Investigación DEA: segundo legislador hondureño acusado por narcotráfico y delitos relacionados con armas
La agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) y la Oficina del Fiscal de Manhattan anunciaron...
19 de Julio de 2018
Ciudad de Nueva York. La agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) y la Oficina del Fiscal de Manhattan anunciaron a comienzos de esta semana que se presentaron cargos en una corte federal neoyorquina contra el congresista hondureño Midence Oqueli Martínez Turcios y, en una acusación separada, contra Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto, y Miguel Angel Urbina Soto. Los cargos en cada caso involucran: conspiración para importar cocaína hacia los Estados Unidos, y una serie de delitos relacionados con armas, involucrando el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos de destrucción. Estados Unidos se propone conseguir la extradición de los imputados, desde Honduras.
'DEA y nuestros colegas continúan exponiendo la corrupción vinculada a las drogas, en todo el mundo; la misma fogonea la violencia, al tiempo que pone en jaque al Estado de derecho', declaró el Agente Especial a Cargo, Raymond P. Donovan, de la División de Operaciones Especiales. 'Estos funcionarios electivos de Honduras y sus socios, supuestamente han conspirado con el Cártel de Sinaloa, e invadieron a un número de comunidades estadounidenses con enormes cantidades de veneno mortal. DEA busca consolidar la extradición de estos individuos, a los efectos de que hagan frente a la justicia estadounidense y respondan por sus numerosos delitos'.
El Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, Geoffrey S. Berman, afirmó: 'Tal como se ha informado, los imputados involucran a un congresista hondureño y a un ex alcalde de ese país. Todos han sido acusados por conspirar para importar cocaína hacia Estados Unidos, y conspirar para emplear y portar ametralladoras y dispositivos para destrucción, todo ello a criterio de respaldar su operación de importar cocaína. Los imputados están conectados políticamente en Honduras, y se ha informado que trabajan en conjunto con violentos cárteles de la droga, lo cual es una receta para provocar daño aquí, en los EE.UU. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con DEA para llevar a los autores de estas conductas a la justicia'.
Surge de las acusaciones, cuyo contenido fue dado a conocer tras abrirse el sello en la corte federal:
Desde al menos 2004, y hasta 2014, múltiples organizaciones del tráfico de droga en Honduras y otros sitios trabajaron mancomunadamente, y con apoyo de Martínez Turcios, los imputados Urbina Soto, y terceros, para recibir numerosas cargas de varios centenares de kilos de cocaína enviados a Honduras utilizando vías aéreas y marítimas desde, entre otras geografías, Venezuela y Colombia. Los embarques de cocaína eran transportados en el seno de Honduras hacia la frontera con Guatemala y, eventualmente, importada en los Estados Unidos -en general, en coordinación con altos miembros del Cártel de Sinaloa mexicano.
Martínez Turcios es un legislador -diputado, en idioma español- del Congreso Nacional de Honduras. Martínez Turcios es ya el segundo congresista hondureño en ser acusado en conexión con la investigación que DEA lleva adelante sobre individuos políticamente conectados y asociados al narcotráfico en Honduras. En enero de 2018, el congresista hondureño Fredy Renán Najera Montoya también fue acusado de conspirar para importar cocaína en los Estados Unidos, y por delitos relacionados con armas. Revísese el caso Estados Unidos de América versus Najera Montoya, S1 15 Cr. 378 (PGG).
Martínez Turcios fue miembro de la violenta organización hondureña vinculada al tráfico de estupefacientes, conocida como los Cachiros. Entre 2004 y hasta 2014, Martínez Turcios recibió un total superior al millón de dólares estadounidenses en sobornos y otros pagos de parte del liderato de los Cachiros; el imputado utilizó ese dinero para, entre otras cosas, enriquecerse y financiar su campaña y operaciones políticas. Martínez Turcios ayudó a ofrecer legitimidad a los líderes de los Cachiros, explotando su propia posición política y de autoridad nacional y, en ocasiones, actuando como titular parcial o nominal de algunas de las firmas privadas desde las que el clan delictivo lavaba dinero ilícito, Ganaderos Agricultores del Norte, S. de R.L. de C.V. Asimismo, Martínez Turcios proporcionó respaldo directo para las más violentas actividades de tráfico ejercitadas por los Cachiros. Por ejemplo, en persona, Martínez Turcios escoltó embarques de cocaína de la referida organización, mientras eran transportados a lo largo de Honduras; se ocupó de administrar las operaciones de equipos de seguridad bien pertrechados y cuya responsabilidad era proteger los embarques de drogas; participó en entrenamiento con armamento que proporcionó a asesinos de los Cachiros, reclutados desde la pandilla armada conocida como Mara Salvatrucha (MS-13, en la denominación estadounidense); y ayudó a planificar actos de violencia -en los cuales también participó- perpetrados por miembros y secuaces de los Cachiros.
Conforme fuera explicitado en una acusación separada, entre 2005 y 2014, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto, y Miguel Angel Urbina Soto operaron una organización dedicada al tráfico de estupefacientes con base en Yoro, Honduras, en donde Arnaldo Urbina Soto ofició de alcalde entre 2009 y 2014. Los imputados Urbina Soto capitalizaron su poder en el Departamento del Yoro y, actuando conjuntamente con otros sindicatos criminales de Honduras, como ser los Cachiros y el grupo con base en Copán, liderado por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, a los efectos de recibir aeronaves cargadas con cocaína en numerosas locaciones de Honduras, incluyendo pistas de aterrizajes clandestinas situadas en áreas remotas, así como también en rutas de acceso público en la periferia de Yoro. Los imputados Urbina Soto coordinaron -tomando parte in situ- a equipos de seguridad fuertemente armados que supervisaban la descarga de las aeronaves y el transporte de su carga ilícita, todo ello en conexión para importar cantidades masivas de cocaína en los Estados Unidos.
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'DEA y nuestros colegas continúan exponiendo la corrupción vinculada a las drogas, en todo el mundo; la misma fogonea la violencia, al tiempo que pone en jaque al Estado de derecho', declaró el Agente Especial a Cargo, Raymond P. Donovan, de la División de Operaciones Especiales. 'Estos funcionarios electivos de Honduras y sus socios, supuestamente han conspirado con el Cártel de Sinaloa, e invadieron a un número de comunidades estadounidenses con enormes cantidades de veneno mortal. DEA busca consolidar la extradición de estos individuos, a los efectos de que hagan frente a la justicia estadounidense y respondan por sus numerosos delitos'.
El Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, Geoffrey S. Berman, afirmó: 'Tal como se ha informado, los imputados involucran a un congresista hondureño y a un ex alcalde de ese país. Todos han sido acusados por conspirar para importar cocaína hacia Estados Unidos, y conspirar para emplear y portar ametralladoras y dispositivos para destrucción, todo ello a criterio de respaldar su operación de importar cocaína. Los imputados están conectados políticamente en Honduras, y se ha informado que trabajan en conjunto con violentos cárteles de la droga, lo cual es una receta para provocar daño aquí, en los EE.UU. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con DEA para llevar a los autores de estas conductas a la justicia'.Surge de las acusaciones, cuyo contenido fue dado a conocer tras abrirse el sello en la corte federal:
Desde al menos 2004, y hasta 2014, múltiples organizaciones del tráfico de droga en Honduras y otros sitios trabajaron mancomunadamente, y con apoyo de Martínez Turcios, los imputados Urbina Soto, y terceros, para recibir numerosas cargas de varios centenares de kilos de cocaína enviados a Honduras utilizando vías aéreas y marítimas desde, entre otras geografías, Venezuela y Colombia. Los embarques de cocaína eran transportados en el seno de Honduras hacia la frontera con Guatemala y, eventualmente, importada en los Estados Unidos -en general, en coordinación con altos miembros del Cártel de Sinaloa mexicano.
Martínez Turcios es un legislador -diputado, en idioma español- del Congreso Nacional de Honduras. Martínez Turcios es ya el segundo congresista hondureño en ser acusado en conexión con la investigación que DEA lleva adelante sobre individuos políticamente conectados y asociados al narcotráfico en Honduras. En enero de 2018, el congresista hondureño Fredy Renán Najera Montoya también fue acusado de conspirar para importar cocaína en los Estados Unidos, y por delitos relacionados con armas. Revísese el caso Estados Unidos de América versus Najera Montoya, S1 15 Cr. 378 (PGG).
Martínez Turcios fue miembro de la violenta organización hondureña vinculada al tráfico de estupefacientes, conocida como los Cachiros. Entre 2004 y hasta 2014, Martínez Turcios recibió un total superior al millón de dólares estadounidenses en sobornos y otros pagos de parte del liderato de los Cachiros; el imputado utilizó ese dinero para, entre otras cosas, enriquecerse y financiar su campaña y operaciones políticas. Martínez Turcios ayudó a ofrecer legitimidad a los líderes de los Cachiros, explotando su propia posición política y de autoridad nacional y, en ocasiones, actuando como titular parcial o nominal de algunas de las firmas privadas desde las que el clan delictivo lavaba dinero ilícito, Ganaderos Agricultores del Norte, S. de R.L. de C.V. Asimismo, Martínez Turcios proporcionó respaldo directo para las más violentas actividades de tráfico ejercitadas por los Cachiros. Por ejemplo, en persona, Martínez Turcios escoltó embarques de cocaína de la referida organización, mientras eran transportados a lo largo de Honduras; se ocupó de administrar las operaciones de equipos de seguridad bien pertrechados y cuya responsabilidad era proteger los embarques de drogas; participó en entrenamiento con armamento que proporcionó a asesinos de los Cachiros, reclutados desde la pandilla armada conocida como Mara Salvatrucha (MS-13, en la denominación estadounidense); y ayudó a planificar actos de violencia -en los cuales también participó- perpetrados por miembros y secuaces de los Cachiros.
Conforme fuera explicitado en una acusación separada, entre 2005 y 2014, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto, y Miguel Angel Urbina Soto operaron una organización dedicada al tráfico de estupefacientes con base en Yoro, Honduras, en donde Arnaldo Urbina Soto ofició de alcalde entre 2009 y 2014. Los imputados Urbina Soto capitalizaron su poder en el Departamento del Yoro y, actuando conjuntamente con otros sindicatos criminales de Honduras, como ser los Cachiros y el grupo con base en Copán, liderado por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, a los efectos de recibir aeronaves cargadas con cocaína en numerosas locaciones de Honduras, incluyendo pistas de aterrizajes clandestinas situadas en áreas remotas, así como también en rutas de acceso público en la periferia de Yoro. Los imputados Urbina Soto coordinaron -tomando parte in situ- a equipos de seguridad fuertemente armados que supervisaban la descarga de las aeronaves y el transporte de su carga ilícita, todo ello en conexión para importar cantidades masivas de cocaína en los Estados Unidos.
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La totalidad de los imputados, de ser efectivamente condenados y extraditados, deberán hacer frente a delitos de conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con el empleo y portación de armas a la luz de la conspiración de que tomaron parte. En todos los casos, y por cada uno de los cargos -conspiración y empleo de armas prohibidas separadamente-, harán frente a condenas mínimas de 20 años de prisión y una máxima de prisión perpetua. Las penas para tales delitos, en conformidad con el código penal estadounidense, computarán en forma de sumatoria.