Paraguay: incertidumbre perniciosa para el contribuyente

Desde hace dos años, numerosos contribuyentes paraguayos -aglutinados en organizaciones empresariales- se exhiben en controversia con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). El motivo está en la deducibilidad de las inversiones por la compra de acciones, de acuerdo a lo establecido para el pago del Impuesto a la Renta Personal (IRP). 

 

Cabe la deducibilidad íntegra de las inversiones porque así se ha venido haciendo con el aval de la misma SET que convalidó dicha práctica con su propio reglamento del año 2012. Sin embargo, en el año 2016, la SET revió su postura sobre la deducibilidad, notificando a más de tres mil contribuyentes y exigiéndoles a que rectifiquen sus declaraciones, de modo a que sólo se podrá deducir hasta el tope del 15 por ciento.  

 

El IRP, como parte del sistema impositivo de Paraguay, y desde su promulgación –según decían sus promotores– tuvo como objetivo la formalización de la economía que la de conseguir una mayor recaudación, motivo que derivó en las numerosas formas de deducciones. Las reglas en el sentido expuesto parecían suficientemente claras, más aún si se considera que buena parte del empresariado nacional apoyó la creación de este impuesto.

 

Sin embargo, cuando todo parecía discurrir sin problemas, hacia finales del año 2016, un Decreto limitó las deducciones que se venían dando, con aplicación desde ese mismo año. Desde ese entonces, el IRP se convirtió en una de los más importantes temas de preocupación de los dirigentes empresariales. Y tenían razón no solo los empresarios, sino también los contadores y contribuyentes en general, debido a que hasta una persona sin el suficientemente conocimiento del tecnicismo impositivo sabe que el IRP finalmente afecta el ahorro.  

 

Y, cuando afecta el ahorro como parte del trabajo de la gente que prefiere, de ese modo, abstenerse de gastar lo que ha ganado, la tan repetitiva frase de que el IRP es el más justo de todos los impuestos, en realidad, es una afirmación carente de sustento y sentido, ni económico, ni político ni moral. Pero, más allá de esta disquisición que merecería más espacio, lo que hoy sucede con el IRP es una muestra más de la ausencia de un Estado incapaz de ejecutar el  más mínimo principio de contra prestación hacia los ciudadanos contribuyentes. 

 

Mientras la evasión impositiva y sólo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene niveles del 50 por ciento en Paraguay, el gobierno por medio de la SET insiste en seguir molestando hasta el hartazgo a los que ya están cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones. 

 

Una de las mejores lecciones de tributación a nivel mundial consiste en que los gobiernos por medio de sus administraciones impositivas deben garantizar un entorno institucional de normas estables, duraderas y ciertas para de ese modo promover la ansiada formalización de la economía así como el aumento de la recaudación.

 

La incertidumbre creada desde la SET hacia los contribuyentes no solo es innecesaria, sino también perjudicial y sumamente injusta para los muy pocos que sostienen con sus aportes el aparato estatal en el Paraguay.