Silvia Majdalani y un socorro para la narcopolítica de la Provincia de Buenos Aires

Hacia finales de los años noventa al menos, la República Argentina parecía sortear las funestas consecuencias del auge delictivo derivado del tráfico de drogas. Problemática que lograra instalarse en América Latina -Brasil inclusive- como problema estructural, potenciando los índices de violencia y homicidios. Así las cosas, el territorio nacional no se mostraba permeable entonces al fenómeno colombiano-mexicano de cartelización, o a su similar brasileño de favelización.

No obstante, esa realidad se vería modificada rápidamente, a partir de la consabida amplificación de los asentamientos precarios en los grandes centros urbanos del país -tolerada (o acaso fogoneada) por la dirigencia política doméstica, sin importar su color ideológico. Como resultado del crecimiento exponencial de las denominadas villas miseria, los traficantes de droga lograron extender no solo el alcance de su mercado, sino también novedosos sistemas de distribución. Coincidentalmente, los personeros de los 'derechos humanos' y los embajadores de la liberalización de las drogas confluyeron en la agenda primaria de los productores y dealers de esquina: a su través, se procedió a la victimización del vendedor de estupefacientes dada su condición de 'persona sin oportunidades laborales', y se promocionó exitosamente una sensible baja en los precios de las sustancias -con lo cual, las drogas otrora onerosas quedarían a la mano de prácticamente cualquier ciudadano. Sumados estos factores a la eliminación sistemática de modelos preventivos que ofrecieran tratamiento y rehabilitación del adicto desde el sector público, nuestro país ha consolidado hoy su posición no solo como nodo de tránsito para las drogas, sino también como importante centro de consumo. Asimismo, el escenario ha contado con los buenos oficios del sistema penal, que ha preferido hacer a un lado todo esquema represivo (vigente hoy en cualquier democracia occidental). La mexicanización de la Argentina, antes descartada de plano por utopía catastrofista, se ha convertido hoy una realidad difícil de soslayar. El trabajo de contrainteligencia otrora ingeniado por operativos de la última dictadura militar para exportar violencia a regiones de América Central y Bolivia con el fin de participar de las pingües ganancias de la cocaína, terminaría siendo heredado por dirigentes políticos contemporáneos. Estos últimos -concentrados, como es de público conocimiento, en el conurbano bonaerense- muestran orgullosos sus fastuosos hogares y caballos pura sangre -ícono narco de moda-, a plena luz del día; se comportan como verdaderos padrinos (irónicamente, emulando a los dictadorzuelos centroamericanos de los ochenta); y regentean complejas estructuras financieras y operativas, allí donde no escasean contadores, jueces, fiscales, jefes de policía y sicarios. A la postre, el panorama no podría ser más lóbrego, conforme consigna una durísima desmentida para los liberalizadores de oportunidad: en definitiva, la baja en el precio de estos ilícitos commodities y el emerger del paco para los menos pudientes, no han contribuído a la pobreza de los traficantes. Antes bien, ha enriquecido a muchos: escalafones superiores, intermediarios e inferiores. Pero ha segado las vidas de muchos más, ya fuere por efecto de la sobredosis o por caer, muchos de ellos, víctimas de la lluvia de balas regada por el adicto desesperado por efectivo. La comentada liberalización ha contribuído a multiplicar las cifras de vendedores, clientes y, ergo, lavadores de activos. La corrupción entre las fuerzas de seguridad y elementos del sistema de justicia se ha vuelto rampante: es la demencial carrera por llegar primero para el cobro de 'peaje' al vendedor. Se trata de un coto de caza difícil de eludir para magistrados, fiscales, dirigentes políticos y altos representantes de distintas policías. Finalmente (dato no menor), el fenómeno a convertido a las guardias de los hospitales públicos en verdaderas carnicerías.

En el epílogo, la Argentina, que no cuenta con grupos guerrilleros activos ni con visibles padrinos de la droga surgidos del sector privado, ha comenzado a hablar -ya sin tapujos- de narcopolítica. Tras el arribo de la todavía flamante Administración Cambiemos al poder, el ímpetu inicial de la Ministro Patricia Bullrich (Seguridad) contra el tráfico de estupefacientes parece haber mermado. Al menos, esa es la preocupación creciente de activos enrolados en la AFI (Agencia Federal de Investigaciones, ex SI) y de sus pares estadounidenses antinarcóticos, estacionados en sedes diplomáticas de la región. Todos ellos por igual han centrado su aprensión en la Provincia de Buenos Aires, por cuanto AFI ha sancionado la clausura de un sinnúmero de bases operativas en zonas de importancia vital para el narco. Desde mediados de 2016 y hasta entrados los últimos días de diciembre, elementos del espionaje civil venían anotándose logros remarcables en materia de contrabando de drogas y armamento ilegal, trata de personas, cabarets, robos a bancos e instituciones financieras y casas country o en barrios cerrados. De igual manera, se procedió a desarticular microorganizaciones de policías corruptos que cobraban por 'protección' a comercios minoristas.

A la sazón, los quejidos de parte de reconocidos intendentes y jefes comunales de la Provincia comenzaron a acopiarse, a partir del entorpecimiento de sus negocios ilícitos. Las identidades de aquéllos no serían tan difíciles de determinar, toda vez que se coteja el detalle geográfico de la orden superior que ordenó poner fin a operativos; en tal sentido, las unidades operacionales clausuradas (específicamente, habrán de cesar su trabajo el próximo 15 de enero de 2018), son:

 

- Base Pilar: con funciones que abarcaba a los municipios de Escobar, Pilar, Zárate (las tres, verdadero 'corredor de oro' para la cocaína), Malvinas Argentinas y José C. Paz; 

- Base San Martín, que investigaba a los municipios de San Miguel, San Martín, San Isidro, Boulogne Sur Mer, Villa Adelina, Carapachay y Florida; 

- Base Quilmes: la misma cubría operativos en Avellaneda, Lanús, Banfield, Berazategui, Quilmes, Lomas de Zamora, Adrogué, Burzaco, Longchamps;

- Base Ezeiza: procediendo en Ciudad Evita, Ezeiza, González Catán, Monte Grande, Lavallol, Tristán Suárez y Esteban Echeverría;

- Base La Matanza: nodo crítico con intervención en los municipios de San Justo, Merlo, Moreno, Caseros, General Rodríguez, Luján y Marcos Paz.

 

En simultáneo, se puntualizó que continuarán en funciones las delegaciones La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, pero los informes entienden que estas localidades no se ausentarán del descontento, considerándose la importancia estratégica que las terminales portuarias comportan para las operaciones de tráfico. Amén del calibre de la variable marplatense, espacio en donde el núcleo filokirchnerista Justicia Legítima ha desplegado sus más destacadas cartas.

La totalidad de los consultados coincidió -al recepcionar la consulta de parte de este medio- en endilgar la responsabilidad de Silvia Majdalani (Señora Ocho, Operaciones; AFI) en la decisión, envuelta actualmente en una sorda cinchada con quien en teoría es su superior: Gustavo Arribas (Señor Cinco, amigo personal del Presidente Mauricio Macri). Conocida en el circuito por manejarse con un lenguaje pueril -ciertamente incompatible para alguien de su escalafón-, Majdalani cuenta con un colorido background; de aceitados contactos políticos y portadora de una sugestiva amistad con su antecesor K en el organismo, Francisco 'Paco' Larcher, la actual Señora Ocho tiene a su hija Agustina Olivero Majdalani [foto | Crédito: Perfil.com] trabajando en la Corporación Puerto Madero -núcleo en donde se comercializan los espacios remanentes para construir en el codiciado espacio porteño, a elevadísimos precios. A la Señora Majdalani se la sindica como ideóloga de denuncias y operaciones no solo en perjuicio de la figura de su jefe Arribas, sino también versus el titular de la Aduana, Gómez Centurión. En su oportunidad, la legisladora Elisa Carrió la acusó de haber ordenado un seguimiento contra ella en ocasión de trasladarse a la vecina República del Paraguay para sostener un encuentro privado con informantes.

Silvia Majdalani -sobre quien el propio Presidente ha reconocido entre íntimos que ignora quién le sugirió firmar su nombramiento en el espionaje civil- acaba de anotarse ahora una nueva, dudosa presea: el ser denunciada por sus propios empleados, por liberar prácticamente la totalidad de la Provincia de Buenos Aires a los más execrables narcotraficantes.

Al parecer, la narcopolítica no carecería de razones para celebrar con entusiasmo el arribo del Nuevo Año 2018.