Filipinas: la campaña antidrogas está conduciendo a un escenario de homicidios masivos

De acuerdo a estadísticas oficiales, más de 4.200 personas han sido asesinadas por fuerzas policiales en Filipinas, a raíz de operaciones antidroga que dieran inicio en julio de 2016. Organizaciones vinculadas a los derechos humanos contabilizan, en rigor, más de 12 mil muertes -muchas de las cuales han tenido lugar a mano de la Policía Nacional de Filipinas o de pistoleros no identificados (que por lo general exhiben conexiones con agentes del orden). Las autoridades han señalado que aquéllas han actuado bajo un marco de legítima defensa, pero se multiplican las razones para dudarlo.

En primer lugar, el presidente Rodrigo Duterte ha arengado públicamente a ultimar a los sospechosos de comercializar drogas, advirtiendo a los traficantes: 'La orden que he dado es de disparar a matar. No me interesan los derechos humanos; más les vale a Ustedes creerme'. El gobierno ha puesto en marcha este brutal mecanismo operativo, que ha de ser ejecutado con impunidad, evitando que los oficiales de policía sean tenidos por responsables de su rol en los homicidios. Recién en febrero pasado, un tribunal llevó adelante el primer caso contra un agente de policía, tras ser hallado responsable de sangrientas redadas que dejaron como saldo miles de muertes. El caso remató con el arresto de tres oficiales que ejecutaron a un adolescente desarmado que pidió clemencia por su vida.

Segundo: los informes compartidos por grupos de derechos humanos han explicitado que la policía local ha fabricado operativos, a efectos de justificar los asesinatos. De acuerdo a Human Rights Watch, los informes policiales que versan sobre la erradicación de sospechosos de vender drgoas afirman, de manera uniforme, que los sospechosos se resistieron al arresto y que intentaron abrir fuego contra los policías. Testigos con conocimiento directo de lo que sucedió han detallado que se trató de homicidios a sangre fría de individuos desarmados que se hallaban en custodia. Adicionalmente, Human Rights Watch ha afirmado que, de manera rutinaria, los agentes plantan armas y paquetes con drogas luego de registrados los incidentes, con el objetivo de encubrir la ilegalidad de los homicidios ejecutados por ellos.

Más aún, en una entrevista con Amnistía Internacional, un agente de policía de una unidad antidrogas reveló que los oficiales recibían compensaciones en efectivo, por ejecutar a violadores de la ley de drogas. Y que no existe tal recompensa por arrestar personas. Tercero: surge de las estadísticas que los ciudadanos más pobres del país son el componente principal en el conteo de víctimas generado por los asesinatos extrajudiciales del gobierno filipino. Muchos ni siquiera pueden afrontar un entierro; menos aún presentar un recurso judicial.

A consecuencia del miedo, numerosos consumidores de drogas y vendedores de shabu (como se conoce localmente a la metanfetamina) -la sustancia más económica y que prevalece en los asentamientos precarios- se han entregado a las autoridades ni bien la campaña antidrogas dio inicio. Estos sospechosos tomaron esa decisión en pos de aumentar sus expectativas de no ser ejecutados, pero un 62 por ciento de ciudadanos filipinos encuestados remarcaron que creen que, de todos modos, han sido ejecutados. Duterte y el gobierno de Filipinas argumentan que la escalada de muertes prueba el 'éxito' de la campaña oficial. Pero, claramente, el asesinato de consumidores de drogas de menor edad tiene poco que ver con la eliminación del flujo de sustancias ilegales en la nación asiática.

Previamente, Duterte había declarado que se haría cargo de su propio país, y de que lo alimentaría, para que goce de mayor salud. Pero ha de subrayarse que el homicidio exhibe poca relación con aspectos sanitarios. Si Duterte entiende que puede encubrir y justificar semejante campaña de homicidios ilegales, claramente incurre en un error.

El gobierno de los Estados Unidos de América y la comunidad internacional deberán continuar haciendo de voceros ante las preocupaciones que emergen de la estrategia antidrogas de Filipinas. El congreso americano ya ha expresado, en una legislación aprobada el pasado mes de marzo, que la asistencia antinarcóticos proporcionada por Washington al gobierno filipino será retenida, hasta tanto ese país implemente una 'estrategia antinarcóticos que pruebe ser consistente con los estándares de derechos humanos a nivel internacional'.

El gobierno de los EE.UU., finalmente, habrá de dejar en claro a Duterte que deberá hacerse responsable por sus brutales políticas de Estado, y poner el foco sobre las consecuencias que habrá de afrontar, si fallase a la hora de implementar una política antinarcóticos dotada de legitimidad.

Artículo original, en inglés, en éste link

* Artículo desarrollado con la colaboración de Sang Hyuk Park