Colombia: terroristas disidentes buscan interrumpir el proceso de paz

Recientemente, una crisis de rehenes en Ecuador finalizó de manera trágica. Dos periodistas de nacionalidad ecuatoriana y su chófer -que estaban siendo mantenidos como rehenes- fueron asesinados por sus captores, el próximo-pasado 12 de abril. El equipo de profesionales había sido despachado hacia la frontera colombo-ecuatoriana, cuando fueron secuestrados por una facción disidente, perteneciente al recientemente desmovilizado grupo terrorista FARC -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

A los efectos de garantizar la liberación de los periodistas, los captores dieron a conocer un listado de exigencias ridículas en Ecuador, incluyendo la liberación de combatientes pertenecientes a FARC, y la promesa de Ecuador de poner fin a toda cooperación antinarcóticos con Colombia. Según se informara, la facción disidente detrás del ataque porta el nombre de Frente Oliver Sinisterra. En respuesta a los homicidios, el presidente de Ecuador prometió ampliar la cooperación con Bogotá en lo que respecta a la seguridad.

Al mismo tiempo, el ex líder negociador de FARC en el proceso de paz fue arrestado en Colombia, bajo cargos de conspirar para contrabandera US$ 320 millones en cocaína hacia los Estados Unidos de América. En rigor, se trató de un alto funcionario del grupo FARC, quien estaba próximo a obtener una banca en el congreso colombiano.

Claramente, la continuidad de las actividades criminales de FARC no constituyen episodios aislados: son síntomas de un problema mayor. Mientras que el grueso de FARC ha procedido a desmovilizarse ya, el elemento disidente continúa involucrado en el delito y en el terrorismo.

En 2016, el gobierno de Colombia y FARC firmaron un acuerdo de paz, a efectos de poner fin al conflicto -que se extendió durante 52 años. Bajo el convenio firmado, FARC acordaría desmovilizarse, abandonar toda actividad vinculada al narcoterrorismo, permitiéndosele perseguir sus objetivos políticos a través del sistema político colombiano. A partir del referido acuerdo, FARC ya no existe en la forma de organización narcoterrorista, sino que se refiere a sí misma como organización política.

Naturalmente, el convenio no está libre de fallos -muchos de los cuales afectan, de manera directa, a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Los fondos ilícitos obtenidos por FARC a consecuencia de incurrir en operaciones de contrabando de estupefacientes -totalizan, en la actualidad, unos US$3.5 mil millones al año- siguen sin ser hallados. Este dinero podría estar siendo empleado por núcleos disidentes para proseguir en la actividad de contrabando de narcóticos, o bien para intentar corromper a funcionarios del gobierno en Bogotá. Colombia es la fuente principal de la cocaína que es embarcada hacia los Estados Unidos. De igual manera, Bogotá es uno de los socios más importantes de Washington en América Latina, y es en extremo importante que la validez y la estabilidad del convenio de paz sean garantizados ciento por ciento.

El gobierno estadounidense ha invertido ya US$10 mil millones en Colombia desde el año 1999; esta nación sudamericana continúa siendo quien más fondos de EE.UU. recibe, en todo el mundo -y esto no debe cambiar. Menos cuando el elemento disidente de FARC, ya fuere recurriendo a actividades criminales o dedicándose a la actividad política, amenaza con comprometer la implementación del proceso de paz.

Existe la probabilidad de que el elemento disidente en FARC incremente sus filas. Aquellos en el seno de FARC que respaldan el proceso de paz, no han tenido mayor éxito en los recientes comicios, habiendo recibido apoyos mínimos en ocasión de su test electoral inicial en marzo pasado. Al parecer, la ciudadanía colombiana no respalda el ideario marxista perpetuado en las acciones y discursos de los candidatos FARC.

Entre los votantes colombianos que depositaron su voto en marzo, los candidatos FARC obtuvieron una cifra inferior al 0.4% del caudal de sufragios para el senado, y menos del 0.3% para sus aspirantes a la Cámara de Diputados. El principal aspirante presidencial por las FARC, Rodrigo Londoño, tampoco cosechó resultados notables. Londoño puso fin a su fórmula presidencial a comienzos de marzo, tras ser informado de que su figura no superaría el 1 por ciento de intención de voto.

A pesar del acuerdo de paz, la conclusión inicial que asoma es que la actividad criminal vinculada a FARC continuará consignando un problema para la América Latina. Los tomadores de decisión habrán de mantener alimentadas sus preocupaciones en torno al peligro personificado en el elemento disidente FARC que, sin dudas, busca torpedear el proceso de paz. Tras 52 años de conflicto, Colombia no puede permitirse un retorno al pasado.


Artículo original, en inglés, en éste link

* Desarrollado con la colaboración de Ryan Carpenter