Zimbabue: se impone la cautela a la hora de aproximarse al sucesor de Robert Mugabe

Toda vez que un dictador abandona el poder, ello es motivo de celebración. Cuando, en noviembre de 2017, un golpe de Estado removió a Robert Mugabe como presidente de Zimbabue -luego de que aquél permaneciera durante 37 años regenteando ese país con mano dura-, fue difícil no festejarlo. Sin embargo, y conforme quien esto escribe lo consignó el pasado año, luego de registrarse el golpe, las condiciones no estaban dadas como para que el gobierno de los Estados Unidos de América se tentara y terminara por acercarse a Emmerson Mnangagwa -reemplazante de Mugabe. Tras ser respaldado por los militares del país, Mnanangwa ha prometido poner en marcha un programa reformista, incluyendo el desarrollo de elecciones libres para el año en curso.

Sin embargo, Mnanangwa ha pertenecido durante mucho tiempo al partido ZANU-PF, tomando parte del estilo cleptocrático y autoritario que hace al espíritu de la organización política. A la postre, Mnanangwa no debería recibir voto de confianza alguno, hasta tanto pruebe al mundo que no suscribirá un deleznable estilo de gobierno, como lo ha hecho Mugabe.

Los senadores estadounidenses Jeff Flake (Republicano, Arizona) y Chris Coons (Demócrata, Delaware) propusieron recientemente un proyecto de ley que diseña un sendero positivo para que el gobierno de los Estados Unidos de América evalúen cómo lidiar con un líder tan violento como despiadado como Mnangagwa. El proyecto de referencia reafirma las actuales restricciones estadounidenses a cualquier respaldo para el gobierno de Zimbabue, y despliega una serie de pasos que deberán ponderarse previo a que Washington siquiera considere involucrarse política o económicamente con el régimen. Dicho sea de paso, el proyecto legislativo urge al gobierno de EE.UU. a que dé inicio al necesario proceso de reconciliación en la nación africana, al tiempo que convoca a implementar un sistema de sanciones contra cualquier ciudadano de ese país que intente subvertir los comicios o cualquier otro proceso democrático.

Y los reparos existentes contra el nuevo régimen se hallan plenamente justificados. Hasta registrada la caída de Mugabe el pasado año, Mnanagagwa se mostró como uno de los soldados más entusiastas del dictador. El sucesor de Mugabe fue el arquitecto de la masacre de Gukurahundi en los años ochenta, oportunidad en donde perdieron la vida civiles vinculados a la oposición política. En 2002, Naciones Unidas lo nombró como partícipe necesario de una red que se apropió ilegalmente de un aproximado de US$ 5 mil millones en proyectos mineros en curso en la República Democrática del Congo, y logró eludir las sanciones de ONU en 2008 solo gracias a la protección otorgada por China y Rusia en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos, sin embargo, lo sancionó en 2003 y continuó con las sanciones en 2005, por 'comprometer procesos e instituciones democráticas'. Pero ello no detuvo el ímpetu de Mnangagwa, que lo llevó a diseñar la sangrienta represión contra la oposición política de Zimbabue en los comicios de 2008.

Los ataques cobraron tal magnitud, que el líder opositor de aquel entonces llamó a sus simpatizantes a no votar en la segunda vuelta, a los efectos de resguardar su propia seguridad. La comunidad internacional que, con premura, opte involucrarse económica y diplomáticamente con el gobierno actual de Zimbabue probablemente asistirá a Mnangagwa, logrando éste alimentar las redes financieras de respaldo para el partido oficialista ZANU-PF. De esa manera, logrará consolidar su poder político. Este comportamiento internacional incluso consignaría que la comunidad internacional interpretaría que Mnangagwa es la persona indicada para conducir los destinos del país -aún cuando su comportamiento anterior sugiere exactamente lo contrario.

La República Popular China respalda a Mnangagwa -tal como lo hizo Mugabe-, lo cual probablemente comprometa la efectividad de cualquier intento de terceros países en pos de que Zimbabue cuente con un sistema de gobierno que efectivamente proceda a rendir cuentas. Con todo, la sugerencia es que el gobierno de los Estados Unidos evite, en lo posible, respaldar inconscientemente a regímenes funestos -en tal sentido, el proyecto de ley de Flake y Coon garantizaría que eso no suceda. De igual modo, y con toda probabilidad, el proyecto podría influenciar a otros socios internacionales de Washington que pudieran estar considerando acercarse a Zimbabue; a partir de allí, podrían hacerlo con mayor cautela. Finalmente, el adoptar la estrategia legislativa citada podría conducir a que Zimbabue se responsabilice por tener una Administración que rinda cuentas, dejando en claro que la única manera de contar con respaldo estadounidense arribaría si Harare pone en marcha un sistema de significativas reformas.

Ese eventual resultado sería en extremo positivo para los intereses de los Estados Unidos de América, y una victoria para los muchos ciudadanos de Zimbabue que, durante décadas, han luchado por contar con un país verdaderamente libre.

Artículo original, en inglés, en éste link