Donald Trump: 'Las ciudades santuario ponen a ciudadanos estadounidenses a merced de duros delincuentes'

Mary Ann Mendoza exhibió su furia, al enterarse de que el inmigrante ilegal que asesinó a su hijo Brandon Mendoza -Sargento de la policía- no había sido deportado por las autoridades, tras un delito perpetrado en el estado de Colorado dos décadas antes. Aún cuando en su oportunidad escribió una carta al presidente Barack Obama -tras registrarse el homicidio de su hijo en 2014 y donde la madre expresaba su preocupación-, la Señora Mendoza halló interlocutores más receptivos el pasado lunes, al participar de una mesa de conversación junto al actual presidente, Donald Trump.

'En rigor, lo que está teniendo lugar son homicidios masivos en los Estados Unidos, a manos de inmigrantes ilegales que asesinan a ciudadanos estadounidenses', señaló Mendoza el lunes en el encuentro, del que tomaron parte funcionarios del Gabinete de Trump, miembros del Congreso, y autoridades de las fuerzas de policía estatales y locales.

'Más de 63 mil ciudadanos estadounidenses perdieron la vida desde el 11 de septiembre de 2001, a manos de inmigrantes ilegales', apuntó Mendoza. 'Se trata de una ola criminal que nadie ha tenido en cuenta, en tanto los funcionarios de ciudades y estados 'santuario' están poniendo en riesgo la vida de ciudadanos estadounidenses cada día que pasa. Nos hemos convertido en daño colateral para sus agendas políticas personales'.

Por su parte, el presidente Donald Trump calificó a California de convertirse en el primer y único estado santuario, convirtiendo en ilegal el hecho de que agentes de policía locales informen sobre inmigrantes ilegales. 'California pone vidas de ciudadanos estadounidenses inocentes a merced de duros criminales y homicidas, en muchos casos', señaló Trump el martes, en la misma rueda de conversaciones con autoridades.

El jefe de Estado americano observó que miembros del Partido Demócrata en el Congreso se han opuesto a toda legislación diseñada para retener los fondos que irán a parar a ciudades santuario. 'La prioridad de los Demócratas es proteger a los delincuentes, y no hacer lo correcto para nuestro país', dijo Trump. 'Mi prioridad, y la prioridad de mi Administración, es servir, proteger y defender a los ciudadanos de los Estados Unidos de América'.

Las jurisdicciones calificadas como 'santuarios' rechazan los pedidos de información presentados por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE), al rehusarse a compartir información vinculada a inmigrantes potencialmente deportables. Los pedidos de información -conocidos en inglés como 'detainers'- suelen ser empleados para que una fuerza de policía local o estatal pueda retener bajo custodia a un inmigrante que ha incurrido en un delito, por hasta 48 horas, a los efectos de habilitar a ICE para que se ocupe del reo e inicie los procedimientos estándar de deportación. Un proyecto que recortaría fondos federales para las ciudades santuario -patrocinado por el Senador Pat Toomey (Republicano por Pennsylvania) aún no ha podido superar el mínimo de 60 votos para ser aprobado. Toomey se refirió a la situación como 'frustrante'. El Departamento de Justicia realizó una presentación legal en relación a tres leyes californianas que, intencionalmente, obstruyen el funcionamiento de la ley federal inmigratoria.

'La legislación federal es la ley suprema en esta nación', apuntó el Fiscal General Jeff Sessions en el evento de referencia. 'La Corte Suprema ha dejado en claro que el gobierno federal tiene responsabilidades en lo que respecta a inmigración'. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), del espectro progresista, se ha opuesto a cualquier esfuerzo federal contra las ciudades santuario. En un comunicado oficial compartido durante febrero pasado, el núcleo refirió:

El Acta 'Stop Dangerous Sanctuary Cities' (en inglés, Acta para Detener a las Peligrosas Ciudades Santuario) perpetúa las prácticas inconstitucionales que emanan del 'detainer', y perturba a centenares de políticas confiables en las comunidades. Antes que tomar medidas punitivas y recurrir a fuerzas de seguridad que trabajan con esmero para equilibrar sus responsabilidades con el respeto de la Constitución con el fin de mantener seguras a sus comunidades, el Senado debería poner fin a la práctica del 'detainer' que emerge del Departamento de Seguridad Interior (DHS), o bien solucionar las deficiencias constitucionales, exigiendo garantías judiciales para todo pedido basado en 'detainers'.

En oportunidad de la mesa de conversaciones organizada por la Casa Blanca, el Senador Tom Cotton (Republica, Arkansas) señaló que aquellas jurisdicciones que desafían a la legislación federal 'no son ciudades santuario; son ciudades que se han posicionado por fuera de la ley'. Agregaría luego: 'Ya es hora de que el Congreso otorgue a la Administración las herramientas que necesita'.

Durante el año fiscal 2017 -que dio inicio en octubre de 2016- agentes de ICE (Inmigración y Aduanas) llevaron a cabo más de 140 mil arrestos administrativos y su trabajo condujo a más de 225 mil deportaciones, de acuerdo a la Casa Blanca. En ese lapso, 110 mil de esos arrestos tuvieron lugar desde que Trump llegó al poder. La cifra se compara con los 77.806 arrestos registrados durante el año fiscal 2016. De esos arrestos, el 81% remitía a criminales con sentencias anteriores, afirmó el Director de ICE, Thomas Homan, que refutó airadamente acusaciones al respecto de que la agencia a su cargo ejercitaba arresto indiscriminadamente. Homan dijo que no se llevaron a cabo 'raíds ni redadas', y que la totalidad de los arrestos tenían objetivos puntuales -esto es, que se buscaba a individuos específicos y que no se arrestaba masivamente a personas.

'Se nos dice, por un lado, que concentremos nuestro esfuerzo en los criminales (...) pero esas mismas personas que nos exigen que nos enfoquemos en los criminales dicen que no los quieren en sus cárceles del condado. Ello desafía toda lógica'. A continuación el funcionario especificó que los delincuentes conocen a la perfección el tema de las ciudades santuario: 'Las políticas que favorecen a las localidades santuario están siendo explotadas por organizaciones criminales en México y América Central. Ellos se aprovechan del contrabando de inmigrantes ilegales a jurisdicciones santuario, financiándose tales organizaciones con ese contrabando'.

La Secretario de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, declaró sentirse 'horrorizada' por el hecho de que funcionarios electivos se dediquen a poner a oficiales de policía locales y estatales y a agentes federales de inmigración en conflicto, 'uno contra otro'.

Artículo original, en inglés, en éste link.