Paraguay: endeudamiento sin reformas

La Administración del presidente paraguayo Horacio Cartes deja como herencia la puesta en marcha del endeudamiento público, el cual ha pasado del 14 al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras aumentaban los compromisos internacionales, se hicieron a un lado las reformas que perfectamente podrían haber colocado al país en estos cinco años por la misma senda de Chile. Este país, por vía de la implementación de medidas de fondo en su economía, fue consolidando su desarrollo -lo cual se ha traducido en menores índices de pobreza, más puestos de trabajo genuinos, menor índice de percepción de corrupción, y mejores oportunidades para el capital y el trabajo.  

 

Este importante endeudamiento -puesto en marcha con el respaldo del Congreso- fue exhibido inicialmente como una debilidad oculta, para transformarse luego en amenaza. En el plan de contraer deudas, se relegaron las reformas -las cuales buscan hacer al Estado más fuerte y eficiente en las áreas de su incumbencia. La ausencia de reformas explica por qué el gobierno actual ha decidido mantener los vicios de los anteriores.

 

Y, si bien los motivos del endeudamiento pueden ser compartidos por el atraso en infraestructura, alcantarillado, tratamiento de agua, puentes, rutas, distribución de electricidad, salud y educación -pues todo ello requiere de multimillonarias inversiones-, no es menos cierto que sólo una vigorosa economía privada es capaz de generar los ingresos al fisco para pagar finalmente la deuda.

 

Pero una economía pujante requiere de un sector público comprometido con la eficiencia, la desburocratización, el uso correcto y transparente de los recursos, precisamente lo que todavía no ha ocurrido porque las reformas siguen postergadas. Se conoce ciertamente en la teoría económica sobre el efecto multiplicador del gasto público por medio del endeudamiento, sin embargo, sin las reformas en el seno del mismo Estado, el país puede empezar a sentir el deterioro de su estabilidad macroeconómica, pues el dinero es el resultado del ahorro y la capitalización privada; nunca del intervencionismo estatal.

 

La Administración del presidente Cartes ha cuidado la estabilidad macroeconómica e insiste, acertadamente, con la ley de responsabilidad fiscal. Pero, con un sector público que se muestra corrupto, ineficiente y crece anualmente sin freno alguno, aquellas barreras de contención pronto serán insuficientes. Las serias deficiencias, por ejemplo, en las proveedoras estatales de agua, electricidad, teléfonos y cemento se incrementan, pese al dinero destinado a las mismas.

 

No solo crece el pasivo laboral con el transcurrir del tiempo, también aumentan las importantes inversiones a realizarse. La depreciación no espera. Las reformas en las economías emergentes como la nuestra son impostergables e inexcusables.

 

Sólo mediante la privatización, la desmonopolización, la calidad del gasto y la apertura a los mercados con menos asfixiantes burocracias, se podrá corregir las deficiencias actuales de un Estado gigante con pies de barro y que nadie, presidente de la República o partido político alguno, se animó a hacerlas. Hablan del costo social de las reformas, cuando que en realidad los políticos defienden sus clientelas y privilegios.

 

El verdadero costo social está en seguir postergando las reformas para así mantener la inoperancia en seguridad, justicia, salud y educación.  Al respecto ¿qué dicen al electorado los presidenciables Mario Abdo y Efraín Alegre, así como los candidatos a senadores y diputados? ¿Mantendrán el endeudamiento sin reformas?