Ringside: crimen organizado político-sindical versus cultores del focus group

'Hay que recordar que, mientras los movimientos gregarios mueren con su inventor, los movimientos institucionales siguen viviendo, aún cuando desaparezcan todos los que lo han erigido. Porque el hombre no vence al tiempo; la organización es lo único que puede vencerlo', explicitó alguna vez -en interlocución con gobernadores de provincia- el extinto Juan Domingo Perón.

Don Hugo Moyano (autoproclamado líder del sindicato de Camioneros) ha comprendido -y asimilado- a la perfección aquella prerrogativa. Con el agravante de que, en la Argentina al menos, la supervivencia de las organizaciones en el tiempo termina conduciendo hacia una consolidación de paraestructuras emparentadas con una evidente cartelización y el crimen organizado. Así fue como Moyano Senior evolucionó desde aquel apasionado muchacho que, en los años setenta, servía el café en la mesa de tristemente célebres capitanes de la industria (cuyo notorio eje de conversación giraba en torno de cómo encarar, siempre respaldados por las fuerzas armadas argentinas, la lucha anticomunista), hasta convertirse en el todopoderoso dignatario de los 'trabajadores' con capacidad plena para paralizar al país y obsequiarle un perjuicio mensurable en puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

Es que, si hubiese de tomarse prestadas las páginas de cualquier Código Penal de los Estados Unidos de América o de naciones en la Europa Occidental, Hugo y Pablo Moyano ya habrían incurrido (sin mayor preámbulo) en el concurso de delitos tan variopintos como coacción agravada, extorsión, amenazas, evasión impositiva agravada, lavado de activos, privación ilegítima de la libertad y homicidio, provisto que se entrecrucen debidamente las actuaciones de los mencionados -y sus subalternos- en subcapítulos tan nutridos como Covelia, OCA o Club Atlético Independiente, y comiencen a girarse pedidos de indagatoria a destinatarios de la extorsión por parte del Clan. A posteriori, la labor acusatoria complementaria no daría lugar a mayores disquisiciones, y requeriría incluso de menor sofisticación que la empleada para sellar el sino de Omar 'Caballo' Suárez (SOMU).

Así, pues -y trazando una suerte de corolario con la proposición doctrinaria peronista-, la variable tiempo suele rematar en una convergencia no tan imprevista entre autopreservación e impunidad; allí donde el sujeto de esa permanencia en el tiempo pondera que su propia supervivencia se definirá en el grado de solidez que pueda, eventualmente, imprimirle a su organización -sin importar que lo haga a expensas del cumplimiento de la ley. A título de ejemplo, y conforme lo exigen los considerandos de la legislación estadounidense RICO (aprobada como Acta en 1970, a fin de combatir el accionar del crimen organizado; siglas en inglés para Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), 'Una acusación civil bajo RICO debe probar que el imputado no solo se vio involucrado en acciones puntuales, sino que también habrá de probarse que tales actos constituyen un patrón'. De eso, precisamente, se trata: el patrón comportamental de los Moyano y otros notables sindicalistas argentinos de confesa filiación peronistoide exige, desde el ADN, congraciarse sistemáticamente con el delito. Suárez, Víctor Santa María y Balcedo, de un modo u otro, han elegido transitar por ese nebuloso andarivel. Otros, como Cristóbal López, han sabido centrar sus esfuerzos en la recurrencia del modus operandi de la evasión de impuestos. A la postre, la legislación estadounidense identifica a una organización vinculada al crimen organizado -asociación ilícita, le dirían aquí los penalistas- en esa recurrencia (léase: patrón). Naturalmente, la reiteración de uno o varios ilícitos conducirá, en la Unión, a mayores penas; poco tiempo después, a la confiscación inmediata de la totalidad de los activos del sujeto, bajo las provisiones del programa Asset Forfeiture, y retornados en servicios a la comunidad.

En simultáneo, habrá que colegir que la pendulante arena política argentina no está exenta de ironías: las huestes de Hugo Moyano, quien hallara su primigenio norte sindical en la lucha antisubversiva, convergen ahora con la agenda legal anarco-primitivista de Eugenio Raúl Zaffaroni, y una miríada de espectros autoetiquetados como 'derechohumanistas', todos los cuales han invertido gran parte de los últimos doce años en consolidar paraestructuras que han tenido al ilícito, casi como si se tratase de una declaración de principios, por imperativo categórico. El acabado subproducto de esta intrigante confabulación viene a ser 'Justicia Legítima', nucleamiento ideologizado de magistrados y fiscales que, tras solidificar su enclave en el sistema republicano por vía de la incansable infiltración de un Poder del Estado, no ocultan su predilección por la defensa cerrada de la delincuencia urbana y suburbana -accionar que hoy es identificado, por parte de la opinión pública al menos, con una singularidad de objetivación neogolpista.

Al cierre, el desafío planteado por Hugo Moyano y sus cófrades al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, no remite necesariamente a un duelo de personalidades que deba dirimirse en fraseologías draconianas (Trabajadores versus Dictadura, Mafia Sindical versus Democracia, etcétera). Aquello sería abyectamente confortable y reduccionista, por cuanto lo que está en juego es la supervivencia de un subsistema que ha venido acopiando poder de fuego desde los años cincuenta hasta la contemporaneidad. El duelo que propone el mandamás de Camioneros, al final del día, consigna una ruidosa bravata contra el dietario gradualista de la Administración Cambiemos -allí donde el librillo político de Marcos Peña y otros consorcistas del poder siguen rehusándose a comprender que, en cualquier nación civilizada, la justicia no admite gradualismos ni saturación de focus groups: o bien existe justicia, o bien ésta brilla por su ausencia.

Al sonar de la campana, sólo quedará uno. El retorno -o no- del populismo se definirá en el espacio público; ya no tras bambalinas.