Paraguay: jubilaciones y pensiones; más retrocesos que avances

De acuerdo al Proyecto de ley en ciernes, un Consejo Asesor conformado por los ministros de Hacienda, de Trabajo y por el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y una Superintendencia, designado por el Presidente de la República, tendrán a su cargo la fiscalización y supervisión de las entidades en el sistema nacional de jubilaciones y pensiones.

 

Desde el punto de vista organizativo, a través de los citados órganos se precautelarán la inversión de los fondos, de su liquidez, diversificación y rentabilidad.

 

El Proyecto de Ley, sin embargo, contiene errores y omisiones que finalmente perjudicarán sus intenciones. El denominado sistema nacional de jubilaciones y pensiones, por ejemplo, es de carácter estatista, en el sentido que nuevamente hace ingresar al Estado en la dirección y fiscalización del dinero de los aportantes.

 

En efecto, el Estado en su momento ingresó por la ventana al Instituto de Previsión Social (IPS) y de ese modo ha venido disponiendo de la administración y supervisión de sus fondos, cuando los ingresos de esta institución provienen, en rigor, del sector privado, de trabajadores y empleadores, situación que no ha sido subsanada a la fecha.

 

Pese a esta conocida e infeliz experiencia, el proyecto nuevamente establece que el dinero de los jubilados y pensionados quedará en manos de un Consejo Asesor conformado por dos ministros del Poder Ejecutivo y un miembro del BCP, así como el Superintendente será designado ¡por el propio presidente de la República!

 

En el proyecto de ley, se refiere que jubilaciones y pensiones son parte del interés nacional. Pero ello no significa que dicho interés deba ser dirigido desde y por el Estado. De ahí que todo el régimen jubilatorio no necesariamente deba estar sujeto a las necesidades del desarrollo nacional. Además, cabe preguntarse: ¿quién determina y qué son las necesidades “nacionales”?

 

El financiamiento de los proyectos de inversión es del interés de los aportantes, los dueños del dinero. Además de la anhelada transparencia en el uso de los fondos, también resulta necesaria su rentabilidad o ¿acaso son mejores y más honestos los burócratas y técnicos del gobierno?

 

Por lo demás, y es aquí cuando el proyecto omite una cuestión de fondo, un  sistema nacional de jubilaciones y pensiones además de los  indicadores económicos, también guardan relación con un cambio de paradigma en cuanto a que es hora de tomar en cuenta que la sociedad civil puede y es mucho mejor administrando, controlando y supervisando que el propio Estado, como en efecto puede constatarse en el IPS.

 

Tal como lo establece el proyecto de ley, el Consejo Asesor y la Superintendencia de jubilaciones y pensiones, está conformada por personas demasiado dependientes del gobierno de turno, situación que la experiencia enseña como contraria a la transparencia, la seguridad y la eficiencia en la fiscalización del dinero de los aportantes.