de este precursor por parte del Estado.

_Según datos oficiales, la líder de la Tupac Amarú, Milagro Sala, recibió entre 2003 y 2015, de parte del Ministerio de Infraestructura de Julio de Vido, la suma de $1.282.654.656 para la construcción de viviendas, muchas de las cuales jamás se construyeron. De los más de $1.200 millones, se desconoce el destino de al menos el 56% de este total.

 

A estos ejemplos detallados, que son sólo algunos hechos notorios de probable corrupción, habría que agregarles las causas que se le siguen a Amado Boudou, Julio de Vido, y José López. Y no se puede dejar de mencionar la falta de controles de los organismos que por aquellos años debieron, justamente, controlar, y no lo hicieron: la Oficina Anticorrupción (OA), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA, vacante durante 6 años), la Unidad de Información Financiera (UFI), a cargo del también imputado José Sbatella, y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), al mando del ultrakirchnerista y frustrado Procurador Daniel Reposo. Y los casos ya mencionados en este medio del Ministerio Público de Alejandra Gils Carbó y la AFIP de Ricardo Echegaray. 

 

Solamente los montos involucrados en las grandes causas, como “Los Sauces”, “Hotesur”, y “Venta de dólar futuro”, y en la que es investigada Milagro Sala, suman más de $100.000 millones. El presupuesto de la Armada para el año 2018 es de $21.100 millones. Es decir, una quinta parte del total presuntamente malversado. Y la puesta en valor del submarino ARA San Juan, en 2014, fue de $100 millones. Apenas el 0,1%.

 

Algunas comparaciones resultan por demás contundentes. Y no menos dramáticas.