Cristóbal López y la tutela de un consorcio delictivo en abierto desafío al Estado de derecho

El rimbombante transitar del pseudoempresario Cristóbal López -difícilmente calificable de 'self-made man' a la manera estadounidense, provisto que el referido siempre supo contar con padrinazgo de su buen amigo y socio, Néstor Carlos Kirchner- comenzó a implosionar a partir del trabajo investigativo publicado por Hugo Alconada Mon en el matutino La Nación, en marzo de 2016. En aquella pieza, Mon describió con remarcable precisión el modus operandi de López y sus socios comerciales en la petrolera Oil Combustibles, S.A. Ese poco reflexivo servomecanismo le permitió a López eludir, de manera indirecta, el pago de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A la postre, la cifra evadida terminaría merodeando los AR$10 mil millones, aunque fuentes gubernamentales cercanas al Administrador Alberto Abad suelen consolidar el total en torno de los AR$12 mil millones. Sin necesidad de inquirir en los laberínticos prolegómenos del particular, en la práctica, el dudoso businessman no hizo otra cosa que apalancarse financieramente sobre pagos no efectuados al ente recaudador estatal, a los efectos de potenciar sus inversiones en la industria del juego a nivel doméstico y en el extranjero -aventura que lo llevaría a invertir en un fallido proyecto de Casino & Race Track en la improbable y semirremota localidad de Dania Beach (en el estado americano de Florida). Para ese extraño emprendimiento (que ahora mismo se halla bajo la lupa de las autoridades fiscales de la justicia estadounidense, por bien nutridas sospechas de circulación de activos financieros ilícitos en el circuito de EE.UU.), contó con los servicios de madrina ofrecidos por la diva Susana Giménez -eterna partenaire comercial de Jorge 'Corcho' Rodríguez, quien a su vez es íntimo de Julio De Vido, y está siendo investigado junto al ex ministro de Planificación Federal por magistrados argentinos y brasileños a partir de los sucedáneos de Odebrecht.

En oportunidad de la prolífica Era K, Cristóbal López fue beneficiado por el entonces conductor de los destinos de AFIP, Ricardo Echegaray, con el fin de que Oil no se viese forzada a ponerse al día con aquellas onerosas contribuciones. Mientras el organismo recaudador imponía severísimos punitorios a firmas de menor magnitud y plantel que Oil, la firma energética de López era tratada entre algodones por Echegaray y su entourage. En el ínterin, las apostillas políticas no constituían misterio para la opinión ciudadana: desde Grupo Indalo -consorcio controlante de los medios de comunicación de López-, la bajada de línea se explicitaba claramente, castigándose con dureza a las figuras estelares del a la postre victorioso conglomerado electoral Cambiemos (liderado por el ahora Presidente de la Nación, Mauricio Macri). Solo en 2015, a título de ejemplo, la Gestión Cristina Fernández de Kirchner otorgó a las señales de Indalo un total de AR$3.200 millones en pauta publicitaria. El combo comunicacional de López pergeñado desde Indalo se complementaba con una subsidiaria en el mundo del espectáculo, Ideas del Sur, antes conducida por el reconocido conductor Marcelo Hugo Tinelli, pero que luego terminaría en manos de Fabián De Sousa, taciturno alter ego de Cristóbal. Así las cosas, el propio Tinelli -le será difícil desconocerlo- prestó su imagen y firma para colaborar con su aporte en una plataforma bastante emparentada con la extorsión político-mediática, allí donde supo destacar la promocionada operación para favorecer al ex aspirante presidencial del ex Frente Para la Victoria, Daniel Osvaldo Scioli. Futuros desarrollos habrán de detenerse aquí, para elaborar sobre el negocio marginal emergente que tanto gusta a la dirigencia nacional, a saber, el alquiler perentorio de espacios publicitarios para apuntalar la propia imagen ante el electorado (servicio del que poco se habla, pero que suele abonarse en efectivo, alejado de todo monitoreo impositivo y merced al contacto establecido con funestos intermediarios). Finalmente, y por estas horas -ya sin pauta del Estado Nacional-, Ideas del Sur coquetea con la bancarrota: acumula deudas ante AFIP, no deposita haberes, ni se encuentra al día con el abono de aportes patronales.

A la luz de los hechos, habrá que concluir que Cristóbal López y su asociado De Sousa lograron mantener a flote su consorcio de obscuras compañías echando mano del apalancamiento técnico-financiero de casi US$ mil millones, que emerge de los pagos no efectuados a AFIP; ecuación en donde también desempeñó un rol crítico la multimillonaria pauta publicitaria recibida durante múltiples ejercicios anuales. De manera complementaria (y recurriendo nuevamente al trabajo investigativo de Alconada Mon), los favores recibidos eran convenientemente retornados, por vía de la confección de bizarros contratos comerciales en el rubro hotelero con la familia Kirchner. El fenómeno y su eventual deconstrucción -toda vez que se presta debida atención al carácter voluminoso de sus cifras y al meduloso ecosistema de tráfico de influencias de oportunidad- conducirá, invariablemente, al escarpado promontorio de una monumental asociación ilícita. Ricardo Echegaray constituye, en sí mismo, un case studio de difícil emulación: jamás ha sido convocado por la justicia a rendir cuentas por el inexplicable salvataje y protección ofrecidos a López. A duras penas (y gracias a la presión ejercida por la opinión pública ante los devaluados magistrados comodoropistas) le fue entregado un citatorio para que, próximamente, ilustre con lujo de detalles el sistema de salvoconductos que, idéntico al aplicado para con Oil, ideó en su momento para resguardar las operaciones de la firma Ciccone Calcográfica, cuyo mandamás en las sombras era Amado Boudou (su risueño y bien conectado amigo de correrías). En resumidas cuentas, será menester enumerar los aspectos más lóbregos del corolario: de este perturbador poliedro que ha tenido al ilícito por imperativo categórico, tomaron parte un ex Administrador de AFIP, dos ex presidentes de la Nación, y un ex Vicepresidente. Todos ellos en acción mancomunada y desaprensiva para favorecer a un hombre de negocios sin antecedentes. En el spotlight, se puso por delante -cual mustio polichinela- a un conductor de tevé ahora caído en desgracia, acorralado por sus propios excesos, adicciones y una aguda depresión. 

Los delitos computados a este colorido trust se potencian en gravedad no solo a partir de su descripción y yuxtaposición, sino el considerarse detenidamente lo encumbrado de sus comisionistas: evasión agravada (tras no registrarse los pagos de Oil, y luego de procederse a la fuga de ingresos no declarados a los Estados Unidos de América que luego serían girados a la puesta en marcha de inversiones); lavado de activos (al ponderarse la operatoria en los comentados 'hoteles fantasma'); defraudación en perjuicio del Estado Nacional (a partir de la pauta multimillonaria recibida y triangulada por Grupo Indalo); cohecho y tráfico de influencias (allí donde Echegaray ocupó un rol más que protagónico); incumplimiento de deberes de funcionario público; y otros conmovedores etcéteras.

Infortunadamente para Cristóbal López, la complejidad de su condominio empresarial dejó entrever una ineludible falencia estratégica, desmoronándose como castillo de naipes a partir del resultado no esperado de las elecciones presidenciales de 2015. La táctica del grisáceo businessman era tan limitada como endeble: apostar a Scioli para reciclar ad eternum el formato de supervivencia con respaldo en fondos estatales. En el epílogo, intentó consensuar con interlocutores de la Administración Macri un nebuloso salvataje, oportunamente negado por el propio jefe de Estado y por Abad desde AFIP: la inconveniencia de obsequiar un generoso plan de pagos a una pandilla que incursionó a risotada limpia en el delito de evasión agravada hubiese sido manifiesta. Ya en tiempo de descuento, ni siquiera la prerrogativa de insertar al ignoto Orly Terranova como frontman para aterrizar en los medios de Indalo cuajó en la desconfiada mirada presidencial.

Pero, conforme es ya costumbre, la politiquería doméstica insiste en exhibir su costado más pantanoso. Conforme lo han venido explicitando La Política Online y Diario Clarín hace semanas, Mario Quintana y José Torello -actores con relativo peso específico en el círculo intimista del Presidente Macri- trabajan con denuedo para destruir el piso bajo los pies de Alberto Abad. El motivo: deshilachada la Variante Terranova, los mencionados patrocinan, entre gallos y medianoche, la construcción de un brumoso proscenio que facilite el aterrizaje del desconocido inversionista Ignacio Rosner (OP Investments) en el comando de Indalo. Y Abad no ha dejado de interponer ruidosas objeciones a esa posibilidad. De Rosner poco se sabe, salvo que es un antiguo condiscípulo de Torello desde los buenos viejos tiempos en el Colegio Cardenal Neuman, y que arribaría al mundillo de inversiones argentino de la mano de aportes financieros cedidos por la petrolera rusa Lukoil, que busca proyectar su coto de caza energético en el tablero latinoamericano. No obstante, el proceso de adquisición se encuentra paralizado; ni Alberto Abad ni el magistrado de orden federal Julián Ercolini otorgan el visto bueno para la operatoria. Cuestión institucionalmente no menor porque, de dar Ercolini el brazo a torcer, estaría habilitando la activación de un circuito que garantizaría impunidad para el propio Cristóbal López: su protocolo de integración vertical y horizontal para operar por encima de la ley quedaría exento de culpa y cargo. Habiendo terciado, para tal fin, el ejercicio en tándem de los pragmáticos y resbaladizos cuentapropistas de moda, Torello y Quintana.

Esta sorda intriga palaciega podría, eventualmente, constituír el puntapié inicial para cualquier proposición revisionista que, a futuro, examine lo actuado por la gestión cambiemita. Tal como hoy se hace con el kirchnerismo.