España: terminar con la irresponsabilidad autonómica

El sistema vigente de financiación autonómico fue aprobado por el gobierno de Zapatero, en 2009. Su objetivo era poner fin a las eternas disputas entre los distintos gobiernos regionales acerca de cómo distribuir los ingresos tributarios de los españoles. Casi una década después, es evidente que el modelo ha fracasado: el debate sobre el modelo de financiación ha resurgido con fuerza (espoleado recientemente por la aprobación del cupo vasco, la reivindicación de una hacienda catalana propia, la petición de una quita a la deuda autonómica valenciana, etc.). Toca, en consecuencia, repensar el modelo para construirlo sobre unos fundamentos más justos y eficientes.

 

En primer lugar, el actual sistema de financiación se basa en el muy perverso principio de que el gobierno central recauda y las autonomías gastan. Los incentivos que esta asimetría de responsabilidades genera son patentes: los políticos regionales, irresponsables a la hora de recaudar sus tributos, hipertrofian el gasto público para comprar los votos de sus electores; en cambio, es el Ejecutivo central el que termina subiendo impuestos para transferir recursos hacia las vacías arcas autonómicas.

 

Segundo, la distribución fiscal que efectúa el gobierno central entre las autonomías no es neutral: bajo la demagoga premisa de la 'solidaridad interterritorial', los impuestos abonados por los ciudadanos que residen en las regiones con una mayor renta per cápita terminan engrosando los presupuestos de los gobiernos de aquellos territorios con menor renta per cápita. En particular, los ciudadanos de Baleares, Cataluña y, sobre todo, Madrid ceden una parte muy sustancial de sus rentas a los burócratas del resto de autonomías (cada balear proporciona como media 667 euros al resto de autonomías; cada catalán, 1.337 euros; y cada madrileño, 2.540): y, al hacerlo, disminuyen el incentivo de esos burócratas autonómicos a liberalizar sus economías para, así, impulsar su desarrollo interno.

 

Por último, la insuficiente descentralización de los ingresos frena casi cualquier atisbo de competencia fiscal entre las diferentes autonomías: dado que, en última instancia, es el gobierno central quien redistribuye la mayoría de la recaudación estatal, existen escasas motivaciones a que un mandatario regional trate de atraer inversiones, trabajadores cualificados o patrimonios de otras regiones. Es verdad que algunas autonomías, como la madrileña, sí han aprovechado el escaso margen con el que cuentan para minimizar tributos como el de Sucesiones o Patrimonio, pero en general la competencia fiscal es casi nula. En última instancia, el actual modelo de financiación actúa como un cártel entre administraciones públicas para anestesiar cualquier impulso a rivalizar recortando impuestos.

 

En definitiva, España debería avanzar hacia un nuevo modelo de financiación basado en la descentralización, la suficiencia y la corresponsabilidad fiscal: a saber, permitir que cada autonomía recaude la totalidad de los ingresos que necesita para sufragar aquellos gastos que recaen bajo su competencia y, por supuesto, poner fin a la ineficiente e injusta redistribución interterritorial. Si la mayor parte del gasto público se ejecuta de manera descentralizada por parte de cada autonomía, entonces también habrá que estructurar la financiación de ese gasto de manera descentralizada. Por supuesto, esa mayor capacidad recaudatoria también debería ir asociada a menores asistencias del gobierno central: si cada gobierno autonómico recauda cuanto quiere y gasta cuanto desea, entonces habrá que rechazar frontalmente cualquier iniciativa que, como el Fondo de Liquidez Autonómico, trate de rescatar a los ejecutivos regionales de su propia imprudencia e indisciplina. Autonomía en los gastos, autonomía en los ingresos y autonomía en la bancarrota: es hora de que los regidores regionales dejen de jugar con las cartas marcadas.