Nicaragua: el régimen de Daniel Ortega busca transitar el sendero de Venezuela. Cómo impedirlo

Desde el próximo-pasado 18 de abril, las protestas más importantes en décadas se tomaron las calles en la pequeña nación centroamericana de Nicaragua. Centenares de miles de manifestantes se apersonaron en las calles y avenidas del país para protestar contra el gobierno autoritario del ex líder comunista revolucionario Daniel Ortega, y contra su vicepresidente y esposa -elegida a dedo-, Rosario Murillo.

Inicialmente, los manifestantes ocuparon las calles para exteriorizar su rechazo contra un impopular programa gubernamental, que tenía por objeto reformular la seguridad social. Pero la brutal represión oficial contra los ciuddanos -muchos de estos últimos, estudiantes universitarios- dio lugar a un tiro por la culata para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) conducido por Ortega.

La policía nicaragüense, en conjunto con matones pro-gobierno, asesinaron ya a docenas de manifestantes. Cientos de personas también fueron heridas -o bien desaparecieron. El gobierno ha optado por censurar a los canales de comunicación independientes, quitándolos del aire. Periodistas y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos informaron que se utilizó munición de plomo contra la ciudadanía, y que las fuerzas armadas han sido desplegadas en ciertas porciones del país.

Ha quedado claro que Ortega exhibe la intención de derribar a la democracia de Nicaragua, transitando el mismo obscuro sendero que Venezuela. Desde 1979, Ortega ha llegado al poder una y otra vez. Legítimamente, obtuvo la victoria en 2006 pero, desde entonces, ha venido manufacturando 'victorias' en cada ciclo comicial. En 2008, Ortega eliminó a dos candidatos del principal partido opositor, y prohibió que observadores internacionales evaluasen la elección. A continuación, modificó la constitución del país, con el objetivo de erradicar todo límite al período presidencial -aún cuando la carta magna nicaragüense tipifica que solo la Asamblea Nacional tiene la postestad para tomar esa decisión.

La elección presidencial de 2011 en Nicaragua asistió a otra 'victoria' para el líder izquierdista, en la que observadores internacionales, nuevamente, informaron 'irregularidades' electorales. Tras manipular los resultados de comicios previos, Ortega redobló la apuesta en 2016, designando a su señora esposa como vicepresidente de la nación, a pesar de la taxativa prohibición que la constitución establecía al respecto. Asimismo, Ortega sancionó la remoción de 27 miembros de la oposición de la Asamblea Nacional, y forzó a la corte suprema -órgano controlado mayormente por su partido de gobierno- descalificar al aspirante opositor más importante.

El informe sobre Prácticas en Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU., enumeró los abusos acometidos por el gobierno de Managua, en su edición 2014:

Los abusos contra los derechos humanos incluyeron también la implementación de políticas oficiales profundamente sesgadas, con la meta de consolidar la supremacía del partido gobernante; arrestos policiales arbitrarios y detención de sospechosos, incluyendo una política de abusos durante la fase de detención; durísimas condiciones en los presidios, con riesgo de vida; discriminación contra minorías étnicas y contra elementos indigenistas, y otras comunidades.

Nicaragua se encuentra hoy en un punto de inflexión. La recurrencia de las protestas ciudadanas prueban que el régimen autócrata de Daniel Ortega es ya insostenible. Los manifestantes y el gobierno han acordado dialogar bajo la mediación de la Iglesia Católica. Ello consigna un esfuerzo para diluír la crisis, pero la reiteración en los actos de violencia gubernamental reducen las probabilidades de una resolución pacífica.

El gobierno de los Estados Unidos de América y sus socios regionales deberán insistir en facilitar ese diálogo. Esta eventualidad proporcionaría las debidas garantías para todas las partes involucradas, persiguiéndose el objetivo de una justicia imparcial. Quienes tomen parte de esa mesa de negociaciones deberán, en igual sentido, apremiar al gobierno nicaragüense para que permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de OEA investigue el homicidio de manifestantes. Estados Unidos y otras naciones del orbe latinoamericano deberán colaborar para hallar una solución responsable para el conflicto de referencia.

Artículo original, en inglés, en éste link